En el PP dicen estar “tranquilos”, pero las cosas vuelven a estar como en septiembre. Génova pasa la pelota al Gobierno, mientras Vox acciona la palanca del “chantaje” para provocar a los populares y que se levanten de la mesa de negociación. En conversaciones informales con los periodistas, Alberto Núñez Feijóo y Miguel Tellado trasladaban que “nadie” les presiona ni “condiciona” en la toma de decisiones. De hecho, creen que es Sánchez el que debe de mover ficha en esta dirección, en lugar de “culpar a las Comunidades Autónomas”. “Así es fácil gobernar”, reprochaban, mientras insistían en que todo sigue en la casilla de salida y nadie ha hecho un movimiento en falso.
Los conservadores entienden que la reacción de Vox no es más que una sobreactuación enmarcada en la lucha política por el relato; intentar capitalizar el debate público y sacar rédito de ello a costa del PP. Al menos así se desprende de las sensaciones que dejan en privado barones y otros pesos pesados del partido. Insisten en que están “tranquilos” a pesar de la presión que sus socios han arrojado sobre ellos e, incluso, algunos líderes territoriales con Presupuestos en el limbo, están convencidos de su capacidad de maniobra para sacar adelante unas “buenas” cuentas públicas.
En cualquier caso, el PP reorienta -o al menos lo intenta- toda la presión que le viene de su derecha hacia el Gobierno. Tanto ante los focos como fuera de ellos, Feijóo ha tratado de desarticular la política migratoria del Ejecutivo, asegurando que directamente no existe. “Es su total ausencia”, se quejaba el líder de la oposición, cuestionando que los planteamientos de Moncloa se centren exclusivamente en “echar la culpa” a las comunidades autónomas cada vez que “hay un problema”. “Así es muy fácil ser presidente del Gobierno”, remarcaba.
La visión de Feijóo dibuja a un Sánchez que utiliza a los menores migrantes no acompañados y a Canarias como rehenes para imponer su agenda. Por ello, insisten en que su posición no ha cambiado. No se moverán del ‘no’ a la Ley de Extranjería si el Ejecutivo no acepta el texto que el líder de la oposición pactó con el Gobierno insular y que contempla el compromiso de que sea la Administración central la que sufrague la acogida cuando los menores superen el 100% de las plazas y se ponga al frente de la gestión cuando los centros rebasen el 150% de su capacidad.
Cataluña y Euskadi
Sobre ello han redundado en el Día de la Constitución otras voces populares, aunque convergen en la idea de Feijóo de que es Moncloa la que intenta sacar rédito de la situación “utilizando Canarias para arremeter con el PP”. Por ello, la posición del partido es idéntica a la de septiembre, máxime cuando denuncian que ni siquiera “han pasado ningún papel”.
A tenor de ello, se preguntan para qué servirían nuevos encuentros con el Gobierno si la propuesta de partida es un reparto discrecional de los menores”; afeando al mismo tiempo la ausencia de la ministra de Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, en la negociación. Aun así, instan a que Moncloa se mueva y convoque a la sectorial para conocer las sensibilidades de otras autonomías”.
Esta situación de bloqueo, sin embargo, levanta algunas sospechas en ciertos sectores conservadores. Otros miembros de la dirección nacional del partido han denunciado mientras las conversaciones entre los dos grandes partidos siguen encalladas, que el Ejecutivo estimula negociaciones paralelas con Junts y el Partido Nacionalista Vasco (PNV) para traspasar las políticas de migración a la Generalitat y a la lehendakaritza. En este sentido, creen que, tanto Cataluña, como Euskadi, podrían quedarse fuera del reparto de menores migrantes, haciendo inviable el acuerdo a ojos del Partido Popular.
Voluntad de acuerdo
Sin embargo, el escenario cambia radicalmente cuando se consulta a resortes de Moncloa. Tanto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como Ángel Víctor Torres, han mostrado su predisposición a cerrar un acuerdo con el principal partido de la oposición, aunque han apelado a la responsabilidad de estado de la formación.
En conversación informal con los periodistas, subrayaban que el Ejecutivo agotará esta vía para desencallar la situación, mientras recuerdan que tanto Canarias como Ceuta y Melilla, que son los territorios más tensionados por la llegada de menores migrantes, están gobernados por el PP -las islas junto a Coalición Canaria-.
El ministro de Política Territorial se ha explayado más sobre esta cuestión, censurando la postura monolítica del PP sobre el reparto y resaltando que lo que los conservadores han puesto sobre la mesa de negociación no es una propuesta, sino “un manifiesto”.
Vía Junts
Otras voces de peso de Moncloa han confirmado que las conversaciones con Junts para el traspaso de competencias migratorias siguen abiertas. Las líneas siguen activas, aunque focalizan su acción en la consecución de un pacto y no tanto en los tiempos para obtenerlo. “Estamos en eso, sin ahorrar tiempo”, advierten estas mismas fuentes, que al tiempo manifestaban su deseo de que estas conversaciones “no se eternicen”.
No obstante, han evitado aventurarse en las competencias concretas que traspasarían a la Generalitat, hoy en manos del socialista Salvador Illa. Insisten, en cambio, en que el acuerdo que se cierre con los neoconvergentes se incrustará en los márgenes del ordenamiento jurídico español y europeo.
Desde el Govern, por su parte, recuerdan que la negociación la lidera el Gobierno central directamente con Junts, aunque sí han verbalizado que toda nueva competencia que sume la Generalitat de manos del Gobierno será bienvenida. Con todo ello sobre la mesa, el Ejecutivo de Illa subraya que “acoger al diferente enriquece la identidad”.
