Glovo se ha comprometido públicamente a, por primera vez en su historia, dejar de operar con repartidores autónomos y que estos pasen a ser asalariados. Algo que los tribunales y la Inspección de Trabajo llevan exigiéndole desde hace más de un lustro y que la compañía, con miles de ‘riders‘ operando hoy en día por todo el país, ha ido rechazando.
Acumulando hasta la fecha y desde que comenzó a operar en 2015 más de 253 millones de euros abonados a la Seguridad Social, entre requerimientos y sanciones, y un total de 40.889 repartidores que ejercían como falsos autónomos y han sido dados de alta como asalariados por la autoridad laboral.
Glovo ha anunciado su conversión un día antes de que su cofundador y consejero delegado, Óscar Pierre, esté citado a declarar ante el juzgado de instrucción número 31 de Barcelona, acusado de delitos penales contra los derechos de los trabajadores. Fiscalía le investiga por esa negativa reiterada a contratar a sus miles de repartidores, negándoles así derechos básicos como las vacaciones remuneradas o las bajas por enfermar, entre otros.
La compañía «ha decidido impulsar un nuevo modelo en España que permitirá la operativa con repartidores laborales». «Esta decisión y apuesta -justifica- se produce como parte de su firme compromiso con España y con el impulso de la economía digital en el país», ha asegurado en un comunicado. A preguntas de este medio, fuentes de Glovo explicítan que ello implicará renunciar a operar con autónomos.
Poca más información añaden al respecto: que el cambio de modelo incluye a todas las ciudades en las que está disponible la entrega a domicilio mediante esta aplicación (algo más de 900 actualmente) y que se trasladará tanto a los restaurantes, como al resto de productos que se pueden comprar a través de Glovo.
En paralelo, prosigue el comunicado, «la compañía abrirá una mesa de diálogo con los agentes sociales para dotar de todas las garantías al proceso y asegurar que el cambio de operativa se desarrolle con consenso».
