«Conozco a muchas familias con ingresos muy pequeños que, por necesidades de la vida, se han visto obligadas a dar, quizá, incluso la mitad de esa renta para pagar una vivienda en alquiler». Esta frase podría estar sacada de cualquier conversación de los últimos meses, salvo por dos cosas. La primera es que los últimos datos señalan que los jóvenes hace tiempo que destinan más del 50% de su sueldo al alquiler, la cifra ronda ya el 60%. La segunda, que estas palabras las dijo Baldomero Lozano Pérez, exdiputado socialista, en 1978, durante el debate de la Constitución. Entonces, España vivía también una crisis inmobiliaria, pero el artículo 47 de la Carta Magna, el que recoge el derecho a la vivienda, se despachó en unos pocos minutos. Se llegó a poner sobre la mesa la socialización del suelo para garantizarlo y, también, lo contrario, su supresión.
Las 67 sesiones que se celebraron en el Congreso y el Senado -entre comisiones y plenos- quedaron registradas en el diario de sesiones, generando más de 3.830 páginas y dejando un valioso testimonio de los debates que surgieron para redactar la Constitución. En todas esas hojas, la palabra vivienda solo aparece mencionada 55 veces y toda la discusión sobre el derecho «a disfrutar de una vivienda digna y adecuada» no ocupa más de tres folios. Sin embargo, está claro que, como ahora, era una preocupación acuciante.
«La vivienda ha sido la víctima de la especulación desenfrenada, y el día que se haga la historia económica de los últimos 40 años aparecerá cómo las fuentes de los inmensos patrimonios han estado en la especulación del suelo y de la vivienda», aseveró el también socialista Esteban Granado Bombín durante uno de los debates. A renglón seguido, señaló que «el rico tiene un tratamiento bastante correcto», pero que cualquier pareja joven que alquile un piso «está pagando de su renta real el 30%, el 40% y hasta el 50%«.
Hasta la Unión de Centro Democrático (UCD) reconocía el problema. «Son muy conocidas las graves deficiencias que presenta la actual situación en orden a satisfacer las necesidades de vivienda, especialmente para las capas sociales de menos renta», admitió el diputado Perfecto Yebra, aunque luego se verá cómo quisieron solventar la cuestión.
Alianza Popular, la UCD y Tamames
El artículo 47 de la Constitución apenas varió respecto de la redacción original, aunque sí se incluyó alguna palabra trascendente, mientras muchas otras se quedaron fuera. En un inicio se recogía el «derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada» y se estableció que «los poderes públicos promoverán las condiciones para hacer efectivo este derecho y regularán la utilización del suelo de acuerdo con el interés general». A este texto se acabó añadiendo que la intención de las políticas públicas era «impedir la especulación«. También se incluyó que «la comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos».
Sin embargo, hubo propuestas más ambiciosas que se quedaron por el camino. Los diputados del Partido Socialista Popular de Enrique Tierno Galván, Manuel Sánchez y Raul Morodo, registraron una enmienda para establecer que el derecho a la vivienda debía garantizarse “mediante la socialización del suelo”. El senador Lluís Maria Xirinacs, relevante antifranquista, también planteó que «la falta de vivienda de precio asequible» solo se solventaría «con la adopción de medidas socializantes a nivel municipal o a niveles más amplios».
También hubo quien propuso lo contrario. Alianza Popular, el partido antecesor del PP, quiso suprimir el apartado que implicaba a los poderes públicos en la defensa de este derecho porque era «una simple declaración de intenciones» y UCD planteó en un inicio que ni siquiera se reconociera el derecho a la vivienda. Hasta el propio Ramón Tamames, el mismo que abanderó la moción de censura de Vox contra Pedro Sánchez, registró una enmienda. Entonces estaba en el Partido Comunista Español y hablaba de “poner coto constitucionalmente” a la especulación de viviendas.
Un texto insuficiente
Al final, el texto salió de un acuerdo entre todos los grupos alcanzado a puerta cerrada y la cuestión fue solventada de un plumazo. Apenas se le dedicó 10 minutos de las cientos de horas de debate y toda la discusión entra en tres hojas. De los cuatro días en los que se debatió este artículo -en la comisión y el pleno del Congreso y en la comisión y el pleno del Senado- la palabra vivienda solo se empleó en uno. A modo de protesta, el diputado del Partido Aragonés Regionalista y expresidente de Aragón, Hipólito Gómez, enumeró los 14 artículos que se habían tratado en apenas cuatro horas. Entre ellos, los referentes a la educación, el matrimonio, la salud pública, el derecho de sindicación y, cómo no, la vivienda.
El resultado final, aunque fue fruto del entendimiento, resultó insuficiente para algunos. En el último debate en el Senado, Xirinacs avisó de que no se atacaba «de raíz la especulación del suelo edificable para resolver el problema de la falta de viviendas». A la misma hora, en el Congreso, el líder del PCE, Santiago Carrillo, advirtió de que había problemas de vivienda, de sanidad y de educación: «Si no nos esforzamos sería y responsablemente en resolver esos problemas, esta Constitución democrática que acabamos de aprobar puede deshacérsenos en las manos». 46 años después sus palabras siguen vigentes.
