El 4 de diciembre de 2024 marca la fecha límite para que las aseguradoras presenten sus propuestas económicas para la cobertura sanitaria de los funcionarios públicos a través de Muface. Esta consulta preliminar, lanzada por el Gobierno, tiene como objetivo salvar el modelo actual y evitar una crisis en el sistema de asistencia sanitaria que afecta a más de 1,08 millones de empleados públicos. De las cifras aportadas por las compañías aseguradoras, el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública redactará la nueva licitación, que debería estar lista antes del 1 de enero de 2025.
En octubre, el Consejo de Ministros aprobó una oferta que preveía un aumento del 17,12% de las primas para el nuevo contrato de Muface, con una duración de dos años. Sin embargo, las principales aseguradoras – Adeslas, Asisa y DKV – rechazaron esta propuesta, considerándola insuficiente y dejando desierta la primera licitación. Este rechazo ha dejado a más de un millón de funcionarios públicos sin una solución clara para su cobertura sanitaria a partir del próximo año.
El modelo de Muface, que permite a los funcionarios optar por una cobertura sanitaria privada en lugar de depender del Sistema Nacional de Salud (INSS), se encuentra ahora en una encrucijada. Tres escenarios principales están sobre la mesa: su supervivencia, su desaparición o la activación de una prórroga temporal.
Fachada de un edificio de Muface, en Avenida de Pablo Iglesias, a 11 de octubre de 2024, en Madrid
Para que Muface siga funcionando, el Gobierno necesita llegar a un acuerdo con las aseguradoras que garantice la continuidad de los servicios. Si las compañías aceptan el precio final propuesto tras la consulta, se podría formalizar un nuevo contrato. No obstante, este acuerdo deberá superar la barrera de las diferencias económicas entre las propuestas del Gobierno y las exigencias de las aseguradoras, que piden incrementos de hasta el 40% para asegurar la viabilidad económica del modelo.
los escenarios posibles
El 70,26% de los funcionarios, que actualmente eligen Adeslas, Asisa o DKV, estarán pendientes de esta decisión. Sin embargo, la situación es delicada, ya que si las aseguradoras no están de acuerdo con los términos de la nueva licitación, podrían optar por no firmar el nuevo contrato, poniendo en riesgo la estabilidad del modelo.
El fracaso en la licitación podría derivar en la desaparición de Muface tal y como lo conocemos. El Gobierno ha subrayado que la atención a los mutualistas está garantizada hasta que se resuelva la situación, pero la legislación vigente sugiere que, de no lograrse un acuerdo a tiempo, los funcionarios podrían perder su cobertura sanitaria privada en febrero de 2025.
Esto se debe a que, según la Ley de Contratos del Sector Público, la prórroga automática de los contratos solo se activaría si la nueva licitación se aprueba al menos tres meses antes de que termine el contrato vigente, lo que no ocurrió en este caso. El retraso en la licitación, aprobada finalmente el 8 de octubre, ha provocado que los plazos no se cumplan, lo que pone en riesgo la continuidad del sistema.
Oficinas de MUFACE en Zaragoza
El Gobierno ha hablado de la posibilidad de activar una prórroga de los contratos, lo que permitiría continuar con los servicios sanitarios durante nueve meses después de la expiración del concierto actual, hasta que se resuelva la nueva licitación.
Muface y los funcionarios
Sin embargo, esta opción podría desatar una batalla legal. La Ley de Contratos del Sector Público contempla que las aseguradoras podrían recurrir a los tribunales si consideran que la prórroga no es válida, lo que podría derivar en un conflicto judicial con consecuencias imprevisibles.
Si se opta por la prórroga, la Administración podría enfrentarse a una serie de reclamaciones legales por parte de las aseguradoras, que ya han expresado su desacuerdo con la situación. En sus comunicados, empresas como DKV y Asisa han dejado claro que las condiciones económicas propuestas no son suficientes para mantener la calidad asistencial, lo que podría llevar a una resolución judicial del conflicto.
