Filomena, el terremoto en Lorca, la erupción volcánica de La Palma o el paso de la DANA por el sureste del país que ha costado la vida a 227 personas. La acumulación de catástrofes naturales en España pone de manifiesto la necesidad de contar con un buen plan de emergencias que empiece desde una prevención temprana y continúe con una respuesta inmediata. Y para que los servicios de protección civil funcionen correctamente, además de coordinación, requieren de financiación. España, sin embargo, se sitúa en la parte baja de la tabla de los 27 países de la Unión Europea en gasto en servicios de emergencias y protección civil, según datos homogéneos de Eurostat, la oficina estadística de la Unión Europea. Todo ello a pesar de nuestras características singulares, como ser el segundo país en superficie por detrás de Francia, contar con la segunda mayor superficie forestal tras Suecia o haber sufrido la segunda riada más mortífera de Europa en lo que va de siglo.
Según Eurostat, cuyos datos agrupan las inversiones del Gobierno central, las administraciones autonómicas y las locales, España destina 6,2 euros por habitante a servicios de emergencias y protección civil y ocupa el puesto 16 de los 27 países que conforman la Unión Europea, según los datos a cierre de 2022, los últimos disponibles. El país que más destina es Hungría, con 10,9 euros; seguido de Grecia, 10,3 euros, y Austria, 9,8 euros. España está por detrás de países comparables como Italia, que gasta 9,4 euros, o Francia con 7,6 euros, aunque muy cerca de la inversión que realiza Alemania, de 6,3 euros. A la cola de la UE destacan Irlanda con un gasto per cápita de 2,5 euros, Chipre con 3,4 euros o Dinamarca con 3,5 euros.
Eurostat explica que esta comparativa entre los distintos Estados miembros se ha realizado teniendo en cuenta los presupuestos de protección social, asuntos económicos, protección civil, servicios de protección contra incendios y desarrollo de la vivienda. Aquí se incluyen tanto los daños a la propiedad privada causados por inundaciones, terremotos y otras catástrofes, como las ayudas a los afectados, incluidas empresas, gastos en organismos de lucha contra desastres naturales y sistemas de alerta y alarma.
Respecto a otros países, como Italia, donde cuentan con mayor equipación civil, España destaca por su equipación militar, a través de la Unidad Militar de Emergencias (UME), encargada de intervenciones en graves catástrofes que fue creada en 2005 por iniciativa del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. “España tiene un buen sistema de gestión de emergencias”, destaca la médica del servicio de urgencias SUMMA 112 y especialista en Medicina Familiar y Comunitaria de la Universidad CEU San Pablo, Ester Armela. De hecho, “la UME es la envidia de otros países por su formación y equipación de muy alto nivel, por eso vienen a formarse a España con ellos”, esgrime el director de la Cátedra de Seguridad, Emergencias y Catástrofes de la Universidad de Málaga, Jesús Miranda.
Los Presupuestos Generales del Estado de 2024, prorrogados del año anterior, destinaron 443 millones de euros a la Dirección y Servicios Generales de Seguridad y Protección Civil. La cuantía se ha disparado desde los 70 millones en 2015 hasta ahora, principalmente a partir de 2019 por la irrupción de la pandemia. En el caso de la UME, adscrita al Ministerio de Defensa, cuenta con una partida presupuestaria de 42 millones de euros. El Ministerio del Interior ostenta la autoridad superior en materia de protección civil y la Dirección General de Protección Civil y Emergencias es el órgano directivo de asistencia.
Disparidad entre autonomías
Los servicios de emergencias y protección civil están transferidos a las comunidades autónomas, aunque hay competencias locales como los parques de bomberos. Ni siquiera hay una homologación de competencias compartida: el País Vasco, por ejemplo, tiene el presupuesto más alto al incorporar la policía autonómica Ertzaintza con 757 millones, mientras que si solo se tiene en cuenta la partida de emergencias, regulación de espectáculos y meteorología y climatología el gasto se reduce sustancialmente hasta los 11,9 millones, al excluir los servicios de seguridad ciudadana.
Le sigue la Comunidad de Madrid que cuenta con un presupuesto de 203,9 millones destinado a la lucha contra incendios y 290,6 millones para la Coordinación de Emergencias 112. Ambas partidas alcanzan los 494,5 millones de euros, lo que supone 72 euros por madrileño. En tercer lugar se sitúa la Comunidad Foral de Navarra, con policía autonómica propia, con un presupuesto por habitante de 77,24 euros en partidas como la prevención y extinción de incendios y salvamento, protección civil y la “dirección y servicios generales de seguridad y protección civil”, según recogen los Presupuestos Generales de la comunidad.
Ambas comunidades son uniprovinciales por lo que tienen competencias en servicios de bomberos, que en algunas autonomías ejercen las diputaciones. El Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid, por ejemplo, cuenta con 21 parques distribuidos estratégicamente por toda la geografía, salvo en la ciudad de Madrid, Alcorcón y Fuenlabrada, que disponen de su propio Cuerpo de Bomberos. “El alto presupuesto de la Comunidad de Madrid para estos servicios se explica por la alta densidad de población y la masa forestal con la que contamos que nos obliga a actuar con inmediatez. La DANA de Valencia y la que sufrimos en septiembre de 2023 en Aldea del Fresno, con dos fallecidos, nos obliga a mejorar en la planificación y la prevención de las emergencias. Desde 2020 contamos con un protocolo de actuación en el que podemos actuar en un radio de actuación de 5 km a cada lado de los límites territoriales de Castilla y León y Castilla-La Mancha”, relata Pedro Ruiz, director general de la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112.
Tras estas tres comunidades se sitúa la Región de Murcia que cuenta un gasto per cápita de 56,5 euros, Cataluña de 44 euros y el Principado de Asturias de 43,7 euros. Esta región elevó este año el presupuesto un 10% con el objetivo de “modernizar y rehabilitar» los parques de bomberos para garantizar su operatividad ante los desafíos derivados del cambio climático y el aumento de la frecuencia e intensidad de los episodios extremos, apuntan desde la Consejería de Fomento, Cooperación Local y Prevención de Incendios.
Pasos a seguir en caso de emergencia. / NACHO GARCÍA
Al vagón de cola del gasto en emergencias y protección se sitúa Castilla-La Mancha con un presupuesto de 14,42 millones, es decir, el Gobierno de Emiliano García-Page invierte 6,9 euros por habitante en una región con 79.463 km² de superficie sólo por detrás de Castilla y León. Precisamente, la Junta que preside Alfonso Fernández Mañueco es la segunda que menos gasta con un presupuesto de 19 millones, que se traduce en 8 euros por castellanoleonés. Aragón tiene presupuestado para este año 12,86 millones, es decir 9,6 euros por aragonés en materia de emergencias, Galicia 11,1 euros y Extremadura 11,3 euros. Desde Aragón explican que “una cosa es el presupuesto y otra la eficacia del servicio, se puede hacer más con menos”, mientras que Castilla La Mancha esgrime que “desde que gobierna Emiliano García-Page, [el presupuesto para emergencias y protección civil] se ha incrementado más de un 80%”. García-Page lleva en el cargo desde 2015. Por su parte, desde Extremadura señalan que “la inversión en Emergencias, Protección Civil e Interior ha aumentado un 63,17% de 2023 a 2024”.
Un mayor presupuesto permite mayores recursos, como la renovación de helicópteros, más formación y personal. Sin embargo, los expertos insisten en que la coordinación es la clave para evitar daños mayores cuando se produce una catástrofe. “El principal problema es la diversificación de los servicios, se necesitaría unificar una respuesta entre la administración local, autonómica y central”, apunta Miranda. Al final, es la burocracia la que bloquea en muchos casos que la respuesta ante el desastre sea más rápida. Aun así, “se puede y se debe gastar más”, recuerda Armela, sobre todo en prevención.
La Comunidad Valenciana reduce su presupuesto en 2024
El presupuesto de 2024 de la Generalitat Valenciana destinado a Emergencias se redujo un 3% respecto al año anterior hasta los 180 millones bajo la gestión de la consellera de Justicia e Interior de Vox, Elisa Nuñez. El 11 de julio, la ahora cesada Salome Pradas (PP) asumió esa cartera. Hasta septiembre, la ejecución de esos fondos llegaba a los 177,4 millones según los datos que facilita la Intervención de la administración autonómica. Emergencias supone el 20% del presupuesto total de la conselleria de Justicia e Interior, solo superado por el departamento de Justicia.
La Generalitat de Carlos Mazón ha sido muy cuestionada por haber tumbado el desarrollo de la Unidad Valenciana de Emergencias (UVE), la UME valenciana, que ideó el Ejecutivo del socialista Ximo Puig. Esta unidad se creó en febrero de 2023, cuatro meses antes de las elecciones autonómicas, con un presupuesto de 9 millones pero Mazón acabó liquidando el organismo cuando asumió el gobierno valenciano.
La Generalitat cuenta, eso sí, con otras unidades dedicadas a las emergencias. La Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias, que tiene con un presupuesto de 113 millones, una cifra que se mantiene prácticamente igual al del ejercicio anterior. El subprograma de Emergencias, Protección Civil y Extinción de Incendios cuenta con 94,8 millones, lo que supone una reducción de tres millones respecto al año anterior. De este presupuesto, casi 50 millones se destinan a gasto corriente. También existe la Sociedad Valenciana de Gestión Integral de los Servicios de Emergencias, con un presupuesto de 57,4 millones.
La coexistencia de ambos organismos ha hecho que desde el propio Consell se hayan planteado su fusión, pero hasta la fecha no se ha concretado, algo que sí hará, por ejemplo, Andalucía a partir del próximo año. La Agencia de Seguridad y Gestión Integral de Emergencias (ASEMA) fusionará a partir del 1 de enero de 2025 el plan contra incendios (Infoca), protección civil, el servicio de 112 y el Instituto de Emergencias y Seguridad Pública de Andalucía (IESPA) con un total presupuestado de 270 millones de euros. Por este motivo, los socialistas valencianos (PSPV) han planteando una enmienda para debatir en el 41º Congreso Federal del PSOE de Sevilla la creación de unidades de emergencia autonómicas «que sirvan para mejorar la coordinación de todas las agencias que operan en las emergencias».
