Denuncian que el Gobierno de Almeida dejará sin casa en año nuevo a cientos de personas en situación de extrema vulnerabilidad

Mujeres con menores de edad con enfermedades graves, mujeres víctimas de violencia machista, jóvenes en exclusión social, personas LGTBI que han sufrido discriminación, personas sin hogar y otros perfiles de extrema vulnerabilidad se quedarán en la calle de Madrid a partir del 31 de diciembre y sin alternativa habitacional. La causa de este abandono es que el Ayuntamiento de Madrid, a cargo de José Luis Martínez-Almeida, y la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS) han decidido rescindir el convenio de colaboración que asistía a estos perfiles.

El Área de Gobierno de Políticas Sociales, Familia e Igualdad del consistorio madrileño ha decidido dejar caer la colaboración para la gestión del Programa de Alojamiento Alternativo y Temporal que tenía suscrita con 27 entidades sociales de la capital. La Red Madrileña de lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN), que aglutina a 14 de estas entidades, ha denunciado la “falta de acompañamiento y seguimiento del convenio por parte del Ayuntamiento y la falta de entendimiento entre ambos organismos” tras recibir la comunicación de rescisión del convenio, que se hará oficial el último día del año.

Las entidades pertenecientes a la EAPN aglutinan 82 viviendas en las que acogen a 260 personas en situación de extrema vulnerabilidad que se quedarán sin alojamiento ni alternativa en año nuevo. A estas abultadas cifras habría que añadir, además, las de las otras 13 organizaciones que no forman parte de la EAPN y completarían las 27 entidades sociales que participaban del convenio. “Esto tendrá graves consecuencias para cientos de personas que residen en estas viviendas”, denuncian desde la red madrileña, que según el convenio, por su finalización, deberán estar fuera de los pisos el 1 de enero.

De plan de vivienda a plan de desahucios

ElPlural se ha puesto en contacto con la EAPN para conocer de cerca y en detalle la situación que, según denuncian, va a transformar un plan de vivienda “que está bien” en un “plan de desahucio”. Las viviendas son propiedad del Ayuntamiento y están cedida su gestión a las entidades, pero el convenio les obliga, según su contenido, a dejar las viviendas tal cual se las encontraron una vez finalizada su vigencia. Esto significa cubrir los desperfectos que se hayan podido producir, retirar muebles y demás añadido y, a fin de cuentas, expulsar a las familias.

“Nosotros no vamos a echar a las familias”, garantiza Ignacio Sangüesa, vocal de la Junta Directiva de EAPN Madrid a este periódico. “Lo tendrán que hacer otros y por otras vías”, continúa, “porque la mayoría de entidades no tienen un recurso alternativo y no van a dejar a las familias en la calle”. Dejar un plan de vivienda a medias para, precisamente, expulsar de una casa transitoria al que la está disfrutando para poder dar el salto al mercado es, para la EAPN, “incomprensible”.

Las viviendas, según explican a este medio, permiten a las familias tener cubierta su necesidad habitacional durante un tiempo, mientras consiguen recuperar o construir su alternativa de nuevo. Una vez alcanzada una suficiencia económica y algo de estabilidad laboral se lanzan al mercado de la vivienda y dejan el recurso a una nueva familia con vulnerabilidad externa. El problema, señala Sangüesa, es que con los precios actuales, las peticiones desmedidas de hasta “cinco meses de fianza” o el racismo que sufren muchas personas, rechazadas por los caseros por su mera procedencia, hacen casi imposible dar el salto.

Ayuntamiento y EMVS se lavan las manos

Esta situación del mercado de la vivienda y la el “abandono” de la Dirección General de Familias ha terminado por “cronificar” a muchas de las familias, que no pueden salir del recurso por incapacidad. En consecuencia, desde EAPN ofrecen revisar la situación y buscar nuevos abordajes, pero solicitan que, “aunque sea”, se prolongue el convenio hasta encontrar una solución que evite dejar en la calle a cientos de personas. Asimismo, lamentan que las conversaciones no hayan fructificado hasta ahora.

Pese a todo, las entidades no ceden y solicitan al equipo de Almeida “replantear esta situación y continuar con el convenio”. “Esta medida final no corresponde con las conversaciones mantenidas en los últimos meses en reuniones particulares de nuestras entidades con la empresa pública de vivienda”, critican, asegurando que se les trasladó un mensaje de tranquilidad. Así, reiteran la “necesidad” de prolongar este convenio que permite “atender a estas personas ante la evidente falta de alternativas y en una situación crítica del mercado de la vivienda en Madrid”.

Mientras, desde la EMVS echan balones fuera y aseguran que el decaimiento del convenio responde a un incumplimiento de ciertas cláusulas por parte de alguna de las entidades participantes. Sin embargo, desde la EAPN niegan la mayor y aseguran que los fallos del convenio responden más a la dejadez de la administración y empresa públicas. Concretamente, señalan tres grandes errores:

• La falta de coordinación entre el Área de Gobierno de Políticas Sociales, Familia e Igualdad del Ayuntamiento de Madrid y la EMVS
• La falta de acompañamiento y seguimiento por parte de la administración de los proyectos, sin seguir los criterios que se establecen en el convenio
• La situación crítica de la vivienda de Madrid