Juan Lobato, desde este miércoles ex secretario general de los socialistas madrileños, se sentará este jueves ante el magistrado del Tribunal Supremo Ángel Hurtado. Tras una semana hablando de un acta notarial que solo su autor conoce, Lobato tendrá que mostrársela al instructor de la causa abierta contra el fiscal general del Estado por la posible revelación de secretos del novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador.
Solo unas horas después de que se hiciera público que el ex dirigente socialista había registrado ante notario el intercambio de mensajes sobre documentación reservada del caso de González Amador con Pilar Sánchez Acera, miembro del gabinete de Pedro Sánchez, el magistrado citó como testigo a Lobato.
Expectantes en Sevilla
Será la primera vez que alguien que ha ocupado la Secretaría General del PSOE de Madrid declare ante el Alto Tribunal, y Lobato decidió quitarse los galones del partido y dimitir antes de hacerlo. También no acudir a Sevilla al congreso federal que empieza hoy mismo, donde su presencia podría interpretarse como una provocación ante la crisis abierta en el partido y con unas primarias previstas para la próxima semana. Todo el PSOE estará en la ciudad andaluza, pero gran parte de los asistentes estarán mirando hacia Madrid, expectantes ante lo que pueda venir justo después de la declaración de Lobato.
Aunque acudirá solo, el hasta ahora portavoz socialista en el parlamento autonómico ha preparado su paso por el Tribunal con un abogado en su casa de Soto del Real, donde pasó el día de ayer. Como testigo está obligado a decir la verdad y no precisa ir acompañado de un letrado, pero necesitaba saber el tipo de preguntas que le pueden plantear, hasta dónde llegar en sus respuestas e incluso tener claro qué itinerario tiene que seguir esta mañana cuando llegue al alto tribunal.
Él ha apuntado que está muy tranquilo, pero en su partido no todos lo están. El contenido del acta notarial puede mostrar indicios de que Sánchez Acera pudiera haberle enseñado, antes de su publicación en los medios, el correo que el abogado del novio de Ayuso envió a la Fiscalía para ofrecerle un pacto que le evitase ir a juicio por fraude fiscal, documentación reservada solo a las partes.
Consecuencias para el Gobierno
Lo que se sabe seguro es que Lobato mostró ese correo el 14 de marzo en una sesión de control en la Asamblea de Madrid, que él asegura que sacó de un medio de comunicación. Pero cuando se imputó al fiscal general por su posible responsabilidad en la filtración del documento el ex dirigente socialista decidió levantar acta de esa conversación con su compañera de partido para tener una prueba de que él no había cometido ningún hecho delictivo.
Lo que muchos temen en el PSOE es que tras esa declaración el magistrado llame a declarar a Sánchez Acera. La duda es si lo hará también como testigo o directamente como imputada. Su paso por el tribunal podría a su vez complicar el camino a su entonces jefe, Óscar López, hoy ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública y probable sucesor de Lobato en la dirección del PSOE de Madrid.
Antes de conocer el contenido de esa acta y de lo que pueda explicar Lobato ante el magistrado, la acusación popular que ejerce Manos Limpias ya ha solicitado mediante un escrito a Hurtado que cite como testigo a Sánchez Acera. Creen que resultaría útil porque podría esclarecer quién realizó «la difusión de información secreta» sobre la pareja de Isabel Díaz Ayuso, de forma que podría conocerse si el origen estuvo en «García Ortiz u otra persona».
Lobato se ha retirado de la carrera de las primarias porque sus apoyos han ido menguando desde que se supo lo del notario. En la dirección nacional ya habían mostrado de distintas maneras que no le querían en el cargo, pero él confiaba aún en la militancia. Sin embargo, en la federación madrileña muchos compañeros tampoco han entendido lo que ha hecho, una parte lo considera una «deslealtad» hacia su compañera y hacia el propio partido. Pero está por ver si la percepción cambia algo cuando se conozcan el resultado y las consecuencias de su declaración ante el Supremo.
