La declaración testifical de la directora de recursos humanos del Instituto de Empresa (IE), la persona que contrató a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, fue tergiversada por el juez Juan Carlos Peinado. El pasado 18 de noviembre de 2024, el titular del juzgado de instrucción número 41 de Madrid interrumpió la declaración testifical de Juan José Güemes, vicepresidente económico del Instituto de Empresa, y decidió cambiar su condición de testigo a investigado (o imputado) precisamente porque contradecía lo que supuestamente había declarado con anterioridad la citada directora, Sonsoles Blanca Gil de Antuñano.
El magistrado le ha citado a Güemes en su nueva condición, con abogado, para prestar declaración el 18 de diciembre en el caso de la contratación de Begoña Gómez, esposa del presidente de Gobierno, para el IE África Center (institución creada para promover la innovación, el liderazgo ejecutivo, el emprendimiento y el desarrollo de proyectos de acción social en el continente africano que cuenta con delegaciones en Lagos y Johannesburgo, y tiene acuerdos internacionales con instituciones como las universidades de Cape Town, Pretoria, Ashesi, Université International de Rabat o American University en El Cairo).
Güemes confirmó lo que había declarado su subordinada, la directora de recursos humanos del IE, el 16 de octubre de 2024. A saber: la contratación de Begoña Gómez en 2018 se realizó por instrucciones de Güemes. Su condición de vicepresidente económico le confiere la responsabilidad en las contrataciones.
El juez estaba interesado en confirmar lo siguiente: ¿Decidió el IE contratar a Begoña Gómez por ser esposa del presidente del Gobierno? Porque según el juez fue eso lo que declararó Gil de Antuñano. Peinado le preguntó a Güemes, si conocía la declaración de su subordinada.
Güemes intentó explicar que en su calidad de testigo no le daban traslado de las declaraciones en la causa. Y negó la mayor: «No se contrató a la señora Gómez por ser la esposa del presidente del Gobierno».
Abundó el testigo en algunos detalles: los contactos habían empezado en 2017. He aquí el resumen que ha aportado el juzgado:
«A preguntas de su Señoría, que no ha intercambiado impresiones con la Sra. Matellano [se refiere a Sonsoles Blanca Gil de Antuñano]
Que tiene conocimiento de que se realizó un contrato laboral con Begoña Gómez.
Que conoce a Begoña Gómez y sus credenciales académicas, que acreditó con su curriculum, tener experiencia para su trabajo, que no conservan el currículum. Que la fecha del contrato es 1-8-18. Que no contrató a la señora Gómez por ser la esposa del presidente del Gobierno. Que la relación con Begoña Gómez se inicia antes de que su esposo fuera presidente del Gobierno.
Que conocieron a Begoña Gómez en 2017, les habló de su experiencia laboral en márketing, que se reunió dos o tres veces con ella en 2017, y se cruzó con la puesta en marcha…
Que el currículum es público, está en Linkedin.
Por su SS se suspende la declaración para que se reciba declaración al compareciente en calidad de investigado, con asistencia letrada.
Con lo que se da por terminado el acto que ha sido grabado en soporte de video íntegramente. Firmado Letrado de la Administración de Justicia».
El juez Peinado, según abogados consultados por este diario, reaccionó irritado y decidió que se interrumpía la declaración, habló de un posible careo entre Güemes y Gil de Antuñano y más tarde citó en calidad de imputado a Güemes el próximo 18 de diciembre.
Las razones de la imputación: desconocidas. La Fiscalía de Madrid ha recurrido dicha imputación.
Tanto las defensas de Güemes como de Begoña Gómez solicitaron por escrito inmediatamente, ese mismo 18 de noviembre, al juzgado 41 de Madrid la declaración de Sonsoles Gil de Antuñano.
Después de la declaración de Güermes, el pasado 18 de noviembre, prestó testifical Adriana Ángel, directora de Talent Management, del IE, jefa directa de Sonsoles Gil de Antuñano, en línea con lo que había declarado Güemes.
El juzgado 41 no ha dado traslado de la declaración en video de Sonsoles Blanca Gil de Antuñano y ha comunicado que para obtener los videos se debe hacer una petición por escrito justificando las razones. Aunque el 18 de noviembre ya lo habían hecho, ahora han repetido la solicitud.
Pero la transcripción de la declaración, en el tomo VIII de la causa desmiente la afirmación del juez Peinado, según ha podido comprobar EL PERIÓDICO. La declaración se encuentra en los folios número 3.403, 3404 y 3.405 de las actuaciones.
En su explicación, Gil de Antunano, que fue la firmante del contrato por el Instituto de Empresa, señala que la “cláusula establecida fue una cláusula protectora para el IE a efecto de protección de delitos, que vino motivada porque Begoña Gómez era la mujer del presidente del Gobierno”.
Se trataba de la quinta cláusula del contrato que entró en vigencia el 1 de agosto de 2018.
“Quinta. Cláusula de confidencialidad y evitación de conflictos de intereses.
[…] Asimismo, el empleado se compromete a no utilizar de manera irregular o ilícita los contactos que pueda haber generado o que genere en el futuro como consecuencia de sus relaciones familiares para conseguir acuerdos o tomas de decisiones que puedan generar un beneficio económico para la Empresa. Para evitar cualquier género de duda, las Partes manifiestan que entre las posibles entidades (empresas, instituciones académicas, organismos, etc.) con las que el Centro puede colaborar están excluidas las Administraciones Públicas en España y aquellas entidades participadas directa o indirectamente por alguna Administración Pública española. Además, el Empleado manifiesta que si bien algunos de sus familiares cercanos en la actualidad ostentan cargos de relevancia pública, dichos cargos no generan ni generarán ningún conflicto para el desempeño de las funciones para el Empleado por cuanto no ejercen sus funciones públicas en los ámbitos en los que se desarrollan las actividades de la Empresa, como tampoco suponen ninguna influencia sobre las actividades de la Empresa”.
El juez juega a policía
Si un testigo está obligado (artículo 458 del Código Penal) a decir verdad, ¿no lo está el juez al referirse, por ejemplo, a la declaración de la directora de recursos humanos del IE? ¿No tiene coste tergiversar ante otro testigo el contenido de una declaración e, incluso, amenazar con una diligencia de careo? ¿Juega el magistrado a los policías cuando intentan enredar a un sospechoso? La realidad es que si se relacionan todas las declaraciones de los directivos del IE se encuentra una línea de coherencia.
El presidente y fundador del IE, Diego del Alcázar, prestó declaración el 29 de julio de 2024. Según dijo “Begoña Gómez se acercó al IE como muchas otras personas, para explorar oportunidades laborales. Desde 2017, fue hablando con diferentes personas”, explicó el testigo al juez.
Explicó que “Gómez estableció una relación con Felicia Appenteng, presidenta del IE African Center, quien finalmente la propuso para dirigir el centro” recordó. El testigo no ahorró detalles: “Hay un momento en donde alguien me dice: `Felicia Appenteng dice que la persona adecuada para lo que ella quiere es Begoña Gómez. Es la mujer del secretario general del Partido Socialista“.
Del Alcázar agregó: «Lo que pasa es que estaba trabajando y no podía incorporarse hasta fechas posteriores en las que el secretario general se había convertido en presidente del Gobierno». A esa declaración le siguió la de Gil de Antuñano el pasado 16 de octubre. La directora explicó que había contratado a Begoña Gómez entre (2018 y 2022) para el IE África Center por instrucciones de su jefe, Güemes, quien era el responsable último de finanzas.
A preguntas del juez sobre si Begoña Gómez había superado algún proceso de selección, y si tenía titulación como licenciada, la directora dijo que no le constaba que hubiese habido una prueba y señaló que no conocía el curriculum de Begoña Gómez por lo que ignoraba si poseía titulación.
Ninguna de las acusaciones populares, que hablaron con los medios al término de la declaración hicieron referencia a que la directora de recursos humanos dijera que se había contratado a Begoña Gómez por ser “esposa del presidente del Gobierno».
Finalmente, el 18 de noviembre, Güemes confirmó lo que los dos testigos del IE habían declarado antes que él. Ahora, a la luz de la declaración de Sonsoles Blanca Gil de Antuñano se advierte también su coherencia.
El juez tendrá que explicar de dónde se sacó que la directora de recursos humanos declaró que “se contrató a la señora Begoña Gómez por ser esposa del presidente del Gobierno», presunta afirmación que, según adelantó durante la comparecencia de Güemes, le llevaría a ordenar una diligencia de careo entre Güemes, ahora imputado, y Gil de Antuñano, careo que carece de toda base porque no hay contradicción entre ellos.
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