«Declarar definitivamente concluidas las actuaciones en la fase de seguimiento del expediente». Esta es una de las conclusiones de la resolución de la Agencia Valenciana Antifraude (AVAF) por la que se cierra el expediente sobre la prórroga del parking de l’Aigüera de Benidorm al haber dado el Ayuntamiento cumplimiento a las recomendaciones efectuadas por este órgano autonómico.
Así se recoge en el documento de la propuesta de la que se ha dado cuenta en el pleno de este viernes y que no requería la votación. Como ya publicó este diario, la entidad valenciana emitía una resolución sobre la investigación por la prórroga del contrato del parking de l’Aigüera de Benidorm que se llevó a cabo en 2021 y hasta febrero de 2023. El órgano valenciano veía indicios de «presunto fraude de ley» en la decisión aprobada por el Ayuntamiento y cuantificaba en cerca de 600.000 euros el perjuicio producido a las arcas públicas en ese tiempo.
Este procedimiento se inició en 2022 cuando el grupo municipal de Ciudadanos (Cs) con representación en la anterior legislatura en la corporación denunció en 2022 dicha prórroga cuando el contrato ya llevaba un año caducado mientras el gobierno local tramitaba la gestión directa del parking. La Agencia Valenciana Antifraude hizo sus recomendaciones mientras el Tribunal de Cuentas archivaba la causa abierta en este sentido. El Ayuntamiento acordó iniciar la revisión de oficio de este expediente tras una investigación y la resolución de la Agencia Valenciana Antifraude; de esta manera cumplía con una de sus recomendaciones.
Ahora, la AVAF declara «definitivamente concluidas las actuaciones en la fase de seguimiento del expediente sobre la Concesión explotación aparcamiento subterráneo L’Aigüera, habida cuenta de la aceptación y cumplimiento de las recomendaciones efectuadas por parte del Ayuntamiento«, según recoge la resolución. Con todo, la entidad valenciana recoge en su escrito que el Ayuntamiento de Benidorm deberá comunicar «a esta agencia la resolución judicial que recaiga en el proceso contencioso-administrativo que se ha iniciado a raíz de la interposición de recurso contra el acuerdo municipal de 27 de mayo de 2024 por la mercantil FCC», quien era la adjudicataria de esa prórroga, y que ha recurrido precisamente la anulación de la misma.
El Ayuntamiento aprobó en el pleno de octubre por unanimidad rechazar las alegaciones presentadas por la anterior concesionaria contra la anulación del mismo acuerdo sobre la prórroga, una anulación que estaba avalada por el Consell Jurídic Consultiu. La aprobación de este punto lleva aparejada la liquidación provisional que fue aprobada por el Ayuntamiento y que arrojaba un saldo favorable al Consistorio de 644.591,63 euros tras el informe favorable del departamento de Ingeniería Municipal del pasado 26 de agosto. La mercantil había formulado un escrito de oposición a dicha liquidación y reclamaba a su vez una compensación por el impacto económico del Covid-19, algo que fue calificado por el departamento de Ingeniería de extemporáneo «y que no constituye objeto de valoración en el presente procedimiento».
Una postura que contaba además con informes favorables de Contratación y Secretaría del Ayuntamiento para que dicha liquidación fuera elevada a definitiva y que tomaba en consideración el mantenimiento del equilibrio económico de la relación contractual para evitar perjuicios a la hacienda pública local. El acuerdo plenario daba por finalizada la fase de liquidación del contrato y el mismo era notificado a la propia mercantil y a la entidad avalista, así como a la Agencia Valenciana Antifraude para su conocimiento.
Una de las votaciones del pleno ordinario de Benidorm de este viernes. / INFORMACIÓN
Rescisión con la urbanizadora del polígono industrial
El pleno acordó con los votos a favor del PP y Vox y la abstención de siete ediles del PSOE rescindir la condición de agente urbanizador del sector PP 3/1 a la mercantil Terra Village Land, al haberse superado el precio del contrato inicial en un porcentaje superior al límite que establece la ley; en concreto, después de que «se haya superado en más del 50% de los costes de urbanización originales», según explicó la concejal de Urbanismo, Lourdes Caselles.
La legislación urbanística establece que cuando se produce este incremento de precio «solo cabe resolver la condición de agente urbanizador de manera automática, sin que exista responsabilidad del urbanizador», al no haber causa de resolución culpable, sino una «causa objetiva».
Como ya publicó este diario, el expediente se inicia en el año 2001, cuando el pleno del Ayuntamiento aprueba provisionalmente y adjudica la condición de agente urbanizador de este sector a una mercantil que posteriormente llevará el nombre de Terra Village, una empresa participada, entre otros, por los promotores Enrique Ballester y Enrique Ortiz. En el 2002 se aprueba definitivamente el programa y se adjudica su urbanización, cuyas obras se valoraron en 26.488.703,23 euros.
La concejala explicó que este plan parcial fue planeado en el Plan General de 1990 y que sus obras fueron «paralizadas por las exigencias e imposiciones del Ministerio de Fomento al poco de ser iniciadas, obligándonos a ejecutar una rotonda y un vial al municipio de Benidorm, que le correspondería hacer al Ministerio» por ser la administración competente. Tras esta paralización y la solicitud de un préstamo por parte del consistorio para ejecutar estas infraestructuras, «hubo que presentar un proyecto de modificación con las obras que ya se han ejecutado y un proyecto de terminación del sector» con una retasación que, según los informes técnicos, «queda patente un incremento de costes que excede en más de un 50 %” sobre los costes iniciales».
La responsable de Urbanismo responsabilizó de este revés a «las exigencias por parte del ministerio», a los que también ha sumado «los retrasos del Botànic en aprobar la modificación del Plan Parcial», impidiendo el desarrollo de este sector comercial «sin asumir ningún porcentaje de una obra que le debería corresponder íntegramente a Fomento».
A partir de ahora, según Caselles, se dará un plazo de audiencia de 10 días a Terra Village. En caso de que en el periodo de alegaciones la empresa se oponga a la resolución del contrato, el expediente deberá remitirse al Consell Jurídic Consultiu. Si no se opone, el asunto se resolverá directamente en sede municipal sin necesidad de dictamen externo. Asimismo, una vez resuelto el contrato, se deberá proceder a la comprobación, medición y liquidación de las obras realizadas y del programa.
Por su parte, el PSOE explicó que su abstención era «por la falta de transparencia del expediente, la injustificada urgencia y secretismo en su tramitación y porque de nuevo está implicado Enrique Ortiz». El portavoz adjunto, Sergi Castillo, argumentó que todo este proceso les planteaba dudas y preguntas que le lanzó a Caselles. «Con casi un 70 % de la inversión realizada y un presupuesto de más de 30 millones de euros, estamos tomando una decisión que afecta a 20 millones de euros, que supuestamente ya habría invertido Terra Village. Es muchísimo dinero. ¿Qué pasará ahora? ¿Lo tendrá que poner el nuevo urbanizador? ¿Y si nadie acepta las condiciones, lo pondrá el Ayuntamiento? ¿Cuánto nos puede costar y cuántos impuestos habrá que subir o servicios sacrificar?», indicó el edil socialista además de indicar el «temor» que le produce al PSOE la decisión tomada.
Castillo arremetió contra el PP y este asunto volviendo a recordar los asuntos que Ortiz ha gestionado en Benidorm e indicando si el gobierno local se había reunido con el empresario en el tema del polígono. Caselles contestó que «el único partido que se ha reunido con él es el suyo», por el PSOE.
El edil socialista recalcó que la concejala popular «no ha sabido o no ha querido dar respuesta» a todo lo planteado y «no nos ha aclarado por qué ahora deciden retirarle la condición de urbanizador a la mercantil si había desde hace años informes técnicos en los que aparecen múltiples incumplimientos, ni tampoco cuándo se terminará la urbanización del polígono, si va a retirar Terra Village el recurso que presentó en el contencioso, o si han llegado a un pacto secreto para no enfadar a Ortiz».
El portavoz de Vox, José Miguel San Martín, solo añadió que, «después de ver el informe técnico y que la retasación supera el 50 %, no vemos inconveniente de resolver el contrato, ya que así también lo recomienda el departamento jurídico».
Otros asuntos de pleno
Otro de los asuntos que también ha salido adelante por unanimidad es la propuesta del concejal de Seguridad Ciudadana para iniciar el procedimiento de concesión de distinciones y condecoraciones por parte de la Generalitat Valenciana a un miembro del Cuerpo de Policía Local; en concreto, la Cruz al Mérito Policial con Distintivo Azul, en favor del agente Javier Jiménez Simarro, por sobresalir con notoriedad y perseverancia en el cumplimiento de los deberes de su cargo, constituyendo una conducta ejemplar y tras haber prestado más de 10 años de servicio y estar en posesión de dos felicitaciones públicas.
Los grupos municipales de PP y PSOE también han sacado adelante, con la abstención de Vox, la declaración institucional del Ayuntamiento de Benidorm con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. El texto pone de relieve que este año se ha producido “un avance crucial en el ámbito europeo” con la aprobación de la directiva 2024/1385 del Parlamento Europeo, una norma que “marca un hito en la protección de los derechos de las mujeres, estableciendo medidas para combatir la violencia de género y garantizar el acceso a la justicia y la protección de las víctimas y obliga a los Estados miembros a adoptar medidas que fortalezcan los servicios de apoyo, aseguren una adecuada respuesta penal mediante la tipificación de nuevos delitos, como por ejemplo el ciberacoso, y que promuevan la cooperación transfronteriza, garantizando que ninguna mujer quede desprotegida por las fronteras internacionales”.
La propuesta, consensuada a través de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) recuerda que desde el año 2003 en España más de 1.279 mujeres han sido asesinadas a manos de sus parejas o exparejas y que, en lo que llevamos de año, 32 menores han quedado huérfanos debido a la violencia machista. La edil de Igualdad, Ángela Zaragozí, que también ha recordado que en lo que llevamos de 2024 son ya 42 las mujeres asesinadas, ha lamentado que esta declaración institucional no haya podido salir delante de manera unánime debido a la negativa de apoyarla por parte del edil de Vox, a pesar de ser un texto consensuado tanto en el seno de la FEMP como por el Consejo Comarcal de Igualdad, entre otras instituciones.
Por unanimidad de todos los miembros de la Corporación ha sido ratificada la concesión de la Medalla Corporativa de la ciudad a María Botella Soler, la presidenta del Grupo de Autoayuda para Mujeres con Cáncer de Mama y Ginecológico, Anémona Marina Baixa. La entrega de esta medalla se producirá el próximo viernes, 6 de diciembre, en el acto institucional del Ayuntamiento de Benidorm por el Día de la Constitución Española, que tendrá lugar a las 10 de la mañana en el Aula del Mar.
Por último, dentro de los asuntos en trámite de urgencia, el pleno también ha debatido desestimación del recurso de reposición interpuesto por dos representantes del sindicato CCOO en el Consistorio en contra el acuerdo plenario del 30 de septiembre donde se aprobó la VPT del colectivo de la Policía Local y la modificación de la RPT del Ayuntamiento. Esta desestimación, defendida por la edil de Recursos Humanos, Ana Soliveres, salió adelante por unanimidad de la corporación.
