La Fiscalía Anticorrupción ha informado al juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, que investiga la presunta financiación ilegal de la agrupación de electores ‘Se Acabó La Fiesta’ (SALF), liderada por el eurodiputado Luis ‘Alvise’ Pérez, que para «avanzar» en las pesquisas debe «escrutar el tráfico de las wallets [monederos virtuales] donde se hicieron las aportaciones anónimas para sostener su campaña electoral y recabar los justificantes de los pagos efectuados», según consta en el escrito en el que el Ministerio Público reclama al instructor de la causa que eleve una exposición razonada al Supremo para seguir investigando.
Y estas y otras diligencias «no pueden ser acordadas sino por el órgano judicial competente para ello, el Tribunal Supremo», destaca la Fiscalía, que no quiere que ‘Alvise’, que es eurodiputado, tenga una ventaja o «privilegio» por su cargo político en Bruselas.
Por eso Anticorrupción reclama al magistrado Calama que remita sus pesquisas al Alto Tribunal y así acceder y analizar a las cuentas de la agrupación de electores ‘SALF’, que obtuvo tres eurodiputados en las elecciones europeas.
Libros de Tesorería
En el escrito, al que ha tenido acceso esta redacción, Anticorrupción recuerda que solo podrá profundizar en la investigación de la denuncia que presentó el empresario Álvaro Romillo, conocido con el apodo de ‘Luis CryptoSpain’, si se recaba toda «la información económica de SALF (entre otros, los libros de Tesorería, inventarios y balances que registren la cuenta de ingresos y gastos, así como las operaciones de capital y el informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas)», dice de forma literal Anticorrupción.
De izqda a drcha: Alvise Pérez, eurodiputado investigado por la Fiscalía por sus vínculos con Madeira Invest, junto a uno de los afectados por la trama y Álvaro Romillo, fundador del club, y más conocido en redes sociales como CryptoSpain / EPE
Además, Anticorrupción pretende, siempre según el escrito entregado al juez Calama, examinar «cuentas bancarias del señor ‘Alvise’ Pérez y de su agrupación electoral y cualesquiera otras que pudieran derivarse de aquéllas, no pueden ser acordadas sino por el órgano judicial competente para ello, el Tribunal Supremo.
«Indicios suficientes»
De esta forma Anticorrupción considera que existen «indicios provisionales pero suficientes de la responsabilidad del señor ‘Alvise’ Pérez en la posible comisión del delito de financiación ilegal«. Por eso, da validez al relato realizado por Romillo en su denuncia, al considerar que coincide con los mensajes y audios que ha facilitado, aunque no disponga de otra documentación que acredite lo hablado con Alvise para colaborar entre ambos.
Este empresario reconoció ante el juez Calama que entregó sin contrato ni factura 100.000 euros al eurodiputado de la agrupación de electores ‘Se Acabó La Fiesta’, y que lo hizo a cambio de «favores futuros».
