Hay una polémica muy seria en Palma sobre la intención del Ayuntamiento de multar a las personas que usan las caravanas como residencia habitual, cosa que está prohibida en la ciudad. El alcalde Jaime Martínez del PP es arquitecto, así que ha dicho algo tan simple como que para vivir están las casas. No hace falta haber estudiado urbanismo y construcción para llegar a la conclusión de que lo mejor para el ser humano es tener un techo sólido sobre la cabeza, un suelo bajo los pies, cuatro paredes, agua corriente; por algo la vivienda se considera un derecho aparte, digno de recogerse en la Constitución. Sin embargo, hay muchas personas (cada vez más) que no pueden pagarse un hogar convencional y se buscan uno con ruedas. Para estos ciudadanos de segunda rige el Código de Circulación como una Carta Magna que consagra el principio de ‘sálvese quien pueda’. No creo que ni uno solo de ellos se quedase en la roulotte en lugar de en un buen piso si le dieran a elegir, pero no tienen elección y no está bien atropellar por segunda vez a quienes primero has enviado a la cuneta. No son los caravanistas quienes han recalentado el mercado inmobiliario de tal manera que trabajadores con sueldos básicos no pueden pagar un alquiler. Ojalá los extranjeros ricos que compran casas en Mallorca por dinerales obscenos para habitarlas veinte días al año se mercaran un remolque y se dedicaran a conocer mundo, dejando los domicilios anclados al suelo para los residentes expulsados del parque temático.
Pero yo estoy con el alcalde Martínez contra la política de “tú baja el listón, que los pobres se apañan en cualquier cuchitril”. Los partidos progresistas que han gobernado dos legislaturas con una gestión en materia de vivienda pública cercana al cero absoluto se echan las manos a la cabeza y defienden que más vale una caravana que nada. La nada es su legado. Los mismos que dejaron doscientos barracones como aulas para los niños de la escuela pública y vieron gentrificarse los centros de la capital y los pueblos sin mover un dedo. Los que permitieron la extensión del alquiler vacacional, la lacra social número uno, el negocio de unos pocos que ha arruinado la vida de miles de familias y la independencia de los jóvenes. Ahora defienden consentir que estos ciudadanos se apiñen en descampados sin infraestructuras en sus casas móviles. Les acompaña Vox en su preocupación por la población rodante, la ultraderecha compasiva ha pedido que se habilite un espacio con servicios para ellos. Han inventado los parques de caravanas horrorosos que salen en las películas americanas para la isla sin campings, no nos vayamos a quedar cortos de mano de obra por no dar soluciones imaginativas. Cuando los usureros emprendedores vean el filón y empiecen a cobrar la mensualidad en caravana a doblón propondrán que se permitan las chabolas debajo del puente, pernoctar en las cuevas, encima de los árboles y en los coches. De los autores de minipisos para los menesterosos y casitas en contenedores reconvertidos llegan las caravanas como morada fetén. Que me digan el nombre de una sola concejala, consejero, director general, jefe de gabinete, asesor, secretario general técnico o diputado que resida permanentemente en una caravana, vaciando su cubo de aguas sucias donde pilla por las mañanas antes de irse al trabajo, y aceptaré que vale, que es una manera de vivir tan digna como cualquier otra.
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