El concejal de Bienestar Social, Óscar Urtasun (PP), confirmó el lunes en la sesión ordinaria del pleno que el Ayuntamiento de Torrevieja ha abierto un expediente para investigar la supuesta actuación de una trabajadora que atendió a usuarios de Servicios Sociales haciéndose pasar por otras empleadas de la misma concejalía.
El PSOE atribuye esos hechos a una asesora designada por el alcalde, Eduardo Dolón, destinada a reforzar el área de Bienestar Social.
Fue el PSOE en la oposición el que desveló en un pleno anterior la denuncia interna de una trabajadora sobre la actuación de la asesora que, usando su identificación, se había entrevistado con usuarios de los servicios sociales
Apertura de expediente
Urtasun confirmó la apertura del expediente que relataba que una trabajadora se hacía pasar por otra, pero aseguró que el Ayuntamiento desconoce a quién se señala como supuesto usurpador de las funciones porque la primera denunciante no ha respondido todavía a la petición de más información solicitada durante la instrucción del expediente.
Durante el desarrollo del pleno la concejala Carolina Ponce desveló que existe una segunda denuncia de otra trabajadora en el mismo sentido: la asesora del alcalde habría empleado su identificación para tratar a usuarios de Servicios Sociales, en algún caso con menores implicados en la asistencia social que realiza el Ayuntamiento. No está claro cuál era el supuesto objetivo de la asesora del regidor, sin formación para abordar ese tipo de prestación, a la hora de llevar a cabo estas supuestas prácticas, que en cualquier caso siguen bajo investigación interna -desde el punto de vista administrativo- en el área municipal.
Al juzgado
El PSOE ha señalado que el Ayuntamiento ha bloqueado el acceso al expediente a la oposición de esta segunda denuncia, vulnerando su derecho al acceso a la información. El equipo de gobierno ha alegado para denegar la petición que se solicita información en la que aparecen datos de menores de edad. Pero los socialistas han indicado que pueden recibir la documentación sin necesidad de conocer los datos personales de menores, que se pueden anonimizar, aunque la legislación les permitiría incluso un acceso directo a la documentación con todos los datos. Además de Urtasun, la investigación la lleva a cabo el director general Juan Carlos Carmona. Las mismas fuentes han indicado que irán al juzgado para hacer valer sus derechos como representantes públicos al acceso a la información.
