Los ministros de Sanidad de la Unión Europea han adoptado este martes una recomendación para ampliar la prohibición de fumar a espacios abiertos como terrazas de bares y restaurantes, parques infantiles, paradas de bus y piscinas; una restricción que piden también imponer a los productos emergentes como el cigarrillo electrónico, contengan o no nicotina.
El texto ha salido aprobado en una reunión en Bruselas con las únicas abstenciones de Alemania y Grecia, pero con una declaración aneja de Italia y Rumanía muy crítica con el proceso para tramitar esta recomendación y que cuestiona la base científica para sostener que los riesgos por la exposición al vapeo justifican ampliar a estos productos las mismas restricciones que al tabaco tradicional.
En todo caso, según ha recordado la presidencia de turno de la UE que este semestre ocupa Hungría, no se trata de una nueva legislación común sino de una «recomendación que no supone una obligación» para los Estados miembro, cuyos gobiernos en la práctica podrán elegir «qué medidas aplicar».
La nueva posición revisa una recomendación anterior de 2009 para adaptarla a la realidad actual en la que el mercado ofrece nuevos productos de tabaco y aerosoles para reforzar las estrategias contra el tabaquismo y avanzar en el objetivo de la Unión Europea de lograr una generación «libre de humos» en el horizonte de 2040, es decir, que para esa fecha menos de un 5% de la población europea sea fumadora.
La actualización de la recomendación surge de una iniciativa de la Comisión Europea el pasado septiembre y que ahora los Estados miembro respaldan, teniendo en cuenta, por ejemplos, informes de la Organización Mundial de la Salud (OMS) según los cuales la exposición a emisiones ajenas procedentes de productos de tabaco calentado está relacionada con «anomalías respiratorias y cardiovasculares significativas padecidas por los fumadores pasivos». También recoge que según la OMS el vapor de los cigarrillos electrónicos, «tanto de los que contienen nicotina como de los que no, exponen a las personas del entorno a niveles cuantificables de partículas en suspensión y de sustancias tóxicas y contaminantes clave«.
En este contexto, los gobiernos de la UE apuestan por, «teniendo en cuenta las competencias nacionales y las especificidades», actuar para proteger «eficazmente contra la exposición al humo y los aerosoles ajenos en zonas de recreo exteriores designadas», en especial en áreas en donde habitualmente hay menores o personas vulnerables, entre las que «deben incluirse los parques infantiles públicos, los parques de atracciones, las piscinas, las playas, los parques zoológicos y otros espacios exteriores similares».
«Claro y ambicioso»
En el debate previo a la adopción, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha expresado el «respaldo completo» del Gobierno a un texto que considera «claro y ambicioso», al tiempo que ha puesto en valor que se incluyan los productos alternativos al tabaco como, por ejemplo, los vapeadores porque «cada día tenemos más evidencia científica de su potencial riesgo» de provocar cáncer, enfermedades cardiovasculares y problemas respiratorios. «Es muy preocupante que los jóvenes reciban un mensaje equívoco sobre el riesgo que entrañan estos productos para su salud», ha argumentado la ministra española, quien también ha recalcado la necesidad de proteger a los más vulnerables «que sufren de forma pasiva y sin alternativa de elección las consecuencias de esta exposición».
Otros países, sin embargo, han mostrado su malestar por la falta de evaluaciones de impacto en la propuesta inicial de la Comisión Europea aunque ninguno haya votado en contra de la recomendación. Grecia, que se ha abstenido, por ejemplo, reclama «soluciones viables» y «proporcionalidad» en las acciones, para lo que reclama «datos científicos» y avisa de que será «difícil» trasladar la recomendación a las especificidades de cada país sin haber hecho previamente el estudio de su impacto.
Los gobiernos de Italia y Rumanía, por su parte, han incluido una declaración a la recomendación para dejar constancia de su malestar porque consideran que la propuesta «habría requerido plazos mayores y modalidades mejores para desarrollar el análisis entre los Estados miembro» y tachan de «lamentable» la falta de debate. «Lamentamos que no se haya presentado una evaluación de impacto adecuada para este acto, como base para la correcta evaluación por parte del Consejo de las recomendaciones propuestas», zanja la declaración.
