A un mes y seis días del recambio presidencial en Venezuela, el Comité de Derechos Humanos (DDHH) de Naciones Unidas abrió una investigación contra el Gobierno por presunto fraude y falta de transparencia en las elecciones del pasado 28 de julio que dieron oficialmente ganador a Nicolás Maduro. La oposición ha reivindicado la victoria en las urnas de Edmundo González Urrutia, actualmente en el exilio y según sus propias palabras, decidido a retornar a Caracas el 10 de diciembre. En medio del endurecimiento del Palacio de Miraflores hacia sus adversarios, la ONU ha pedido a las autoridades venezolanas conservar aquello que no ha exhibido como pruebas por parte de numerosos países: las actas de escrutinio.
Paulo Abrão, exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), informó que se ha solicitado también al Estado venezolano que, mientras se investiga la denuncia, «se abstenga de destruir el material electoral de las elecciones presidenciales» así como otros documentos «necesarios para elaborar el acta de totalización, adjudicación y proclamación».
El Comité de Derechos Humanos es un organismo de 18 expertos independientes que supervisa la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos por sus Estados partes. En lo que respecta a Venezuela, busca confirmar las graves anomalías que existieron antes y después de la contienda y fueron expuestas por los abogados que presentaron la denuncia: de un lado, la restricción al voto de los millones de migrantes dispersos por Latinoamérica, Estados Unidos y España. Después de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció el triunfo de Maduro sin mostrar las pruebas, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) no solo ratificó lo actuado por ese organismo, sino que bloqueó cualquier posibilidad de impugnar los resultados o de acceder a un recurso judicial efectivo.
Según Abrão, la apertura de un caso «pionero» en la materia como el venezolano es un «avance crucial en la lucha por la democracia y los derechos humanos» en ese país. Estima que la investigación «probablemente concluirá» con una declaración «muy trascendente e histórica» en la que se dejará constancia de que Maduro «no es el presidente electo» de ese país sudamericano.
Ignacio Álvarez Martínez, uno de los abogados que había presentado la denuncia y vive en Estados Unidos, sostuvo que las elecciones del pasado 28 de julio mostraron «patrón sistemático de desconocimiento de la voluntad popular» cuando el recuento de los votos no favorecía al candidato oficial. Se trató de «un escandaloso y gravísimo desconocimiento del resultado de una elección».
Nuevo contexto
El anuncio se conoce en medio de un aumento de las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela. En sus últimas semanas de gestión, el Gobierno de Joe Biden reconoció a González Urrutia como «presidente electo» mientras se ha abierto en el Congreso el camino para el endurecimiento de sanciones económicas. El madurismo respondió con una ley que pena con hasta 30 años de cárcel a los opositores que simpaticen con esas políticas. María Corina Machado ha sido ya acusada de haber cometido el delito de «traición a la patria».
Diez días después de que Maduro inicie su tercer y cuestionado período presidencial asume en Washington Donald Trump. La designación de Marco Rubio como secretario de Estado augura un mayor nivel de confrontación con el Palacio de Miraflores. «Maduro le teme a Trump», dijo Machado.
En este contexto ha tenido lugar la polémica entre el Gobierno y el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, quien el pasado lunes había instado a las autoridades a permitir que los representantes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) expulsados de Caracas puedan retomar sus labores en la capital venezolana. El madurismo calificó de «preocupante» que Khan «no haya sido puesto al tanto» de que en noviembre se autorizó la vuelta de los representantes de la Acnudh. En su respuesta al fiscal, el Gobierno aseguró que en Venezuela no existen presos políticos, una afirmación considerada agraviante por parte de los organismos de derechos humanos.
