Apenas tres horas después de que el presidente de Corea del Sur, Yoon Suk Yeol, declarase por sorpresa la ley marcial y acusara a la oposición de ser «fuerzas norcoreanas», el Parlamento del país ha votado a favor de pararla. Lo ha hecho a la una de la madrugada de Seúl, con decenas de soldados desplegados por orden presidencial, con cientos de indignados tratando de entrar en el edificio. No estaban presentes los 300 diputados, sólo 190. Pero todos ellos han tumbado una ley que recuerda a los tiempos de la dictadura militar agotada en 1987.
Todavía reina el caos y la incertidumbre en la cuarta potencia económica de Asia. La reacción más repetida entre los analistas del país es la sorpresa. No sólo por la excepcionalidad de la medida. Yoon ordenó el apagón informativo, el cese de la actividad política y la prohibición de cualquier manifestación, entre otras medidas, sin otro argumento que frenar una supuesta conspiración «antiestatal» alineada con los intereses norcoreanos.
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