Toda la clase política y gran parte de la sociedad conocen de carrerilla las exigencias de Aragón para reformular la financiación autonómica. Unas claves que se sustentan en el envejecimiento, la despoblación, la extensión del territorio y el coste de los servicios que todos los Gobiernos han entendido en su estancia en el Pignatelli. El quinto punto, el consenso entre fuerzas políticas, será el que más cueste en esta nueva apertura del debate.
A nadie se le escapa que el pacto entre PSC y ERC por el cupo catalán ha espoleado a los Gobiernos autonómicos, la mayoría teñidos de azul. Jorge Azcón, presidente aragonés, redobló esfuerzos en el apartado de la financiación para tensar la complicada relación con Cataluña, alimentada por los recursos contra la amnistía en los que fue pionero Aragón. La financiación, en el caso aragonés, se trabaja desde el Gobierno, pero también en las Cortes.
En el Departamento de Hacienda, que dirige Roberto Bermúdez de Castro, consideran que la reforma del sistema de financiación responde a las necesidades de la sociedad española. Firmado por última vez en 2009, poco o nada se parece la situación económica y social en el país, por lo que los criterios no definen bien lo que hoy es España. En Hacienda consideran que existe “un matiz de base” para cambiar el sistema.
La comunidad pierde 87 millones de financiación desde el Estado para 2025 por la pérdida de población. Lo hace en un contexto económico positivo para España, con el país creciendo al 2,5%. Aragón lo hizo al 2,7% y es junto a Extremadura la única comunidad que sufre la merma en financiación.
Entrando en cuestiones aragonesas, la edad preocupa al Pignatelli. Desde Aragón son partidarios de crear un nuevo criterio, el sobreenvejecimiento, que contemple el cuidado de los más mayores. El gasto en su bienestar es, evidentemente, más costoso que el del resto de la población, por el mayor número de atenciones que necesitan. En la comunidad, más de 95.000 personas tienen más de 80 años, la barrera que las comunidades más envejecidas manejan para impulsar este nuevo criterio demográfico.
El territorio en el que se prestan los servicios también condiciona el coste y las necesidades. Pasa en Aragón, con numerosos pueblos a una considerable altura, por lo que las infraestructuras son más caras. La DGA impulsará otro nuevo criterio en esta línea, en busca de que la orografía cuente en el reparto de la financiación. En el Pignatelli lo ven como una opción similar a la insularidad, un régimen que beneficia a Baleares y Canarias por su distancia con la península.
Aragón tiene 95.000 personas mayores de 80 años (7,16% de la población en 2023) los que conformarían ese criterio de sobreenvejecimiento que la comunidad y otros territorios reclaman para la nueva financiación autonómica.
En la misma línea del territorio entra el criterio de los núcleos de población, que la comunidad quiere ajustar en el nuevo modelo. En el Ejecutivo autonómico se ha hecho un análisis que considera que las bases ahora determinadas no viene bien a la comunidad, pero que la presente definición de núcleo sí que viene bien a Galicia, territorio con exigencias muy similares.
Ir de la mano de las comunidades que sufren los problemas de despoblación, envejecimiento o dispersión de la población sí que es innegociable. Aragón fue una comunidad importante en el Pacto de Santiago, que le unió a Galicia, Asturias, La Rioja, Cantabria, Castilla y León, Extremadura y Castilla-La Mancha en sus reivindicaciones de reparto de recursos del Estado. El departamento de Bermúdez de Castro siente que hay que mantener la alianza y que las negociaciones que más favorecerán a Aragón se darán siempre en la mesa general del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Pero sin renunciar a la bilateralidad.
El análisis de cara al resto de España es claro y compartido con los criterios que anteriores Ejecutivos han plasmado para mejorar la financiación aragonesa. El bache al que hoy se enfrenta el Gobierno de Jorge Azcón es el consenso interno, dentro del Parlamento autonómico. Chunta Aragonesista ya anunció su salida en el pasado debate sobre el estado de la comunidad, Vox nunca ha firmado acuerdos de este tipo y otras fuerzas, como IU o Podemos, no están por la labor de facilitar las cosas al PP. Los populares, por el contrario, no renuncian a lograr un pacto con el PSOE, que no quiere que el cupo catalán sea el objeto primordial de ese gran acuerdo. La fotografía de los dos grandes partidos unidos en Aragón por la financiación permitiría que, como lograse Javier Lambán en la salida de la pandemia, la DGA, hoy con Azcón al frente, sumase a los agentes sociales y entes ciudadanos a una causa común de mayor envergadura.
