La gran pregunta política tras el 29-O es si la sociedad permitirá a Carlos Mazón pasar página. Un mes después de la gran riada, la situación del president de la Generalitat es delicada, con lo que se ha ido conociendo en estos 31 días de la gestión del día D y los posteriores, pero él está dispuesto a resistir. Sabe que cada minuto cuenta a su favor. Un mes después, Mazón camina sobre una cuerda tensa entre el pasado y el futuro. Su objetivo es que prevalezca la ilusión de la reconstrucción frente al peso de un día que nunca olvidará.
El 9 d’Octubre, día de la Comunitat Valenciana, Mazón era un político lanzado. La tradicional encuesta que publican los periódicos de Prensa Ibérica esa jornada lo situaba con un importante crecimiento en intención de voto después de quince meses en el Palau de la Generalitat y cerca de la mayoría absoluta, la barrera que sitúa a los barones del PP en un nivel superior, la liga donde juegan Isabel Díaz Ayuso y Juanma Moreno. Era un logro para un político que llegó al liderazgo del PPCV de la mano de Pablo Casado y Teodoro García Egea y que había demostrado astucia y arrestos cuando se apresuró a firmar un pacto de gobierno con Vox en contra del criterio de Alberto Núñez Feijóo. Aquel paso arriesgado ha quedado como una de las razones de la posterior derrota electoral del líder nacional y puede computar en todo lo que pase con Mazón a partir de ahora y hasta 2027, fecha de las próximas elecciones autonómicas, si no hay adelanto, decisión que solo está en sus manos.
El 3 de noviembre, no había pasado ni un mes, no quedaba nada de aquel presidente crecido y ufano del 9 de octubre. Ese domingo recibía al lado de los reyes y Pedro Sánchez una lluvia de barro e insultos en su visita a Paiporta, la zona cero de la inundación. Ese día empezaba a escuchar un grito que se ha hecho habitual: «Mazón dimisión».
La indignación popular se hacía manifestación el fin de semana siguiente, con 130.000 ciudadanos en el centro de Valencia convocados bajo el lema de la dimisión del presidente, aunque también expresando su ira contra la actuación de Pedro Sánchez.
La indignación popular se hacía manifestación el fin de semana siguiente, con 130.000 ciudadanos en el centro de Valencia convocados bajo el lema de la dimisión del presidente, aunque también expresando su ira contra la actuación de Pedro Sánchez.
Entre medias, el 29 de octubre, el día de la «avenida relámpago», con precipitaciones nunca registradas (hasta 770 litros por metro cuadrado en Turís) y una barrancada histórica que ha anegado parte de la Ribera, el interior y, sobre todo, el área metropolitana de Valencia, una zona de gran concentración industrial y alta densidad de población, asentada en muchas casos en terrenos inundables cuya protección se ha demostrado insuficiente.
Ese 29 es también el día de una reacción tardía y confusa de las autoridades valencianas. El centro de coordinación de la emergencia (el ya famoso Cecopi) no se reúne hasta las 17.00 horas, a pesar de que desde la mañana existía alerta roja meteorológica y también hidrológica por las crecidas del río Magro y del barranco del Poyo. A esa hora Utiel ya había sufrido inundaciones con víctimas mortales y había un camionero desaparecido en la Ribera. Mazón no acude al centro, reunido en la sede de Emergencias en l’Eliana, hasta pasadas las 19.00 horas.
Por la mañana había mantenido su agenda, con diversos actos, y había hecho declaraciones señalando una previsión de primera hora que pronosticaba que la tormenta se alejaría hacia la serranía de Cuenca hacia las 18.00. La Universitat de València y la diputación provincial habían tomado el día anterior y esa misma mañana medidas para que alumnos y empleados se quedaran en sus casas.
Mazón a las 15 horas se va a una comida, no incluida en su agenda oficial, que primero fue «privada» y luego «almuerzo de trabajo». Está hasta las 18.00, informó días después Presidencia. La comida se mantendría envuelta en secretismo hasta el 9 de noviembre, cuando se desvela el misterio: estaba con una conocida periodista, expresentadora de la televisión pública, Maribel Vilaplana, para ofrecerle la dirección de esta, según la versión del Consell y la profesional.
Por la mañana había mantenido su agenda, con diversos actos, y había hecho declaraciones señalando una previsión de primera hora que pronosticaba que la tormenta se alejaría hacia la serranía de Cuenca hacia las 18.00. La Universitat de València y la diputación provincial habían tomado el día anterior y esa misma mañana medidas para que alumnos y empleados se quedaran en sus casas.
Volviendo a la jornada, mientras el president se iba a la comida, su equipo de confianza (todos de Alicante) se dispersaba, como un día normal. El director de gabinete se iba a Xàtiva a un asunto «particular», el secretario autonómico de Relaciones Institucionales marchaba a Alicante a media mañana y el director general de Comunicación hacía lo mismo a las 17.00.
En conclusión, el president vivió la tarde del peor día de la historia moderna de la Comunitat Valenciana políticamente mal informado y sin la agudeza para reaccionar a tiempo. Porque lo importante no era dónde estaba aquella tarde (donde se puso el foco informativo durante días), sino dónde no estaba: en el centro de la gestión de la emergencia ante la mayor catástrofe natural.
Una vez que Mazón llega, el mensaje telefónico de alerta masiva a toda la provincia se envía a las 20.12 horas. El barranco ya estaba desbordado en numerosos puntos. La tragedia ya era un hecho.
El president vivió la tarde del peor día de la historia moderna de la Comunitat Valenciana políticamente mal informado y sin la agudeza para reaccionar a tiempo
A partir de ahí llega la respuesta, sentida como lenta por los afectados. Hay que tener en cuenta la complejidad por la cantidad de territorio y municipios devastados y las infraestructuras destrozadas. Pero se producen también dudas sobre la movilización del ejército y a quién le compete esa acción.
Empieza la batalla de relatos, situada en un clima de polarización extrema, que se ha alimentado además en este mes de tragedia.
Es el 2 de noviembre, cuatro días después de la riada, cuando Mazón pide 5.000 militares más. Lo hace minutos antes de una declaración institucional del presidente del Gobierno en la que este afirma al Consell que «si necesita más recursos, que los pida», que el Ejecutivo central «está listo para ayudar».
La frase es otro de los hitos de la crónica del mes, como la orden de la consellera Nuria Montes a las familias para no ir a la morgue habilitada, la ignorancia sobre las alertas de la consellera de Emergencias, la comida de Mazón, el barro a los reyes, la manifestación ciudadana, la comparecencia de Mazón en Corts con muy escasas dosis de autocrítica, como la de Sánchez, el tono de la ministra Robles con unos vecinos y la reforma del Consell.
La frase tiene que ver con la tesis mantenida por Feijóo desde el principio: la necesidad de una declaración de emergencia nacional por el Gobierno, que supone tomar el control y quitárselo a la Generalitat, posición en la que ha estado también Compromís y de la que Mazón ha estado al margen.
Y la frase se enmarca también en la batalla de relatos sobre lo sucedido, otra de las claves de este mes, batalla que pivota sobre dos preguntas simples: quién es responsable de la gestión del 29 de octubre, que deja más de 220 muertos, y quién debía estar al mando de la respuesta.
La posición de la Generalitat
Con todos los focos sobre sí, la Generalitat de Mazón se ha defendido colocando la mirada sobre las previsiones de la Aemet y denunciando el presunto «apagón informativo» de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) sobre la crecida del barranco del Poyo durante las horas críticas. Se trata de dos entidades del Gobierno central. El Ministerio de Transición Ecológica, en manos de Teresa Ribera hasta esta semana, ha exhibido la relación de correos de ese día remitidos por la CHJ y las dos expulsiones de los responsables del Gobierno (la primera, por más de una hora) de la reunión telemática del Cecopi aquella tarde.
La batalla sigue en pie, como se vio este miércoles en la comparecencia en el Congreso de Sánchez, con lo que implica a su vez de confusión (los bulos son otro elemento sin el que es imposible resumir este mes) y descrédito de las instituciones y la política, las otras damnificadas de esta dana.
Mazón sabe que el futuro le interesa más que el pasado (lo sucedido el 29 y los días posteriores). Así, antes de un mes ha ejecutado una remodelación de gobierno, con la que se desprende de las conselleres más marcadas (Montes y Salomé Pradas, titular de Emergencias), y deja el mando de la reconstrucción en un teniente general en la reserva (Francisco Gan Pampols), con el mensaje que implica de intentar alejar el debate político de esta recuperación. El militar no ha llegado libre de polémica: ha dejado claro que no aceptará directrices políticas y ha obligado a romper el tope salarial que existía para consellers para mantener su retribución actual.
Mazón ya no tiene escudo. El inicio de esta etapa es la prueba del camino áspero que espera al jefe del Consell en su intento de sobrevivir políticamente al 29-O.
