Airbnb, la plataforma de alquileres turísticos, amplía su campaña frente a la presión regulatoria que distintas administraciones públicas dirigen sobre el núcleo de su negocio. Tras enviar sendas cartas a los alcaldes de Madrid y Barcelona sobre las normativas municipales que han diseñado, la compañía ha remitido nuevas misivas a responsables tanto del Ejecutivo central (Turismo y Vivienda) como de los gobiernos autonómicos de la Comunidad de Madrid y la Generalitat de Cataluña presididos por Isabel Díaz Ayuso y Salvador Illa, respectivamente.
Todos ellos, dice la empresa, están preparando una ola de nuevas regulaciones que «prevén restringir severamente y sin justificación la actividad de los alquileres de corta duración». Según detallan fuentes de la compañía, en esas cartas reclaman que las normativas que tienen en mente aprobar distingan de forma clara entre aquellos ‘anfitriones’ que se dedican al negocio de manera profesional y aquellos propietarios que alquilan de manera esporádica su primera residencia, una habitación o su casa de veraneo.
«La normativa debe tratar de manera diferenciada la actividad intensiva y profesional de aquellos que alquilan de manera ocasional una vivienda residencial», explica la firma. «El alquiler ocasional de una primera residencia o una casa familiar de vacaciones aporta ingresos extra a las familias y no afecta a la oferta total de vivienda disponible», resaltan.
La firma también reclama que tengan en cuenta las necesidades de los destinos rurales frente a los urbanos. En este sentido, piden que las nuevas regulaciones sirvan para «promover la dispersión de los viajes hacia nuevos destinos y potenciar las comunidades rurales».
Por otro lado, alertan a los responsables públicos de que las nuevas regulaciones que se preparan «perjudican la competitividad de España como un destino de viaje para las familias«, pues arguyen que los alojamientos turísticos tradicionales «no siempre satisfacen todas sus necesidades».
«Una normas cada vez más restrictivas de los alquileres de corta duración solo generan subidas disparadas de precios de los hoteles y que los destinos españoles se vuelvan menos competitivos y asequibles, especialmente para las familias que dependen de estos alojamientos para poder viajar», dice Sara Rodríguez, responsable de políticas públicas para España de Airbnb.
La firma acusa a distintos ejecutivos autonómicos de haber aprobado en los últimos años «de manera precipitada restricciones al alquiler de corta duración sin reflexionar sobre sus repercusiones». Además, reprochan que las medidas adoptadas hasta ahora en base a esas políticas «no han logrado resolver los problemas asociados al turismo de masas ni a la escasez de vivienda, que sirvieron como justificantes de su implementación».
En vista de que la presión regulatoria sobre los pisos turísticos va a ser creciente, la firma ha redoblado sus esfuerzos por conseguir que las diferentes normativas no sean de brocha gorda, sino mucho más selectivas. Por eso, desde la empresa reclaman «medidas basadas en datos reales de actividad» y que no busquen «señalar a los alquileres de corta duración como el único responsable de los problemas derivados del turismo de masas y la falta de vivienda».
El ministerio de Vivienda que dirige Isabel Rodríguez anunció hace unos meses que pondrá en marcha un registro único para acabar con el fraude en los alquileres de corta estancia y de temporada. En realidad se trata de adelantar unos meses la implementación de una normativa que viene impuesta por la Unión Europea.
Los propietarios no podrán anunciar sus inmuebles en las plataformas digitales sin un código que otorgarán los Registradores de la Propiedad. «Será imposible comercializar sin un certificado que diga que la vivienda cumple con las normas autonómicas, las ordenanzas municipales y los estatutos vecinales», llegó a sostener la titular del ramo sobre la medida que empezará a implantarse en 2025.
Airbnb dice querer trabajar con los diferentes gobiernos en España «para aliviar la actual crisis de la vivienda y luchar contra el turismo de masas» y dice estar abierta a las regulaciones «razonables y efectivas». Por eso pide que se hagan en base a cuatro principios. Por un lado, que las normativas sean «proporcionadas y justificadas» y tengan alcance «únicamente en aquellas zonas donde la necesidad de regulación está demostrada».
También pide que España «cuente con un sistema de registro que sea sencillo, online y armonizado». La empresa dice compartir ya de forma periódica datos sobre las actividades de los anfitriones en España a través de Eurostat – y también con las autoridades fiscales-.
La compañía apoya su paquete de propuestas en un reciente informe encargado a la consultora PWC que, entre otras cosas, señala que los alquileres de corta duración estarían teniendo un impacto mínimo en el precio y la disponibilidad de la vivienda en el país.
Dicho estudio recoge que solo el 0,3% del incremento en los precios de la vivienda en los últimos cinco años puede atribuirse a los alquileres de corta duración, frente a otros factores limitantes como la escasez de vivienda nueva en relación a la creación de anual de hogares o a los 4 millones de casas vacías, que suponen cerca del 15% del parque total. La mayoría, eso sí, están donde no se necesitan, según el Banco de España.
La compañía dice la regulación más rígida contra los anfitriones -cita a Madrid, Barcelona, Nueva York o Edimburgo- no ha sido eficaz para reincorporar viviendas al mercado inmobiliario. «En su lugar, han provocado una reducción de las opciones de alojamiento disponibles para los visitantes, concentrando la demanda en menos barrios y disparando a niveles récord los precios de los hoteles», resalta la empresa. Por su parte, «los precios de los alquileres han alcanzado máximos históricos y las familias y los comercios locales se arriesgan a perder una fuente vital de ingresos», remata.
