Un tribunal de Apelación de Bruselas declaró este lunes al Estado belga culpable de crímenes de lesa humanidad por la segregación de niños mestizos en la época colonial del Congo y tendrá que compensar el daño moral a las cinco mujeres que le demandaron, ahora septuagenarias, de un caso que podría sentar jurisprudencia.
Las cinco mujeres, nacidas en el Congo entre 1946 y 1950 e hijas en todos los casos de un colono belga y una madre congoleña, fueron arrancadas de sus familias y llevadas posteriormente a orfanatos, una práctica habitual con los niños de raza mixta en la época en la que el país de África central era una colonia de Bélgica.
Se estima que hasta 20.000 niños podrían haber corrido la misma suerte, lo que lo convertía en el mayor secuestro de la historia y uno de capítulos más oscuros de la época colonial.
En su sentencia, el Tribunal de Apelación de Bruselas considera probado que estas cinco mujeres «fueron separadas de sus respectivas madres sin su consentimiento antes de los siete años por el Estado belga en ejecución de un plan para encontrar y secuestrar a niños nacidos de una madre negra y un padre blanco, criados por sus madres en el Congo belga, únicamente por sus orígenes».
En primera instancia, el Tribunal Civil de Bruselas había determinado que, aunque los hechos hoy sí podrían ser considerados crímenes de lesa humanidad, en su momento no fue así, una decisión que recurrieron las demandantes.
Para la corte belga que se ha pronunciado este lunes estos secuestros fueron «un acto inhumano y persecución constitutiva de crimen contra la humanidad en virtud de los principios del derecho internacional».
Por ello, sentencia que el Estado belga debe indemnizar a las recurrentes por los daños morales derivados de «la pérdida del vínculo con su madre y el ataque a su identidad y a su conexión con su entorno original», aunque la prensa local no ha reportado el importe con el que se les compensará.
Los abogados de las demandantes pedían que se les indemnizase con 50.000 euros a cada una de ellas, además de pagar las costas del proceso.
Una de las asesoras jurídicas, Michèle Hirsch, consideró la sentencia «una victoria» en declaraciones recogidas por la radiotelevisión pública belga, RTBF. Durante el proceso judicial, había advertido de que estas mujeres «son la prueba viviente de un crimen de Estado no confesado y pronto no quedará nadie para testificar».
«Si están luchando para que se reconozca este delito, es por sus hijos, sus nietos, porque el trauma se transmite de generación en generación», aseveraba.
