El Gobierno de Carlos Mazón mantiene en la defensa para desatender su responsabilidad sobre la gestión de la DANA que no disponía de la información suficiente. El líder valenciano esgrime este argumento pese a los innumerables datos que lo desmontan: varios correos electrónicos de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), una decena de llamadas de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) a Protección Civil de Emergencias de la región y la última prueba -o una más- incontestable: el desplazamiento de un equipo de bomberos a medir el caudal del barranco del Poyo.
Hasta cuatro unidades forestales
En esta línea, el coordinador del operativo de inundaciones, el Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia, envió a cuatro unidades forestales a controlar la escalas o, lo que es lo mismo, los caudales del barranco del Poyo y del río Magro en las localidades de Chiva, Alzira, Requena y Utiel, según publica este miércoles elDiario.es.
De forma más detallada, a las 12:56 horas de aquella fatídica jornada -de la que está a punto de cumplirse un mes- ya se envió la primera unidad con sede en Buñol para que midiera el caudal del cauce del barranco del Poyo a la altura de los primeros de los municipios anteriormente mencionados. Pasadas las 13:00, la unidad con sede en Alzira hizo lo propio en el sentido de que acudió a tomar muestras del río Magro a su paso por Carlet.
Pero es que a las 14:00 horas, la unidad de Requena se trasladó a la pedanía del Pontón -que también atraviesa el Magro- y una hora más tarde la unidad de Sinarcas recibió órdenes para medir este último a su paso por Utiel. En aquel momento, una hora antes de que arrancase la comida de Mazón con la periodista Maribel Vilaplana y tres previa reunión del CECOPI, algunas localidades ya sufrían importantes inundaciones.
Son muchas las preguntas que estas incógnitas ponen sobre la mesa, y respuestas que, en cualquier caso, no dejan en demasiado buen lugar a Carlos Mazón ni a su equipo. Así las cosas, si se atiende a la normativa -ciñéndose al plan de inundaciones de 2010– u otros documentos como el Manual de Prácticas de Bomberos Forestales, la Generalitat está obligada a enviar a sus operarios autonómicos para que realicen las lecturas del caudal en ramblas, barrancos, etc, si se prevén posibles inundaciones.
Esto es lo que dice el texto: “La Unidad de Bomberos Forestales (UBF) recibirá la instrucción de hacer la lectura de las escalas que tiene asignadas (todas o algunas de ellas), cuando se precise conocer la evolución del caudal debido a la intensidad de las lluvias”. Los datos, sigue el documento por el que se rige este equipo, “serán anotados en la Ficha para lectura del nivel del agua en escalas y serán comunicados al Centro de Coordinación de Emergencias (CEE)”. A partir de aquí, “con los datos obtenidos, el CEE dará instrucciones al objeto de conocer le evolución de los picos de avenida”. En la práctica esto implica que el Ejecutivo autonómico disponía de datos propios más allá de los facilitados por los organismos medioambientales.
Además de todo esto, el manual también expresa, entre otras cuestiones, los movimientos que debe llevar a cabo un bombero forestal en el supuesto de lluvias extremas y, de producirse, los caudales sobre los que debe lanzar la voz de alarma. Entre los datos a tener en cuenta se encuentran conocer si se superan los umbrales que diferencia las lluvias fuertes de las muy intensas (aquellos que superan los 40/50 l/por metro cuadrado en una hora o los 100 en 12 horas). Para ser capaces de ofrecer información veraz al respecto, los equipos tienen que obtener datos “desde primera hora” y en “intervalos muy regulares de tiempo”.
Las evidencias contra el líder del PP en la región, cuya gestión ha quedado más que en entredicho en el último mes, apuntan a que, en contra de lo que él dice, existía un medidor en el mencionado barranco y no se produjo un “apagón informativo”, aunque esto último ya venía sonando con fuerza.
Desplazamiento «dos veces al año»
Si estas líneas se ciñen al reglamento de los bomberos forestales, éste indica que están preparados para acciones “fuera de episodios de lluvias” y sostiene que deben “conocer la ubicación de las escalas que tienen asignadas, los puntos de observación de las mismas y el procedimiento de lectura” y que, para cumplir con ello, la UBF “se desplazará al lugar donde se ubica la escala, comprobará que el punto de observación indicado en la ficha es el adecuado y realizará una lectura de nivel propuesto por el instructor de la práctica”. Todo ello “dos veces al año”. En otra parte, el documento insiste en la “revisión del estado de las escalas” y que, en caso de no estar como debiera, se notificará.
El texto fue redactado en 2011 bajo gobierno popular y revisado un lustro más tarde por partidos que después formarían parte del conocido como Pacto del Botánic: PSPV y Compromís.
