Una pistola automática con silenciador, lista para ser usada, y una nota manuscrita con una dirección, un nombre y una cantidad de dinero, “saldo E 1.000”, encontradas entre las pertenencias de un motorista que acabó falleciendo en el hospital tras sufrir un accidente en la autovía A-7 cuando huía de la policía, han llevado siete años después a la condena de dos ciudadanos colombianos por contratar a un sicario venido desde Guatemala “con el fin de que terminara con la vida” de un empresario valenciano residente en una urbanización de San Antonio de Benagéber (Valencia).
La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Valencia ha condenado a Jorge Andrés G. L. a cuatro de prisión por un delito de homicidio en grado de tentativa, tenencia de armas y amenazas graves, ya que meses antes del intento de crimen frustrado por un accidente de tráfico amenazó con matar al empresario y su mujer esgrimiendo precisamente el arma que posteriormente fue intervenida al sicario. Asimismo, impone al otro acusado, Gabriel Orlando V. P., una pena de tres años y medio por los mismos delitos salvo por las amenazas.
La sentencia considera probado que entre septiembre y octubre de 2017 ambos acusados suministraron al sicario “todo lo necesario para llevar a cabo el plan ilícito; documentación sustraída previamente para encubrir su identidad, alojamiento de confianza, direcciones relevantes, teléfonos móviles seguros, vehículo y la pistola con la que llevar a la práctica el encargo”.
El crimen se frustró precisamente por el accidente de moto que sufrió el sicario huyendo de la Policía Local de San Antonio de Benagéber la noche en la que estaba realizando la vigilancia en las inmediaciones del domicilio de su objetivo, como informó en exclusiva en su día Levante-EMV. Tras permanecer hospitalizado trece días en estado de coma, el joven de 24 años y nacido en Guatemala, acabó falleciendo por el traumatismo craneoencefálico que sufrió en dicho siniestro.
Avisaron a la grúa
Los hechos ocurrieron la noche del 30 de octubre de 2017 cuando agentes de la Policía Local de San Antonio de Benagéber, que se encontraban patrullando una urbanización de la localidad, observaron a una persona aproximándose hacia el domicilio del empresario, y una moto estacionada a unos 200 metros de distancia. Los agentes le preguntaron si era vecino de la zona y comprobaron que la motocicleta, una Piaggio X8 400, carecía de seguro.
Mientras esperaban la llegada de la grúa para proceder a su inmovilización, el sospechoso se subió a la moto y huyó a gran velocidad por la carretera CV-35. A la A-7, a la altura de la salida Bétera-Burjassot, el fugitivo perdió el control de la motocicleta, chocó contra el guardarraíl y se golpeó la cabeza. Tras permanecer en coma trece días, el 12 de noviembre de 2017 el sicario falleció en el hospital.
Ambos acusados, de 37 años y nacionalidad colombiana, reconocieron en el juicio haber contratado al fallecido para acabar con la vida del empresario por unas “discrepancias en los negocios”. Gracias al acuerdo de conformidad alcanzado por sus defensas las penas fueron mínimas, de cuatro y tres años y medio de cárcel.
