El ex ministro de Transportes, ex secretario de organización del PSOE y actualmente diputado del grupo mixto José Luis Ábalos -tras su expulsión del grupo parlamentario socialista en el Congreso- prepara concienzudamente su declaración ante el Tribunal Supremo, que este lunes le ha citado para que pueda acudir el próximo 12 de diciembre de forma voluntaria a enfrentar las acusaciones que pesan contra él por su posible implicación en el caso Koldo.
El propio investigado ha señalado a este diario que la comparecencia voluntaria, que permite la ley a los aforados sin que tenga que tramitarse antes un suplicatorio a las Cortes, fue solicitada por él mismo, por lo que la decisión del instructor del caso ante el alto tribunal, Leopoldo Torres, obedece a lo que él quería.
De hecho, desde que el alto tribunal abrió formalmente causa contra él tras aceptar la exposición razonada que le remitió el juez Ismael Moreno, instructor del Caso Koldo en la Audiencia Nacional, el exministro decidió cambiar a su abogado habitual –con el que había intentado sin éxito personarse como perjudicado en la causa– por José Aníbal Álvarez, un penalista cuyo prestigio se sustenta en intervenciones en causas de gran proyección mediática, como fueron los casos GAL y Malaya.
De hecho, el pasado 12 de noviembre Álvarez ya se dirigió a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo para personarse como defensa del ex dirigente socialista y un día después requirió «copia de las actuaciones judiciales para su examen», al objeto de tomar «debida cuenta de la misma», según el escrito al que ha tenido acceso este diario. Reclamó concretamente «todo lo actuado en la reapertura de la causa especial referenciada». El letrado habla de reapertura porque ya en su día se incoaron unas actuaciones contra Ábalos a raíz de la denuncia de un particular que fueron archivadas, y la causa impulsada ahora desde la Audiencia Nacional es formalmente la misma.
Pagos en metálico
Desde que el juez Moreno remitió sus conclusiones al Supremo, que se fundamentan en un duro informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que ya otorgaba a Ábalos un papel «relevante y de responsabilidad» en relación con las actividades del que fuera su asesor, Koldo García, las acusaciones se han visto incrementadas por la confesión voluntaria del considerado nexo corruptor de la trama, el comisionista Víctor de Aldama.
En dicha declaración, Aldama incluyó al ex ministro entre quienes habrían cobrado mordidas en metálico a cambio a cambio de favorecer los intereses de los empresarios que él avalaba ante diferentes administraciones bajo la órbita del PSOE. Dijo habría percibido 650.000 euros, de los que 250.000 se deberían al pelotazo que la trama percibió con la venta de mascarillas.
A ellos habría que sumar el disfrute de un chalé en Cádiz y los casi 90.000 euros pagados durante dos años y medio por el alquiler de un piso en la Torre de Madrid para Jesica R.G., quien mantenía con Ábalos una «relación particular» según los investigadores de la Guardia Civil.
Igualmente, el comisionista ahondó en otros aspectos ya apuntados por la investigación de la Audiencia Nacional, al asegurar que «el Gobierno estaba enterado» de la llegada a nuestro país el 20 de enero de 2020 de la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien finalmente no pudo salir del aeropuerto de Barajas en cumplimiento de las restricciones dictadas por la UE para los miembros del Gobierno de Nicolás Maduro. Llegó a decir que Ábalos estaba al corriente de toda una programación de la visita que incluía una cena con la presencia de ministros, como Ábalos, Fernando Grande-Marlaska, Teresa Ribera, Salvador Illa y hasta la entonces fiscal general del Estado, entonces María José Segarra.
Igualmente, Ábalos tendrá que responder ante el Tribunal Supremo por los indicios que la investigación ha recogido en el teléfono de su colaborador en el Ministerio y que apuntan a su intervención en el rescate millonario de Air Europa. Aldama, por su parte, incluyó en lo que se sabía hasta el momento la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que habría participado en alguna de las reuniones claves de forma telemática.
En el encuentro también estuvieron responsable de la cartera de Economía, Nadia Calviño; el presidente de la SEPI, Bartolomé Lora Toro; el entonces secretario de Transportes, Pedro Saura, y el propio Ábalos; todo ello con «conocimiento» del presidente, Pedro Sánchez. Tras ello Koldo mantuvo una reunión en Transportes con Aldama y el ex CEO de la Compañía, Javier Hidalgo, para ponerles al corriente.
Además, tanto el informe de la Guardia Civil como los escritos que tras su análisis han elaborado la Fiscalía Anticorrupción y el juez instructor del caso, Ismael Moreno, coinciden en afirmar que Ábalos tuvo un papel «relevante» en relación con el primero de los ‘pelotazos’, el de la compra de 8 millones de mascarillas adjudicadas por Transportes a la empresa Soluciones de Gestión, a través de Puertos del Estado, por unos 20 millones de euros. Estos contratos son ahora cosa del Tribunal Supremo, si bien en la Audiencia Nacional continuará la causa para otros investigados en lo relativo a delitos de blanqueo de capitales y contra la Hacienda pública.
