Hasta 18.584 personas investigadas judicial o policialmente han sido localizadas en España gracias a los datos aportados por el sector turístico a través del registro de viajeros, que empieza a funcionar de forma obligatoria el próximo lunes 2 de diciembre, pero está operativo desde 2022, según fuentes del Ministerio del Interior.
Esta nueva herramienta convierte a actividades de hospedaje, que van desde los campings o zonas de estacionamiento de autocaravanas hasta hoteles, pero también a las agencias de alquiler de coches y a intermediarios, como las agencias de viajes y a las plataformas digitales, en una suerte de policía turística al servicio del Ministerio del Interior.
Y es que todas estas empresas tendrán que recabar datos que van más allá de aquellos incluidos en documentos oficiales exigidos hasta ahora (DNI y pasaporte), como son la forma de pago, el número de la tarjeta de crédito, el teléfono móvil y fijo o el domicilio y volcarlos a una aplicación desarrollada por Interior (ses.hospedajes) en un plazo inferior a 24 horas para que el ministerio pueda disponer de esa información con inmediatez.
Las empresas se quejan de una «carga administrativa desproporcionada», mientras que el Ministerio defiende que no son más de datos de los que ya recaban para otras cuestiones, como pueden ser la elaboración de estadísticas. Y lo cierto es que la norma que impulsó su creación (real decreto 933/2021) fue aprobada el 26 de octubre de 2021, pero su aplicación se retrasó en hasta tres ocasiones para facilitar la adaptación de las empresas.
Su finalidad es contar con la mayor información posible de cara a la prevención y lucha contra el terrorismo y crimen organizado, cuyo ‘modus operandi’ tiene en la logística y uso de vehículos a motor como un factor determinante, según defiende el departamento que lidera Fernando Grande-Marlaska. Aunque al disponer de esta información se puede localizar a cualquier persona sobre la que conste una ‘requisitoria’, como puede ser un testigo que no se haya presentado en un juicio o el expresident Carles Puigdemont.
Evolución del registro
A pesar de que no habrá una nueva suspensión para la entrada en funcionamiento de este instrumento, el Ministerio del Interior avanza que «en los próximos días» someterá a consulta pública una orden ministerial que regulará el proceso para dar más facilidades a las empresas turísticas en el uso de esta herramienta.
En cualquier caso, la plataforma lleva en funcionamiento desde hace dos años y permite la carga masiva de datos, así como el envío de comunicaciones por servicio web para que los establecimientos no tengan que introducir a mano la información de cada turista.
Millones de datos
En sus primeros dos años y a pesar de no ser todavía obligatorio, se han registrado en la citada plataforma 61.540 establecimientos hoteleros, 1.094 agencias de viajes, 222 plataformas digitales y 1.720 empresas de alquiler de vehículos a motor y se han recabado 4,8 millones de datos de usuarios que han permitido localizar a 18.584 personas que figuraban en bases de datos de señalamientos nacionales o del sistema Schengen.
Y aunque no se tienen estimaciones de cuántos datos se podrían llegar a obtener a partir del lunes se presupone que se multiplicarán, si se tiene en cuenta que solo en el último mes de octubre se registraron 33,9 millones de pernoctaciones en España, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Información requerida
El registro obliga a las empresas a comunicar alrededor de 40 datos distintos. Primero, aquellos datos personales de quienes hacen uso del servicio (nombre completo, sexo, tipo documento, número de documento y soporte, nacionalidad, fecha de nacimiento, lugar de residencia habitual, dirección, correos, teléfono, número de viajeros y, en caso de que haya un menor, relación de parentesco).
La mayoría están incluidos en el DNI y el pasaporte, de forma que al escanear estos documentos se extraen automáticamente toda la información, como hacen ahora los hoteles para enviarlos a la Policía Nacional o la Guardia Civil. Pero a partir de ahora también se requerirá a quien presta el servicio los datos del contrato (número de referencia, fecha y firma del contrato, fecha de entrada y salida o entrega y devolución del vehículo y, en caso de inmueble, los datos del mismo, así como datos de pago). Interior defiende que la mayoría de esta información se recoge ya habitualmente para otras labores y no se exigirá información sobre la que no se tenga conocimiento.
Multas
El registro no tiene una finalidad recaudatoria ni sancionadora, según sus creadores, pero su incumplimiento supondrá multas de entre 100 y 30.000 euros, en función de la gravedad que irá desde ineficiencias en la información hasta la omisión por completo del deber de realizar las citadas comunicaciones.
