Ferrer y Teso apelan a un mandato «estable» frente a la experiencia de Arrieta y Lucas

Andrés Martínez Arrieta y Pablo Lucas, números 1 y 3 del escalafón de la carrera judicial, han exhibido unos currículos apabullantes y se han hecho fuertes en su amplia experiencia en el Tribunal Supremo, el primero en la jurisdicción penal y el segundo en la contencioso-administrativa. 

Ana Ferrer y Pilar Teso, que no han hecho hincapié en los motivos de género, han coincidido en destacar que los aspirantes varones no van a agotar el mandato de cinco años previsto para el cargo: Martínez Arrieta se jubilará en abril de 2027 y Lucas, en julio de 2026.

«El paso del tiempo va a provocar en poco más de dos años la jubilación de cinco magistrados de la Sala Penal», dijo Ferrer, que añadió que «en esa situación, es importante mantener una presidencia estable, que permita reducir al máximo el impacto en la gestión del cambio que supone la incorporación de nuevos miembros».

Ferrer, que ha recibido críticas en los últimos meses por respaldar la tesis del Gobierno respecto a la aplicación de la amnistía al delito de malversación (abriendo una vía de agua en la hasta ahora firme posición de la Sala sobre el ‘procés’ catalán), ha querido dejar claro que, de ser nombrada presidenta de la Sala, «asumiré el reto con toda la independencia y la imparcialidad con la que he funcionado a lo largo de toda mi carrera judicial».

La magistrada ha situado en el quinto lugar de su programa de actuación la adopción de medidas para agilizar la tramitación de los asuntos pendientes, algo a lo que, en cambio, Martínez Arrieta ha dado prioridad. «Hay que poner al día la Sala«, ha dicho el magistrado, que ha recordado que ya acometió con éxito una tarea similar cuando era miembro del gabinete técnico del Supremo y la Sala Penal tenía 26.000 asuntos pendientes, que lograron reducir a 6.000.

Ana Ferrer citó como primera medida de su proyecto la encaminada a detectar contradicciones entre los pronunciamientos de las tres secciones de la Sala, tarea de la que se encargaría el gabinete técnico con la supervisión de la presidencia y los magistrados.

También mencionó la necesidad de que las normas de reparto incluyan la composición personal de las secciones que resuelven los asuntos ordinarios «para enervar el riesgo de sospecha de que se puedan constituir Salas ad hoc para la solución de asuntos concretos».

Y sostuvo que «debemos exigir de inmediato una aplicación de registro y reparto que proceda a la asignación por vía informática de las ponencias» para contribuir «a la transparencia y objetividad» en la designación de los ponentes.

Además, para «reforzar la imparcialidad» y disminuir el «presidencialismo», defendió que la Sala que admita una causa especial para investigar a un aforado sea distinta de la que le juzgue, y quien ocupe la presidencia solo podrá estar en una de las dos.

Agilizar la respuesta

Pilar Teso subrayó que «el plazo de cinco años que fija la ley es un plazo para dar estabilidad a la presidencia» de la Sala. La magistrada indicó que la primera fase de su programa de actuación se centraría en acortar los tiempos de respuesta. «No es de recibo que los ciudadanos, las empresas y las administraciones tengan que esperar más de un año y medio simplemente para saber si el recurso se admite o no», ha manifestado.

Teso destacó que durante los cuatro años que estuvo en el Gabinete Técnico del Supremo desarrolló el sistema de admisión e inadmisión de recursos, por lo que «sé las medidas que funcionan y las que no».

«Al margen de las cuestiones que tengan que resolver sobre la polémica de la paridad», ha dicho a los vocales el CGPJ, «el Tribunal Supremo tiene que regirse por mérito y capacidad. Llevo casi 36 años en la jurisdicción contencioso-administrativa, soy la primera mujer especialista en lo contencioso-administrativo que llegó al Tribunal Supremo, hace 16 años; he estado siempre en Salas grandes  y he conocido casi todas las materias de lo contencioso-administrativo», enfatizó.

Pablo Lucas, magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo desde hace 23 años, resumió su amplia trayectoria como catedrático de Derecho Constitucional, juez de control del CNI, miembro electo de la Sala de Gobierno del Supremo, académico de número de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas y, desde enero de 2023, presidente en funciones de la Sala que ahora aspira a dirigir.

Lucas destacó que ha ejercido jurisdicción en todas las secciones de la Sala y, como presidente en funciones, ha tenido que hacer frente a la dificultad derivada de la existencia inicial de 11 vacantes, que ahora ya son 16.

El magistrado elogió la «colaboración plena de todos los magistrados para mantener la actividad de la Sala en condiciones de creciente dificultad» y finalizó señalando que «soy un profesor universitario que ha aprendido a ser juez y a estar al frente nada menos que de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, aunque haya sido por razones accidentales. No me ha resultado fácil, aunque el esfuerzo ha merecido la pena, y me ha dado una experiencia fundamental para afrontar el proceso de recomposición que vamos a vivir».

También este martes compareció ante la Comisión de Calificación del CGPJ el único aspirante a presidir la Sala Civil del Supremo, Ignacio Sancho, y los dos candidatos a la presidencia de la Sala de lo Social, Concepción Ureste y Juan Molins.

Este último fue el único de todos los comparecientes que mencionó la necesidad de «optimizar la agilización en la tramitación de los asuntos mediante inteligencia artificial«, específicamente en el trámite de admisión de recursos. «Una herramienta informática nunca puede sustituir al juez, pero puede ayudarle», dijo.

Ureste incidió en la necesidad de garantizar «la calidad de las resoluciones, a la que los ciudadanos tienen derecho», pero también que la respuesta sea «temprana en el tiempo». Para ello propone una reorganización con una sola sala de admisión de tres magistrados y dos secciones de enjuiciamiento. «Con esta estructura se racionaliza el trabajo y resulta posible el incremento de ponencias», manifestó.

La puesta al día de la Sala Civil es también la principal preocupación para Sancho, que habló de una «situación bastante crítica», con 24.000 asuntos pendientes. Planteó el fortalecimiento del gabinete técnico para agilizar la fase de admisión y se propone actualizar la Sala en cuatro años.