El martes 29 de octubre a las cinco de la mañana un tren de tormentas formado sobre la zona de Alzira, en Valencia, se desplaza hacia el noroeste de la provincia, a localidades como Llombai, Chiva, Buñol, Turís y las sierras de Utiel. A las siete y media Aemet actualiza su previsión, la primera de muchas, y del nivel máximo naranja pasa al rojo. Las inundaciones, ya severas y con numerosas pérdidas materiales, dejan multitud de imágenes impactantes de lo que será un día trágico. La virulencia de esas precipitaciones tempranas es solo un aviso de la magnitud de una gota fría anunciada desde hacía tres días. Aunque a las diez de la mañana se despeja y parece dar una tregua, a las doce se reactiva en el mismo punto de la comarca de la Ribera Alta y el viento de levante la empuja de nuevo hacia las cabeceras. Lo peor aún está por llegar. Además, un río atmosférico cargado de vapor que circula a gran velocidad desde el África ecuatorial interacciona con la DANA. La alimenta e intensifica sus efectos. El desastre empieza a gestarse. Todo eso ocurrió en el cielo. Es lo único cierto.
En la tierra, la gestión política, varios pasos por detrás, dejará ese día un reguero de incógnitas. El Gobierno ha pedido a la Generalitat Valenciana copia de la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi), el órgano de coordinación de diferentes agencias de la Generalitat, el Estado o la Diputación de Valencia vinculadas a la gestión. La respuesta es negativa: no hay ni acta ni cintas, a pesar de que las nueve horas de reunión, desde las cinco de la tarde hasta más de las dos de la mañana, tuvieron formato mixto. Algunos integrantes estuvieron físicamente en el centro de Emergencias. Otros se conectaron por videoconferencia. Con instrucciones judiciales en el horizonte, los testimonios y los documentos serán esenciales para reconstruir unas horas críticas repletas de puntos ciegos.
El retraso del CECOPI
Los servicios meteorológicos (desde Aemet hasta À Punt) llevaban días alertando de la llegada de un evento meteorológico extremo. Esa mañana, instituciones con competencias en seguridad cancelan agendas y se ponen en guardia: lo hizo la Diputación de Valencia; lo hizo la Delegación del Gobierno, que a las 9 y media de la mañana reúne a todas sus agencias. Entre ellas la Unidad Militar de Emergencias (UME).
Durante la mañana, la DANA fue avisando de la gravedad. En esas primeras horas la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, ofrece a la entonces consellera, Salomé Pradas, los efectivos de la UME. No hay respuesta. Pradas y su número dos, Emilio Argüeso, acuden a la comarca de la Ribera alertados por las noticias que llegaban. Es allí, en el despacho de la alcaldesa de Carlet, Laura Sáez (PP), donde a las 15 horas se declara la emergencia 2 por inundaciones en la la zona de Utiel-Requena, lo que implica la movilización de la UME y la convocatoria del Cecopi. Pero aún pasarían dos horas hasta que el órgano se reúna, a las 17 horas. En la revisión de aquel día, se ha comparado esta gestión con la de la anterior DANA de 2019, cuando se reunió el Cecopi 48 horas antes. La convocatoria llega más tarde a las instituciones, a las 16:18 horas en el caso de la Delegación del Gobierno, con Bernabé camino de Utiel, lo que hizo que regresara a su despacho y se conectaran telemáticamente, como la Confederación Hidrográfica del Júcar, la Aemet o la UME. Es un detalle que cobrará importancia más adelante.
La agenda de Mazón
El president es el gran ausente y su biografía de aquel día todavía hoy tiene huecos por rellenar. Celebró cuatro actos antes de comer. Ninguna de las señales que iban llegando desde el aviso rojo de Aemet a las 7:36 horas le hizo cambiar de planes. Ni los cortes de carreteras, ni los rescates y las inundaciones con animales muertos, de los que él mismo informaba a la prensa tras uno de esos actos de la mañana; ni el primer desaparecido en la Ribera, ni la alerta hidrológica en los pueblos del barranco del Poyo (12:20 horas). Tampoco las preocupantes noticias que iban llegando de Utiel o Chiva, ni el despliegue de los militares de la UME en territorio valenciano (15 horas). Tras un encuentro al mediodía con los agentes sociales se marchó a una larga comida con la periodista Maribel Vilapana para ofrecerle la dirección de À Punt. El encuentro en el restaurante El Ventorro se prolongó hasta las 17:45 horas. No trascendió durante diez días. Primero se habló de una comida privada, luego de un almuerzo de trabajo. El dirigente empresarial Salva Navarro tuvo que desmentir que comiera con el president ese día. «Mantuve mi agenda plenamente consciente de cómo estaba la situación», se reafirmó Mazón en las Corts, en su comparecencial de 15 de noviembre. Su justificación es que, formalmente, no forma parte del Cecopi, y hasta las siete de la tarde todo estaba más o menos controlado.
Tras acabar aquella comida con Vilaplana, aún transcurre hora y media hasta su llegada al centro de emergencias, pasadas las 19 horas, aunque fuentes del Cecopi lo retrasan aún más. Presidencia tampoco ha aclarado qué hizo en ese lapso. En ese margen, entre la comida y el Cecopi, se produce una llamada (18:28 horas) al alcalde de Cullera, Jordi Mayor, en la que según el alcalde no se habla del temporal, y se desprende que Mazón está teniendo una conversación en la que ha aparecido el nombre del primer edil.
La agenda de Mazón de ese día tiene huecos: los conectados por video en el Cecopi lo ven a partir de las 20 horas
La CHJ y el «apagón informativo»
La Generalitat ha armado su relato de defensa en que faltó información, en que la atención esa tarde en el Cecopi se centró en la situación del embalse de Forata y en la ausencia de correos específicos por parte de la CHJ en torno al crecimiento del barranco del Poyo, en concreto entre las 16:13 y las 18.43 horas. Es cierto que no llegaron correos específicos sobre el caudal porque durante varias horas hay un descenso. Es a partir de las las 17:15 cuando se inicia un incremento que vuelve a situarse en apenas media hora al mismo nivel que a las 12:20 de la mañana había generado una alerta hidrológica nunca desactivada. Pero el flujo de mensajes que advierten sobre las explosivas lluvias en la cabecera sigue sucediéndose, con los acumulados en una hora y en cuatro horas en Chiva (16:26 y 16:46). Cuando el Cecopi arranca a las cinco de la tarde, hay otros dos correos, a las 17:27 y a las 17:57, sobre la intensidad de las precipitaciones en Chiva y en la rambla del Poyo. Además, el Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) sigue escupiendo datos en tiempo real cada cinco minutos del sensor situado en Riba-roja de Túria, el único de esas características en ese barranco. A las 18:43 llega el correo que refleja la crecida. Minutos después la lengua de agua, cañas y barro se lleva por delante el caudalímetro, que a las 18:55 deja de emitir señales. ¿Qué falló? Para el Gobierno valenciano, la CHJ debería haber informado más y mejor. Señala que incumplió su protocolo de información. La CHJ recuerda que, según el plan de inundaciones, su competencia es sobre los grandes ríos y las presas (de ahí que se centrara en Forata).
Lo cierto es que el plan especial de inundaciones recoge otros ocho puntos de control manuales en el Poyo. Se trata de unas escalas situadas en Chiva, Cheste, Riba-roja, Godelleta, Torrent, Picanya, Paiporta y Massanassa, cuyo seguimiento han de llevar a cabo distintos organismos como Bomberos de la Generalitat, Guardia Civil, Brigadas de la diputación o agentes ambientales. La alerta hidrológica de la mañana ya tendría que haber desencadenado toda una serie de intervenciones por parte de los municipios ribereños, así como de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias. Paradójicamente, la Dirección General de Medio Natural y Animal había pasado una instrucción a mediodía a sus agentes ambientales para que realizarán su trabajo «en instalaciones seguras y avisarán al jefe de comarca de su ubicación».
Los alcaldes fueron convocados a una reunión sobre el riesgo de Forata a las 18:45 horas y se quedaron esperando
El otro apagón, el de los alcaldes
La información recibida por los alcaldes es otro de los puntos cuestionados. «No nos llegó ningún aviso», dijo la alcaldesa de Paiporta, Maribel Albalat (PSPV) horas después de la barrancada del Poyo. En el otro frente, el de la crecida del Magro, también ha habido denuncias, como la del alcalde de Algemesí, José Javier Sanchis (PP) de que nadie les avisó. El flujo informativo, en este sentido, también ha sido controvertido. Los municipios de la rambla del Poyo recibieron la alerta hidrológica emitida a las 12.20 horas por el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat. A las 17.30, se remitieron correos a los pueblos de la ribera del Magro y del Júcar, hasta Cullera.
Hay indicios que apuntan a una gestión mejorable de la información. Dos exalcaldes señalaron haber recibido llamadas en esas horas desde Emergencias en las que el interlocutor creía que seguían ostentando la vara de mando. Por la tarde, tras el agravamiento de la situación en la presa de Forata, se convocó a los alcaldes ribereños a una reunión telemática a las 18:45 horas: cuando estos se pusieron delante de la pantalla, estaba en negro. Otros mandatarios municipales ni siquiera fueron convocados.
En la situación extrema que se vivió el día 29 parece que fueron determinantes los contactos de los alcaldes para gestionar la crisis. Frente a la desinformación de la que hablan algunos munícipes, otros como la alcaldesa de Carlet, Laura Sáez (que fue asesora del delegado del Gobierno en tiempos del PP), sí estuvo en contacto todo el día directamente con la delegación y la CHJ. Ella misma contaba en directo a las seis y media en À Punt que tras hablar con el organismo estatal tenía la información de que el pueblo se iba a inundar. Tomó medidas y no hubo fallecidos. La delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, llamó a 25 alcaldes ese día. El presidente de la CHJ, Miguel Polo, estuvo en contacto con concejales, alcaldes, comunidades de regantes y vecinos de municipios como Carcaixent, Barxeta, Albaida, Carlet, Algemesí, Montroi, Fortaleny, Albalat de la Ribera, Riola o Cullera, además de intentarlo con alguno como el alcalde de Real, pero las comunicaciones estaban caídas.
¿Qué pasó en los recesos? El fundido a negro del gobierno
«Se apagaba la cámara y se cerraban los micros, así que era imposible saber lo que estaban debatiendo, o decidiendo, porque no lo compartían». Así recuerdan los asistentes de forma telemática a la reunión del Cecopi el 29 de octubre -los tres representantes del Estado-, su exclusión de las deliberaciones en dos momentos de la tarde. El primero fue un simple receso de unos minutos nada más arrancar el gabinete de crisis. En el segundo, entre las 18 horas y las 19 horas, el debate ya estaba centrado en los mensajes que querían enviar a la población. Pero «la pantalla se fue a negro» para los representantes de la Delegación del Gobierno, la Aemet y la Confederación del Júcar, como desveló la ministra Teresa Ribera. En Emergencias siguieron trabajando, pero con los organismos del Estado desconectados. Eso cambia a partir de las 19 horas. A las 19:05 horas, la alcaldesa de Paiporta llama a la delegada del Gobierno para advertirle de que su pueblo se está inundando. A las 19:06, la delegada llama a la consellera para avisarle; a las 19:10 se reanuda el Cecopi. Aún habrá un breve receso en torno a las 19:30 horas. Sobre las 20 horas, los conectados por videoconferencia ven a Mazón por primera vez esa tarde. Faltan unos minutos para el envío del SMS.
La demora del EsAlert. Es el elemento central de la trama, un aviso que llegó objetivamente tarde
Desde hace dos años, la Generalitat cuenta con el sistema EsAlert, un aviso masivo a los móviles para advertir de peligros. El mecanismo fue probado en modo piloto, presentado a la sociedad por el anterior gobierno en octubre de 2022 y activo desde este año, como indican documentos del actual Ejecutivo autonómico. La confusión que ha presidido la comunicación de la crisis llevó a la consellera Pradas a decir que hasta las ocho de la tarde de ese día no conocía la existencia de ese sistema. ¿Por qué no se envió antes? Mazón, en las Corts, justificó que se envió cuando tocaba, ante «la gravedad de la situación de Forata», tras recibir una llamada del secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, alertando sobre el riesgo de la presa. Una decisión colegiada, insistió, «acertada de la Dirección de la Emergencia, de todo el CECOPI, donde están todas las administraciones». El mensaje llega a las 20horas y 10 minutos, con muchos municipios inundándose y cientos de conductores atrapados en las carreteras.
No obstante, a las seis, con la declaración del escenario de riesgo de presa, el presidente de la CHJ, Miguel Polo, ya pone sobre la mesa la necesidad de avisar a la población por la enorme preocupación ante la inestabilidad de Forata. Planea el fantasma de la pantanada de Tous. Desde las 19 horas, la reunión se centra en el aviso. Se abordaron diferentes escenarios. Pedir a la población que se confinara en sus viviendas y sus trabajos. Se descartó. También se planteó la posibilidad de la evacuación, pidiendo a las poblaciones cercanas a la presa de Forata que se movieran a las partes altas de sus poblaciones. De nuevo se rechazó. Había dudas: sobre el alcance jurídico de las medidas (hubo polémica en la pandemia), sobre si sería un riesgo pedir a la gente que saliera de casa ante una hipotética rotura de la presa, sobre si enviarla a una comarca, a dos o a toda la provincia. También se realizó la gestión de avisar al Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias (CENEM) del envío. Con todo, el mayor atasco se produjo con la redacción. Se quería evitar a toda costa un tono alarmista que provocara un caos. A las 19:32 horas, el presidente de la CHJ advirtió al Gobierno de «la lentitud en la toma de decisiones» y en la demora «para su redacción y ejecución». Una tardanza «más prolongada de lo previsto y deseado», según la alerta de Miguel Polo a Hugo Morán.