Extremadura defenderá un sistema de financiación autonómica basado en la igualdad entre territorios, donde se tengan en cuenta variables como la despoblación, el envejecimiento y la superficie para hacer frente al coste real de los servicios. También el principio de solidaridad, “que no caridad, para hacer justicia”. Actualmente la región recibe unos 3.900 millones anuales del sistema de financiación y debido a su limitada capacidad recaudatoria y menor renta, es una de las llamadas ‘comunidades receptoras’: de cada 10 euros que llegan al territorio para la cobertura de derechos básicos como sanidad o educación, se estima que 8 provienen de la caja común del Estado.
Todas las fuerzas políticas coinciden en la necesidad de revisar un modelo que, por estar mayoritariamente basado en criterios de población, no ha logrado la convergencia y lastra a la comunidad con menos habitantes y mayor dispersión geográfica del país. En términos per cápita, Extremadura es la tercera comunidad mejor financiada (3.636,29 euros en 2022, según datos ajustados del Ministerio de Hacienda) y la penúltima en aportación de recursos (1.954,65 euros, solo por delante de Canarias). Sin embargo, estas cifras no se corresponden con la realidad: al ser apenas un millón de habitantes la región siempre aparecerá sobrefinanciada, sin tener en cuenta que debido a su envejecimiento y gran extensión territorial los servicios cuestan más. Un ejemplo: 370 colegios, 526 centros de salud y 12 hospitales públicos para 1.051.901 ciudadanos.
La propia Junta de Extremadura ha puesto sobre la mesa un estudio que cifra el perjuicio del actual modelo a la región en 10.500 millones de euros. De esa cantidad, 910 millones corresponderían a lo que se ha dejado de invertir del Fondo de Compensación Interterritorial, una deuda «cuantificada con aval científico» de acuerdo a las cantidades que llegaron en el año 2008. Otros 8.216 millones corresponderían a las diferencias en la inversión territorializada, que, según el Ejecutivo autonómico, los Presupuestos Generales del Estado fijan en un 3% para Extremadura frente a por ejemplo el 17% de Cataluña.
Y los últimos 1.400 millones de euros son las inversiones extraordinarias recogidas en el Estatuto de Autonomía de Extremadura: en la disposición adicional segunda establece que el Gobierno de España deberá asumir inversiones complementarias equivalentes al 1% del PIB regional durante siete años para la convergencia con el resto del país. Pese a que la cláusula se incluyó en la reforma aprobada en 2011 con José Luis Rodríguez Zapatero, a día de hoy no se ha percibido ni un euro y la intención de Extremadura es reclamarlo cuando se abra la negociación.
Mientras tanto, en la Asamblea de Extremadura PP, PSOE, Vox y Unidas por Extremadura (coalición de Podemos e IU) aprobaron el pasado mes de febrero una declaración genérica en la que se comprometen a defender “una financiación justa” para Extremadura. Además, han creado una comisión de estudio con el objetivo de lograr una postura común que eleve una única voz a Madrid. La comisión comenzó los trabajos el pasado mes de septiembre y se ha dado un año de plazo para elaborar un dictamen que pueda ser elevado al pleno y aprobado por unanimidad.
A la espera de ese acuerdo, la Junta ya ha puesto algunas cartas sobre la mesa. Con respecto a la fiscalidad, abogará por mantener los porcentajes de cesión los diferentes impuestos «porque la Hacienda estatal necesita recursos suficientes», pero estableciendo nuevos criterios de conexión. Un ejemplo con el impuesto de electricidad: en 2021 se recaudaron 1.100 millones de euros y Extremadura, pese a producir el 10% del total de la energía del país, solo percibió 23 porque el reparto se realiza en base a dónde se consume esa energía y aquí apenas hay industria. “Si producimos un 10%, nos quedamos un 10%”, defiende la consejera de Hacienda y Administración Pública, Elena Manzano, haciendo referencia a la propuesta en la que se basa el cupo catalán.
En cuanto a la financiación de los servicios, Extremadura pedirá que se tengan en cuenta otras variables más allá de la población, como la dispersión geográfica o el envejecimiento, parámetros que ya se ha demostrado que disparan el gasto público. Y con respecto al principio de solidaridad, la exigencia es “que se haga justicia” con el Fondo de Compensación Interterritorial. Esta herramienta, concebida para la convergencia entre regiones, es el único de los tres que incluye el sistema actual de financiación que está recogido en la Constitución, pero es el que menor dotación tiene: 420 millones de euros anuales, frente a los 5.000 por ejemplo del Fondo de Competitividad.
