Una gran empresa pública de vivienda. Ese el compromiso que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha adquirido con la sociedad española, tal y como anunció en el mitin de clausura del 41º Congreso Federal del Partido Socialista en Sevilla. En el Palacio de Congresos y Exposiciones de la capital hispalense, tras una presentación cuasi a modo NBA, tomó la palabra y sugirió que la única respuesta que darán a la ofensiva “política, judicial y mediática” de la derecha y la ultraderecha será a golpe de legislación y empoderamiento de la clase trabajadora. ¿Cómo? Blindando de esta manera la vivienda pública, con Viena como paradigma y con algunas complejidades para llevarlo a cabo.
La construcción de vivienda pública no es una propuesta novedosa, aunque sí en España desde un prisma estatal. Madrid, con todas las luces y sombras existentes -venta de vivienda pública a fondos buitre- cuenta con una entidad orientada a dicha materia; la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS). Un organismo que se disemina a escala local por la inmensidad del país y cuya razón de ser -al menos en su concepción- es la de ser un promotor municipal de vivienda protegida, además de implantar políticas de realojos. Todo ello sin contar la problemática de la perenne privatización que la derecha ha adoptado de organismos públicos de este calado. Véase la venta de inmuebles públicos al fondo Blackstone. A grandes rasgos, ese sería el espíritu de la idea que verbalizó el domingo en Sevilla el presidente del Gobierno.
Tampoco en Europa es una receta innovadora. Otros países del entorno comunitario tienen muy presente en su legislación la construcción de vivienda pública. Estados como Países Bajos (30%), Austria (24%) o Dinamarca (21%) han desarrollado políticas en este sentido. De hecho, Suecia llevó a cabo el proyecto un millón de viviendas entre las décadas de los 60 y 70, debido a una falta exacerbada de vivienda, que provocó un éxodo brutal a las ciudades, así como la proliferación de nacimientos por encima de los índices de aquella época. Pero no sólo en el centro y el norte del continente, también Francia ha apostado por este modelo con cerca de cuatro millones y medio de viviendas de este corte. España, que se ha subido tarde a este tren, apenas cuenta con medio millón.
¿Implantación del modelo vienés?
Sánchez a duras penas dio un brochazo en su anuncio a bombo y platillo. Poco se sabe de la iniciativa, que aún estará en pañales, a pesar de que el PSOE, antes del cónclave, dio alguna pincelada más fina en este sentido al sugerir un blindaje constitucional a la construcción de vivienda pública. Quizás, desde un enfoque inspiracional en el modelo de Viena, cuyo ayuntamiento es el propietario mayoritario. No obstante, disputan el partido otros jugadores como asociaciones sin ánimo de lucro y otros promotores privados. En definitiva, un paradigma que tiene 100 años de aplicación y que deja el precio final del arrendamiento de vivienda en manos del Gobierno, sin que este pueda exceder el 30% de los ingresos de los inquilinos.
En consecuencia, se antoja complicada la implantación de un modelo de tal calibre a nivel estatal. El reparto competencial en materia de vivienda deja en cuarentena esta idea, debido a que son las comunidades autónomas las que -en virtud del acuerdo constitucional- regulan en este aspecto. De hecho, ya existen tiranteces entre las regiones dominadas por el Partido Popular y la Administración central por la no aplicación de la ley de vivienda que, aún existiendo, debería estar acompasada de la aprobación de otras figuras legales.
