El PP de San Vicente del Raspeig ha dejado por un día a su socio de gobierno y se ha aliado en el pleno con la izquierda en dos cuestiones de derechos sociales: la violencia machista y la inmigración.
Por un lado, los grupos municipales de PP, PSOE, EU-UP y Compromís han consensuado una moción conjunta con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (25N), que incide en la necesidad de seguir trabajando el favor de la prevención y la concienciación social y en refrendar el compromiso firme con los derechos de las mujeres, entre otras reivindicaciones.
La concejal de Derechos Sociales, Mariela Torregrosa (PP), ha pedido «no mirar hacia otro lado» y ha marcado como reto «endurecer las penas, que la ley esté del lado de las víctimas y no dejar de trabajar en mejorar desde todas las administraciones porque nuestra sociedad merece un cambio y está en manos de todos ese cambio».
La edil ha recordado que las cifras evidencian el «fracaso» de la sociedad con más 42 mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en España desde que comenzó 2024 y, en todo el mundo, más de 52.000 víctimas cada año. La moción ha salido adelante y ha contado con el voto en contra de Vox.
De hecho, la concejal de Vox Isabel Domínguez ha cuestionado la efectividad del Ministerio de Igualdad, de las leyes de género y del Pacto de Estado contra la Violencia en cuanto a reducción del número de fallecimientos.
Prevención
Ha demandado, entre otras medidas, la defensa de las víctimas de todo tipo de violencia y el desarrollo de un trabajo de prevención y asistencia y de una ley de violencia intrafamiliar.
Por otro lado, el grupo municipal de Vox ha presentado una moción para el traslado y acogida de inmigrantes ilegales fuera de España que ha sido rechazada en el pleno con el voto en contra de los concejales de PP, EU-UP y Compromís. Durante el debate, el grupo socialista, ha abandonado el salón de plenos como muestra de rechazo.
El concejal de Vox Pablo Quintana ha defendido la propuesta, que rechaza en su texto «la política promovida por el Gobierno central de puertas abiertas a la inmigración ilegal y la apertura de cualquier tipo de centro de acogida de inmigrantes ilegales en nuestro municipio, con el cierre o reconversión de los que estén en funcionamiento y la inmediata expulsión de todos los inmigrantes ilegales que se encuentren en el término municipal», entre otras demandas.
En este punto, la portavoz popular, Mercedes Torregrosa, ha abogado «por una política migratoria de estado integral y firme contra las mafias, pero que compatibilice el equilibrio entre la protección de nuestras fronteras, incorporando más agentes, y el impulso de las vías regulares de migración que deben ir vinculadas al mercado laboral».
El PSOE ha asegurado que «lo que ha ocurrido en el pleno» debe ser un «punto de inflexión» para señalar directamente a Vox por sus constantes discursos de odio hacia una parte de la población por su raza o lugar de procedencia.
Plan antiinundaciones
El Ayuntamiento ha aprobado, esta vez por unanimidad, el Plan de actuación municipal frente al riesgo de inundaciones (PAMRI) del municipio.
El concejal de Seguridad, Adrián García, ha explicado que esta propuesta es «un instrumento esencial a la hora de planificar acciones y gestionar emergencias en respuesta a situaciones de grave riesgo».
También ha salido adelante la ampliación de la prórroga forzosa del contrato del servicio de limpieza viaria y recogida de residuos sólidos urbanos hasta el 30 de junio de 2025, con el voto a favor de los grupos de PP y Vox, la abstención del PSOE y EU-UP y la oposición en contra Compromís.
El concejal de Servicios Urbanos y Mantenimiento, Antonio Díaz, ha recordado que se pretende dar continuidad del servicio para preservar la salud pública y evitar el impacto ambiental hasta la entrada en vigor del nuevo contrato.
En la decisión se ha tenido en cuenta su avanzado estado de tramitación, actualmente en período de valoración de las ofertas. La prórroga está dotada con 3,5 millones de euros.