Las razones por las cuales los fiscales Alejandro Luzón Cánovas & Luis Pastor Motta, el primero en su condición de fiscal jefe de la Fiscalía Especial Contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada y el segundo adscrito por el propio Luzón al caso Koldo y al caso Hidrocarburos, apoyaron decididamente la petición del abogado defensor de Víctor de Aldama Delgado, investigado en ambas causas, para que saliera de la prisión de Alcalá Meco (Madrid), va camino de convertirse en una de las actuaciones más vergonzosas de la Fiscalía desde que el exministro del Interior Jorge Fernández Diaz dijera en el 2014 aquello de «esto la Fiscalía te lo afina». Además de lo sorprendente e insólito que es solicitar a un juez la libertad en una causa ajena a su juzgado que instruye otra distinta y que fue la que le llevó a prisión a Aldama, no es menos relevante el hecho de que Luzón y su subordinado Pastor no informaran a su superior jerárquico, el Fiscal General del Estado, de que estaban en negociaciones con José Antonio Choclán, ex magistrado de la Audiencia Nacional y abogado de Aldama. Sobre este letrado nadie discute que varios de sus clientes han sido cargos públicos vinculados al PP: Cristina Cifuentes, expresidenta de la Comunidad de Madrid o Pedro Antonio Sánchez, expresidente de Murcia y comisionistas de reconocido prestigio, también vinculados con Génova 13 y sus aledaños: Francisco Correa (Caso Gürtel) o David Marjaliza (Caso Púnica). Pero sobre todo y ante todo es un «marrullero» profesional de alto standing. A esta situación hay que añadir un hecho cierto y comprobable que deja en muy mal lugar a los fiscales y en buena medida al juez Pedraz. Nos referimos al auto de la Sala de lo Penal de la Sección 3ª del 15 de noviembre 2024. Es decir, una semana antes de que Aldama saliera de prisión desestimó con todo tipo de argumentos el recurso de apelación que Choclán había presentado ante esa Sala para que su cliente abandonara la prisión. Según estos tres magistrados, Guevara Marcos, Vieira Morante y Gutiérrez Gómez, la gravedad de delito y la pena que se le pudiera imponer justifica la prisión dado que los imputados podrían eludir la acción de la Justicia mediante su fuga recordando que una parte importante de lo defraudado (casi 74 millones de euros) se podría haber transferido a cuentas en el extranjero concluyendo que concurren dos de los fines (riesgo de fuga y posibilidad de destrucción de pruebas) que la ley contempla para legitimar la prisión provisional. Pero, sin duda, el trasfondo de este escándalo tiene su origen en la declaración de Aldama ante el juez Ismael Moreno, ante el titular del Juzgado de Instrucción nº 2 de la Audiencia Nacional que instruye desde septiembre 2023 el Caso Koldo. Y es que la doble condición del Fiscal Pastor adscrito a las dos causas que instruyen Pedraz y Moreno es un factor determinante para desencadenar el acuerdo entre Luzón y Choclán. Si se revisa esa…

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