El considerado nexo corruptor de la trama Koldo, el empresario Víctor de Aldama, cifra en 128 los contratos públicos que se habrían adjudicado a constructoras próximas a Koldo García Izaguirre por un importe total de 54 millones de euros entre 2018 y 2021. Como prueba aporta una» relación de obra pública, preadjudicada, que se licitaría conforme a los Presupuestos Generales del Estado correspondientes al año 2021, fundamentalmente por la Dirección de Carreteras», en la que habría subrayado las constructoras que, según dice, resultaron adjudicatarias por la relación que mantenían con el asesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos. El documento incluye notas manuscritas que afirma que son del exministro o de su asesor.
Según la versión de Aldama, la mayoría de estos contratos fueron a tres empresas. Una es Obras Públicas y Regadíos SA, de la que, en el escrito de 37 páginas que ha presentado en el Tribunal Supremo dice que está «dirigida por Daniel Fernández Menéndez y de la que su hermano don Antonio (Toño) es gerente y apoderado tras dejar el puesto de coordinador de la Delegación del Gobierno en Andalucía en octubre de 2022«. En este punto se remite a un informe de la UCO en el que dice que ambos pidieron a Koldo que «ejerciera su influencia sobre el entonces presidente de Adif, Ángel Contreras, para que su constructora ganara el contrato de una obra de emergencia para el tramo Monforte de Lemos (Lugo)».
La segunda es Áridos Anfersa SL y Áridos Anfersa SL, representada por Francisco Coca Sánchez, que, según Aldama, contrató a un familiar directo de Koldo. Sitúa el hospedaje del exministro, su asesor y el empresario en el Parador de Granada el 6 de julio de 2021, cuando Ábalos tenía que acudir a la presentación del proyecto «servicio de la Autovía GR-43-Tramo: Pinos Puente-Atarfe”. La tercera empresa es Levantina, Ingeniería y Construcción SL.
En el documento que el empresario ha aportado «aparecen subrayados en color rosa los contratos públicos, ya preadjudicados a empresas previamente seleccionadas, a quienes debían ser adjudicados. Se trataría de empresas que habrían adquirido el compromiso de pago de comisiones si resultaban adjudicatarias», asegura. «La investigación acreditará las empresas a las que fueron adjudicadas las obras subrayadas en ‘rosa’. Adicionalmente, los contratos subrayados en ‘verde’ corresponderían a las posibles adjudicaciones», precisa.
