Ante el alza sin tope de la vivienda en España, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció este domingo su intención de crear una empresa pública para aumentar el parque público de alquiler y frenar la escalada. En Europa hay diversas iniciativas en marcha para facilitar el acceso a un alquiler asequible, con esquemas similares al planteado por Sánchez. Bajo estas líneas, algunos ejemplos de Italia, Austria, Alemania, Francia y Reino Unido.
En Italia no existe una única empresa pública centralizada dedicada exclusivamente a promover el alquiler asequible a nivel nacional. Sin embargo, operan empresas o agencias locales que gestionan el parque de viviendas públicas y sociales que posee cada entidad; en Milán, por ejemplo, existe la ALER (Azienda Lombarda per l’Edilizia Residenziale). Además, el Estado ofrece ayudas directas mediante subsidios al alquiler para familias con dificultades económicas.
Este apoyo, no obstante, ha sido variable a lo largo de los años y ha sido motivo de debate recurrente entre las oposiciones y los diversos gobiernos que se han sucedido. La última controversia surge de la reciente decisión del Ejecutivo de Giorgia Meloni de no renovar la financiación de un fondo creado en 1993, a través del cual, en 2022, se destinaron 330 millones de euros en ayudas al alquiler para personas vulnerables. A pesar de ello, otros fondos siguen activos.
El modelo centro-europeo más exitoso, y centenario, es el de Viena. Más de la mitad de la población de la capital austriaca reside en viviendas de propiedad pública, que se ofrecen a precios asequibles a través de una empresa pública. Para acceder a una de esas viviendas no hay que cumplir requisitos especiales, como ser perceptor de auxilio social o tener una jubilación baja. Cualquier ciudadano puede solicitar una de las 400.000 viviendas dichas de alquiler barato, lo que ha revertido en un abaratamiento de los precios. No están en el centro más monumental y turístico vienés, pero tampoco en la periferia remota y están muy bien comunicados por la red del transporte pública.
En Berlín hay una empresa pública similar, Degewo, que además de adquirir vivienda construye sus propios inmuebles. Tiene actualmente unas 75.000 unidades. Pero no ha logrado parar la especulación en una capital que, mientras estuvo partida por el muro y en las décadas posteriores, fue un oasis frente a los precios disparados de Londres, París u otras ciudades alemanas, como Fránkfurt, Múnich o Hamburgo.
La escasez de vivienda asequible es la primera preocupación ciudadana en Alemania. En 2021, al alcanzar la cancillería, Olaf Scholz creó un nuevo Ministerio de la Vivienda. Su objetivo era la construcción de 400.000 nuevos pisos al año, de los cuales 100.000 iban a ser vivienda social.
Se anunció para ese cometido una partida especial de más de 18.100 millones de euros a repartir entre el periodo de 2022 a 2027. Pero tanto en ese primer año como en 2023 se quedó muy por debajo del objetivo, ya que se construyeron 25.00 y 33.000 unidades respectivamente. Todo ello, en el contexto de descenso de la vivienda social registrado en los últimos casi veinte años. Si en 2006, el total de viviendas sociales se situaba en Alemania en los 2,09 millones de hogares, ahora el número bajó a los 1,05 millones.
Al igual que el resto de países vecinos, el acceso a la vivienda en Francia se ha convertido en un problema para sus ciudadanos, y desde hace años es una de las principales batallas del Gobierno. En 2007, las autoridades fusionaron las oficinas de planificación y construcción y las oficinas públicas de vivienda, para crear una única entidad: las Oficinas Públicas de Vivienda (OPH), una figura con competencias similares a las apuntadas por Sánchez para la empresa pública española.
Esta entidad se encarga de gestionar los parques de viviendas sociales a nivel local y regional pero también construye y asigna las viviendas con rentas subvencionadas a personas con ingresos bajos o moderados. Con los años su labor ha cobrado importancia y ya controlan más de la mitad de las viviendas sociales en Francia.
Según las cifras publicadas en 2015, la Federación agrupa 266 oficinas y gestiona más del 50% de la cartera de la vivienda pública, es decir, cerca de 2,4 millones de hogares. Su trabajo no solo es gestionar y facilitar el acceso a estas viviendas sociales, sino también, estudian, diseñan y actualizan las estrategias locales sobre las viviendas sociales que permiten a la OPH informar al ministerio competente sobre la necesidad de construir más viviendas sociales.
La OPH también ofrece la posibilidad a las familias con ingresos moderados comprar este tipo de viviendas, siempre y cuando cumplan con las normas de habitabilidad y salubridad marcadas en el decreto. Este tipo de domicilios en venta pueden ser propuestos por la propia organización pública o a petición del inquilino dispuesto a comprar el hogar social en el que reside.
A esta organización se unen otras iniciativas, como las ayudas al alquiler (CAF) o los programas específicos de fondos, que facilitan el acceso a la vivienda a familias con bajos ingresos pero también a jóvenes o personas con diversidad funcional. Aún así, según los últimos datos de la Unión Social por la Vivienda, actualmente hay 2,7 millones de personas en Francia esperando para acceder a una vivienda social.
La construcción de vivienda pública en el Reino Unido corre a cargo del Gobierno central, de las administraciones locales y regionales y de las asociaciones de vivienda. En el caso de Inglaterra, uno de los principales organismos encargados del desarrollo y promoción de inmuebles es Homes England, una agencia pública creada con el objetivo de financiar proyectos, suministrar terrenos edificables y acelerar trámites administrativos.
Entre los programas impulsados por Homes England está el llamado Shared Ownership, que permite a los primeros compradores adquirir una parte de una vivienda (que suele oscilar entre el 25% y el 75% del total) y pagar un alquiler por el resto. El porcentaje de vivienda en propiedad puede ir aumentando con el paso de los años, hasta completar la compra definitiva. Otro programa impulsado por la agencia de vivienda pública es el Affordable Housing, que pone viviendas en alquiler a precios entre un 50% y un 80% más bajos que los valores de mercado.
Entre 2016 y 2023 se construyeron algo más de 130.000 viviendas bajo estos dos programas, aunque las organizaciones sin ánimo de lucro alertan de que son necesarias 90.000 viviendas sociales cada año para acabar con las listas de espera y para frenar el aumento del sinhogarismo.
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