«Algunos migrantes se ven obligados a recurrir por necesidad al pago de 8.000 o 10.000 euros por un contrato de trabajo, de forma que se endeudan y endeudan a sus familias para llegar a conseguir una documentación», asegura María del Mar Pérez, trabajadora de Huelva Acoge.
En la presentación del nuevo informe Situación de las personas residentes en asentamientos agrícolas en Andalucía: Hitos desde 2023 de Andalucía Acoge, federación de la que forman parte las entidades provinciales Huelva Acoge y Almería Acoge, se llegó también a cifrar por cuánto dinero venden las mafias el empadronamiento, documentación necesaria para acceder después a un permiso de trabajo: entre 600 y 2.000 euros. Algo que no solo ocurre en los asentamientos agrícolas. El pasado jueves la Policía Nacional detuvo a una red en Algeciras que cobraba a inmigrantes 500 euros por padrones ficticios.
El director general de la organización, José Miguel Morales, subraya la gravedad de estos hechos, puesto que el empadronamiento «es la puerta de acceso a la cartera de derechos sociales, como la sanidad o la educación». Además, alerta de que en los asentamientos «hay niños que deben estar escolarizados». Morales explica que «muchas personas se ven obligadas a acceder a este chantaje porque el Estado no está haciendo su trabajo».
Las trabas de los Ayuntamientos para poder empadronarse
Andalucía Acoge denuncia que muchos ayuntamientos ponen trabas a la hora de expedir certificados de empadronamiento a los inmigrantes que viven en estos asentamientos. «Las chabolas son la punta del iceberg de una crisis de la vivienda como la que vivimos en toda España, es un problema estructural», destaca.
Según puede leerse en este documento, «la denegación del padrón por parte del Ayuntamiento de Níjar ha sido sistemática. Las personas participantes aseguran que la única forma que encuentran para conseguirlo sin la mediación de Almería Acoge es recurrir a pagar a personas concretas que tienen control sobre las solicitudes y las visitas de la Policía Local». Aunque también se destaca que esto no ocurre en otros municipios, como es el caso de Lepe.
Los trabajadores y educadores sociales también detectan situaciones de trata de personas y prostitución, además de posibles delitos de odio por racismo y xenofobia
Estos son solo dos de los muchos abusos que se producen en los asentamientos agrícolas de estas provincias, en donde los trabajadores y educadores sociales también detectan situaciones de trata de personas y prostitución, además de posibles delitos de odio por racismo y xenofobia. Infra denuncia por miedo
Este análisis realiza un seguimiento de las distintas vulneraciones de derechos de estas personas, en su mayoría trabajadores migrantes del campo, en el marco de un proyecto específico, Shakwaa, en el dan asesoramiento jurídico a estas personas y hacen de mediadores con las administraciones involucradas.
Infradenuncia por miedo a perder el trabajo o ser deportado
El balance de estos asesoramientos, revelan que 157 personas estudiaron la posibilidad de interponer denuncias en Níjar, en su mayoría por el bloqueo del acceso al padrón municipal. En el caso de Palos de la Frontera y Moguer, los otros municipios en los que se ha desarrollado este proyecto durante 2023, las consultas de posibles acciones legales casi alcanzaron las 200. Estas estaban vinculadas a incumplimientos en las condiciones laborales acordadas o tratos vejatorios por parte de los empleadores.
La tasa de denuncia registrada por estas cuestiones va del 1% de la provincia almeriense a casi el 7% de la onubense. Entre los motivos que aducen para renunciar a la interposición de una demanda están el miedo a perder el trabajo o ser expulsados de España si se encuentran en una situación administrativa irregular.
Es innegable que en los últimos dos años las pésimas condiciones de vida de la población migrante en los asentamientos se han incorporado a la agenda pública y que existen esperanzas para que esta cuestión se afronte por fin de forma coordinada
Cambios en el Reglamento de Extranjería
La irregularidad administrativa es la causa por las que estas personas están indefensas ante la ley y soportan la extorsión y el chantaje para poder trabajar sin contra con mecanismos institucionales que les permitan denunciar de forma segura. El pasado martes, se aprobó la reforma del Reglamento de Extranjería para facilitar la inserción laboral de centenares de miles de personas nacidas fuera de España y que ya están viviendo en el país sin permiso de residencia o trabajo.
Los cambios que introducirá el Ejecutivo central entrarán en vigor dentro de seis meses, a mediados de mayo del 2025. «Con las novedades que hemos incorporado, estimamos que se podrían regularizar unas 300.000 personas cada año en los próximos 3 años», explicó la ministra Elma Saiz en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Alrededor del 45% de las nuevas afiliaciones a la Seguridad Social en la comunidad andaluza son trabajadores foráneos
Actualmente, de los casi tres millones y medio de personas afiliadas a la Seguridad Social en Andalucía, casi 340.000 son extranjeros. Es decir, un 10%. Los datos del mes de octubre revelan que alrededor del 45% de las nuevas afiliaciones en la comunidad andaluza son trabajadores foráneos.
Otros hitos y avances en los últimos años
«Es innegable que en los últimos dos años las pésimas condiciones de vida de la población migrante en los asentamientos se han incorporado a la agenda pública y que existen esperanzas para que esta cuestión se afronte por fin de forma coordinada», recoge el informe de Andalucía Acoge.
Desde estas organizaciones, se destacan algunas medidas que distintas administraciones han impulsado para mejorar las condiciones de vida de los trabajadores del campo que se ven obligados a vivir en chabolas, o buscar soluciones de alojamiento para dar fin a un problema de exclusión social y discriminación que lleva más de 20 años enquistado.
Entre ellos, se subraya el Plan de Erradicación de los Asentamientos en el que trabaja la Junta de Andalucía, aunque tanto en este caso como en las medidas que plantea el Gobierno central en el Marco de Actuaciones del Plan de Doñana, recalcan la lentitud de su puesta en marcha.
La Consejería de Inclusión Social ya desarrolla trabajo vinculado a este plan, que aún se está formulando, como la financiación de alojamientos en Níjar, Moguer, Lucena del Puerto y Lepe, gracias a los fondos europeos Next Generación. El Gobierno andaluz ha destinado a este cometido por el momento 3,5 millones de euros.
Un 40% de población estable
Este estudio se ha realizado en 16 de los 41 campamentos chabolistas ubicados en la provincia onubense y en los de Níjar, en Almería. Los trabajadores sociales de estas ONG aclaran que las características de las personas que viven en cada uno de ellos son muy diferentes. Por ejemplo, en el caso almeriense son en su mayoría hombres.
La radiografía realizada, a raíz de otro informe de 2022, revela que en Huelva malviven en estos enclaves más de 3.000 personas. En Almería se contabilizan unos 60 campamentos de este tipo, con una población aproximada de 4.500 personas, aunque recientemente se han realizado desalojos como los de El Walili, la Avenida de la Constitución y El Cañaveral. Se estima que entre el 30 y el 40% de esta población tiene un carácter estable.
