La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado que el Tribunal Supremo investigue al eurodiputado Alvise Pérez por la supuesta financiación ilegal de su partido, Se Acabó La Fiesta (SALF). Así lo trasladan fuentes jurídicas a EL ESPAÑOL.
De esta forma, la Fiscalía da respuesta a la consulta del juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, quien ofreció a Pérez comparecer, el pasado 20 de noviembre, de forma voluntaria.
El político dio plantón a la Justicia y declinó declarar. Tras ello, Calama, preguntó a Anticorrupción si debía elevar una exposición razonada ante el Tribunal Supremo, que, debido a la condición de aforado del político, es el único que puede citarle formalmente como investigado. Y la Fiscalía ya ha respondido al juez que lo ve oportuno.
¿Y qué indicios hay contra Pérez? El cripto-empresario Álvaro Romillo, creador del grupo Madeira Invest Club (MIC), admitió ante la Fiscalía que había entregado 100.000 euros en efectivo a Pérez, para que éste financiase su campaña a las elecciones europeas.
De hecho, Romillo aportó también decenas de chats entre ambos, en los que el político, tanto antes como después de obtener un escaño en Bruselas, le promete que hará lobby en favor de sus empresas.
A raíz de estos hechos, el juez Calama abrió una pieza separada de la causa que estaba investigando. En la pieza principal, únicamente indagaba en la supuesta estafa cometida por el MIC.
En esta nueva rama, Calama comenzó a analizar la posible financiación ilegal de SALF, la agrupación creada por Pérez para concurrir a las elecciones europeas del 9-J. Y, en el marco de esta pieza separada, citó a declarar el pasado día 20 tanto al cripto-empresario como a Alvise.
El primero sí lo hizo y confirmó que esperaba «favores futuros» por parte de Pérez, cuando éste obtuviera un asiento en el Parlamento Europeo. Calama reprochó a Yegor Varela, abogado de Alvise, que éste no compareciera. El letrado avanzó que propondría varias fechas en las que su cliente estuviera disponible. Finalmente, el eurodiputado rechazó comparecer en la Audiencia Nacional.
A través de su canal de Telegram, su vía predilecta para comunicarse con sus seguidores, el pasado 20 de noviembre, Pérez exigió «el archivo [de la causa] o su elevación al Supremo para poder declarar y terminar con todo esto». A renglón seguido, tachó a Romillo de «mentiroso» y «estafador».
Los chats
Tal y como consta en los citados chats, tras recibir el dinero en metálico de este empresario, Alvise le planteó, como contrapartida, publicitar su empresa y beneficiarla políticamente. Le propuso defender sus intereses en el ámbito de las criptomonedas desde el corazón de la UE.
La conversación en cuestión, a la que tuvo acceso este periódico, está fechada el pasado 12 de junio. El agitador ya había obtenido representación en la Eurocámara. Concretamente, tres escaños para la lista electoral que él encabezó, denominada Se Acabó La Fiesta.
«Bloomberg, El País, Le Monde… Estoy full de entrevistas, pero quiero que me ayudes al lobby europeo en defensa del crypto (sic), y poner de ejemplo empresas como la tuya. Y tema normativo. Es una oportunidad histórica para que podamos defender nuestra integridad financiera», escribió Alvise, tal y como figura en la citada documentación.
«Si quieres que nos veamos; por mí, perfecto. Pero estarás a tope…», le responde Romillo. «Hoy y mañana imposible», le dice Alvise. «Pero no me olvido: organizamos, planeamos y damos caña», añade.
Pero no fue ésta la única vez que, según la documentación en poder de este medio, el polémico político prometió influir en la política europea en favor de Madeira Invest Club.
En otros de estos mensajes, fechado el pasado mes de mayo, antes de las elecciones, Pérez escribió a Romillo: «Las encuestas me dan hasta dos diputados [en el Parlamento Europeo]. Si logro entrar, podríamos organizar charlas en el Parlamento Europeo para hacer lobby masivo sobre las criptodivisas y la independencia fiscal. Me encantaría».
Todos estos mensajes fueron aportados por Romillo a la Fiscalía junto a un informe pericial que acredita su autenticidad. Y esta denuncia provocó la apertura de la citada pieza separada que versa, únicamente, sobre la supuesta financiación ilegal de SALF, delito por el que también está investigado el cripto-empresario, que reconoció haber efectuado este pago en efectivo.