La Unión Progresista de Fiscales (UPF) ha hecho un comunicado para salir una vez más en defensa del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y mostrar «su profunda inquietud y preocupación por el desarrollo procesal de la instrucción», al entender que las pruebas acordadas por el magistrado del Tribunal Supremo Ángel Hurtado han sido «injustificadas, innecesarias» y «gravemente desproporcionadas«, como considera que fue el registro de los despachos de los dos imputados. Añade que, además, se están realizando sin tomar precauciones para evitar filtraciones, en referencia a lo que se ha conocido del informe que la Guardia Civil realizó al teléfono de la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez.
«La dirección del procedimiento judicial ha asumido una posición hasta este momento significadamente inquisitiva sin tan siquiera valorar los planteamientos y diligencias interesadas por las defensas, poniendo en serio riesgo el principio de paridad de armas», señala la asociación que presidió el propio García Ortiz hasta que se incorporó a la Fiscalía General de la mano de su antecesora en el cargo, Dolores Delgado. Se da la circunstancia de que el juez Hurtado ha acordado este mismo martes llamar a declarar a Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y a varios periodistas a petición de las defensas de García Ortiz y de Rodríguez.
Con su comunicado la UPF quiere recordar que «todo proceso penal debe estar presidido por la posibilidad de una efectiva y equilibrada contradicción entre las partes a fin de que todas ellas puedan defender sus derechos» y que los órganos judiciales tienen la obligación de «promover el debate procesal en condiciones que respeten la contradicción e igualdad entre acusación y defensa».
Señala que «dilatar el pronunciamiento sobre las diligencias de prueba interesadas por las defensas, no tramitar procesalmente las posibles impugnaciones a resoluciones judiciales y no practicar con demora diligencias de prueba que a todos los efectos pueden ser conducentes al esclarecimiento de la verdad (…) supone una manifiesta vulneración del principio de paridad de armas que debe rectificarse inmediatamente«.
Auguran que tanto García Ortiz como Pilar Rodríguez serán exonerados de cualquier responsabilidad en la filtración de información confidencial de la pareja de la presidenta madrileña, pero consideran que la forma en la que el juez Hurtado lleva la instrucción supone exponerles como presuntos culpables y eso les perjudica a ellos, pero sobre todo causa un «daño muy probablemente irreparable al ministerio fiscal como institución fundamental para el funcionamiento de la justicia democrática».
Las otras dos asociaones de fiscales, la mayoritaria Asociación de Fiscales y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (Apif), que incluso ejerce la acusación popular en la causa, han solicitado al fiscal general que renuncie al cargo tres ser imputado. El juez Hurtado ha descartado la petición expresa de esta última de que García Ortiz fuera suspendido de funciones.
