El litigio judicial entre el Estado y el Ayuntamiento se mantiene vivo con la decisión del Gobierno de recurrir la sentencia de Primera Instancia que declaró nulo el convenio firmado en 2005 entre ambas administraciones. Pero al mismo tiempo que el Ministerio del Interior apela, la subdelegada del Gobierno en A Coruña, María Rivas, defiende que «siempre» se debe «aspirar a llegar a un acuerdo, independientemente de la cuestión judicial».
Interior justifica que interpondrá el recurso de apelación, ante el mismo juzgado que dictó sentencia, siguiendo la recomendación de la Abogacía del Estado. La alcaldesa, Inés Rey, había mostrado su deseo de que no hubiera apelación para, «una vez que la sentencia sea firme», «se abra un nuevo escenario en el que tendremos que negociar con el Estado» la entrega de la prisión. Esa firmeza llegará con un fallo definitivo, aunque existe la opción de que las conversaciones se entablen antes del definitivo pronunciamiento judicial.
A esa negociación instó este viernes la subdelegada del Gobierno, para quien conversaciones y recurso no son incompatibles porque «la Abogacía del Estado está obligada a revisar este tipo de procedimientos y forma parte del procedimiento». Y también dirigió a ella el Gobierno local, aunque abogó por «aguardar a que se resuelva el recurso», convencido de que la sentencia recurrida «abre un escenario nuevo en el que será preciso volver a negociar desde cero, para eso tenemos toda la disposición», indicaron fuentes municipales. Sobre la apelación estatal, el Ejecutivo local consideró que «es normal que las administraciones recurran defendiendo sus legítimos intereses».
Según la sentencia, Ayuntamiento y Estado nunca tendrían que haberse intercambiado las parcelas de la antigua prisión provincial y la que ahora ocupa, a pocos metros, el Centro de Inserción Social (CIS) que levantó Instituciones Penitenciarias. En la práctica, y si la sentencia se vuelve firme, el inmueble del antiguo penal seguiría en manos del Estado. En cuanto al solar del CIS, el juez considera que el Estado no tendría que devolverlo por ahora porque A Coruña no ha expresado en ningún momento que quiera recuperarlo. Para que el Concello logre la cárcel, habría que negociar otro acuerdo. El fallo evita el pago que el Estado reclamaba en los tribunales, que en el peor de los casos sería de 14 millones.
A la negociación instó este viernes el portavoz municipal del PP, Miguel Lorenzo, porque, defendió, «A Coruña no tiene que pagar de nuevo por esos terrenos», cedidos por la ciudad al Estado para la cárcel. Lorenzo reclamó al Gobierno que invierta en la rehabilitación de la prisión «porque durante todos estos años han dejado que se deteriore». «Le pido a Inés Rey que muestre su fuerza y peso político con este Gobierno amigo», declaró.
La concejala del BNG Mercedes Queixas también dirigió sus reclamaciones a la alcaldesa: «Exigimos al Gobierno de Inés Rey que haga valer su capacidad de Gobierno local para presionar al del Estado para que la cárcel retorne a lo público». Queixas destacó que su formación «siempre» ha defendido esa devolución gratuita del edificio de la prisión al Ayuntamiento y así lo está reclamando en el Congreso de los Diputados.
El edificio de la cárcel abrió sus puertas en 1927 y perdió su uso penitenciario en 1998, aunque estuvo en funcionamiento como centro de inserción hasta once años después. El inmueble, para el que el Estado ha contratado vigilancia privada con el fin de evitar intrusos, carece de un plan de mantenimiento y los daños que registra obligaron a que se vetase su uso aunque fuese para actividades ocasionales. No existe en el Concello un informe que detalle con minuciosidad cada una de las intervenciones que son necesarias para rehabilitarla, aunque se estima que puede ser de decenas de millones de euros.
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