Desde 1812 varias han sido las constituciones que han regido los destinos del pueblo español. Unos procesos se iniciaron por el hostigamiento del pueblo, otros por la voluntad de sus representantes y en otras ocasiones por los reyes y gobiernos de turno para afianzarse en el poder. Vamos a detenernos en las Constituciones de 1931 y 1978; de la Segunda República al Régimen de 1978 tras el proceso de Transición.
Los procesos que concibieron las constituciones de 1869 y 1931, fueron distintos al que se siguió para la de 1978, pero en todos los casos se produjeron ante situaciones políticas, institucionales, económicas o sociales insostenibles, que significó el fin de un régimen. En 1868 coincidió el reinado de Isabel II con las catástrofes coloniales en América y Norte de África. Los liberales, demócratas y republicanos, opositores a la monarquía, consiguen su objetivo expulsando del trono a Isabel II y promoviendo la elaboración de una nueva constitución que superara a la de 1845. La nueva Constitución de 1869, fue de las más avanzadas de su época y representó un cambio de tendencia en la política española.
El preludio al proceso constituyente de la Constitución de 1931, es la dictadura de Primo de Rivera, apoyada e instigada por el propio rey Alfonso XIII. La unión de las fuerzas republicanas y socialistas, junto con los sindicatos de clase, posibilitaron que las elecciones municipales de abril de 1931 se conviertan en plebiscitarias. Las elecciones posteriores a la proclamación de la República fueron constituyentes, y su Constitución la de la Segunda República. La ruptura con el pasado fue total: se profundizó en la democracia, se cambian los símbolos y el modelo político del Estado, se introdujeron derechos y se cambian estructuras políticas y modos de funcionamiento. Todo desapareció con el golpe de Estado del general Franco, la guerra y la dictadura.
Tras la muerte del dictador en 1975, se abrió en España una nueva era, cuyo proceso constitucional se inicia con la llamada Transición a la Democracia y la Ley para la Reforma Política, que insta al gobierno a abrir un proceso electoral. El proceso constituyente fue largo. Salíamos de una oscura y cruenta dictadura y existían continuos peligros de involución. La crisis económica y el incremento del terrorismo dificultaron el proceso. Gobierno y oposición entendieron que era necesario redactar una constitución que fuese aceptada por la mayoría de las fuerzas políticas. El rey, heredero de Franco y el gobierno tenían el poder; la oposición la legitimidad democrática.
El consenso permitió resolver los temas más conflictivos de aquel momento: la forma de Estado y de gobierno, el modo de elección, la cuestión religiosa, el modelo económico y la descentralización territorial. Hoy es bien distinta la situación, pero los temas conflictivos vuelven a cobrar vigencia. El debate está abierto. Hay propuestas para establecer un modelo Federal del Estado, que sustituya al actual de las Autonomías. Otras hablan de abrir un proceso constituyente amplio, con una nueva lectura de la Constitución y diseño de un proyecto avanzado, que de respuestas a los retos actuales, cambiar el sistema electoral, profundizar en la democracia y promover la igualdad y la justicia social, garantizando los derechos en la constitución. Otra más: cambiar el modelo político de monarquía parlamentaria por una República.
En España el advenimiento de la República el día 14 de abril de 1931 supuso un cambio radical de régimen político. Hasta ese momento el sistema político republicano solo había sido un experimento que apenas duró menos de dos años, desde el mes de febrero de 1873 hasta el mes de diciembre de 1874 (Proclamación y fin de la Primera República), que naufragó en medio de la inestabilidad política, con cuatro presidentes en un período tan corto de tiempo, y tres conflictos armados a la vez (insurrección en Cuba, sublevación cantonal y guerra carlista), que llevaron a su abrupto final. Con estos antecedentes era de prever que la andadura de la Segunda República española no fuera un camino de rosas, como así resultó.
El eje político del Gobierno provisional estuvo formado por Niceto Alcalá Zamora, Marcelino Domingo, Alejandro Lerroux y Manuel Azaña. Azaña estaba considerado en Madrid como una personalidad de primer orden, cuyo rendimiento será proporcional a su preparación. Azaña es un intelectual formado por la cultura francesa más completa y más refinada. Otros nombres destacados del Gobierno eran Álvaro Albornoz, Miguel Maura, Francisco Largo Caballero y Fernando de los Ríos. El Rey no ofreció ninguna resistencia. Antes de marchar, redactó un documento dirigido al país, que fue entregado al último presidente del Consejo de la monarquía, capitán general Aznar. La sustancia del documento consiste en la creencia de que la salida del Rey de España es el mal menor para el país, dado que la salida evitaba la guerra civil
La dictadura agonizaba desde hacía un tiempo y el nuevo modelo no llegó hasta la aprobación de la Constitución en 1978. Comenzaba la Transición desde la dictadura a la democracia, controlada desde dentro del Régimen. Ahora conocemos como se nos engañó. Adolfo Suárez, no sometió a referéndum la monarquía, porque las encuestas le dijeron que perdería. Franco había dejado todo atado y bien atado en la figura de Juan Carlos de Borbón. El régimen del 78 legitimó al régimen franquista modernizándolo, en la figura de Juan Carlos. Desde entonces la monarquía ha jugado un papel fundamental como institución conservadora, destinada a mantener el statu quo social y político, defensora de la legalidad y la Constitución, en defensa de los intereses empresariales y las élites sociales. Sobran los motivos para cambiar de modelo de Estado.
Corren vientos de consultas populares, corren vientos de consultas monarquía o república. Es la esencia de la democracia: el pueblo opinando, eligiendo, participando y decidiendo. El Centro de Investigaciones Sociológicas incluía hasta el 2015 una pregunta acerca del grado de aceptación que la población tenía sobre la monarquía. Desde entonces, silencio absoluto. En los últimos meses se han celebrado en universidades, ciudades, pueblos y barrios, consultas populares sobre monarquía o república. No se trata de consultas con la que se pretenda validez legal, son vías de expresión y participación ciudadana sobre una cuestión de máxima importancia en cualquier democracia: la forma de Estado.
El 15 de junio de 1977, las elecciones generales dieron un claro vencedor: Adolfo Suárez, de Unión de Centro Democrático, que fue investido presidente del Gobierno. El Congreso de los Diputados encargó a una comisión la redacción de un proyecto de Constitución. Un año más tarde, el 31 de octubre de 1978, el proyecto quedó aprobado por las Cortes. Con la publicación en el BOE, se convocó a los españoles a un referéndum, que se celebró el 6 diciembre. La pregunta era sencilla: ¿Aprueba el proyecto de Constitución?
Una Constitución que se apruebe tras un Proceso Constituyente, debe cuestionar la forma política de Estado (actual artículo 1.3), así como la forma de elección del jefe del Estado. El acceso a la Jefatura del Estado, como a cualquier otro órgano público de representación, no puede tener carácter hereditario, sino sometido a la libre y democrática concurrencia ciudadana.
Es hora del establecimiento de un verdadero Estado social y democrático de Derecho, que propugne como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político (artículo 1.1 CE). Un nuevo modelo más democrático y participativo, en el que la igualdad y la justicia social sean sus principales baluartes. Defiendo el derecho a decidir, por lo que hay que introducir los mecanismos que permitan realizar consultas sobre asuntos de especial trascendencia.
Ha llegado la hora de establecer un estado republicano. Una República inspirada en los principios republicanos de igualdad ante la ley, laico, que va más allá de la separación entre la iglesia y el Estado, y la elección y movilidad de todos los cargos públicos, incluido el jefe del Estado, con ciudadanos críticos y responsables, que no se conformen con ir a votar cada cuatro años, que no vayan a remolque de lo que se les ofrece, si no que reclamen su papel soberano en una verdadera democracia
Por un Estado Republicano, plurinacional, solidario, participativo y laico, con una nueva estructura territorial federal, con un modelo de financiación y de política fiscal viable; que incorpore mecanismos que garanticen el Estado social, en el que la universalidad de los servicios públicos esté sustentado por principios y valores de libertad, igualdad, justicia social y solidaridad, evitando que los gobiernos de turno, ataquen los fundamentos del Estado de Derecho.
