Antes de abandonar la Casa Blanca y que Nicolás Maduro inicie su tercer y controvertido período presidencial, la administración de Joe Biden ha decidido redoblar la presión contra Venezuela en distintos frentes. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este miércoles sanciones contra 21 funcionarios del Gobierno, entre ellos integrantes del equipo mninisterial, militares, y la hija de Diosdado Cabello, actual titular del Interior y Justicia.
La lista incluye al ministro de Comunicación e Información, Freddy Ñáñez, el viceministro de Políticas Antibloqueo del Ministerio de Economía y Finanzas, William Castillo y el nuevo director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), Alexis Rodríguez Cabello.
Dos meses atrás, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro había sancionado a 16 funcionarios del Consejo Nacional Electoral (CNE), el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y parte la cúpula castrense y de seguridad, a quienes responsabilizó de validar la victoria en las urnas de Maduro sin la debida presentación de las actas correspondientes. En virtud de esas medidas, «todos los bienes de estas personas que se encuentren en EE.UU. o que estén en poder o bajo el control de personas estadounidenses quedan bloqueados».
Según la OFAC, los funcionarios sancionados este miércoles «han apoyado y llevado a cabo las órdenes de Maduro de reprimir a la sociedad civil en sus esfuerzos por declararse fraudulentamente ganador de las elecciones presidenciales de Venezuela del 28 de julio, ignorando así la voluntad de la abrumadora mayoría de los votantes que eligieron a Edmundo González Urrutia como su próximo presidente».
El subsecretario interino del Departamento del Tesoro, Bradley T. Smith, añadió al respecto que «las acciones represivas de Maduro y sus representantes tras las elecciones presidenciales venezolanas son un intento desesperado por silenciar las voces de sus ciudadanos».
Giro inocultrable
Washington había aliaviado las sanciones económicas en 2023 para acompañar los acuerdos entre el Gobierno y la oposición con el propósito de generar las condiciones para unos comicios transparentes. Los sucesos derivados del escrutinio del 28 de julio modificaron el panorama.
La región no ha respaldado a Maduro, con excepción de Cuba, Bolivia y Nicaragua. La distancia de Caracas de los gobiernos progresistas latinoamericanos ha sido elocuente a partir de esa fecha. La UE tampoco reconoció a Maduro. La semana pasada, la Casa Blanca dio un giro evidente en su postura que allana el camino a la administración de Donal Trump en sus futuras relaciones con el Palacio de Miraflores al reconocer a González Urrutia como «presidente electo». Hasta entonces, Washington se había limitado a señalar de modo ambiguo que el exdiplomático había ganado los comicios. La designación de Marco Rubio como nuevo secretario de Estado presagia una era de mayores fricciones bilaterales.
La legislatura estadounidense impulsa a su vez la llamada «Ley Bolívar» que busca redoblar las restricciones económicas contra Venezuela. Maduro la calificó de «ley basura«.
Como parte de esta nueva hoja de ruta, Washington hizo saber este miércoles que «consideraría» un pedido de apoyo de González Urrutia si se dispone, como ha anunciado, a abandonar Madrid, donde se encuentra exiliado, y retornar a su país antes del 10 de enero.
«El Gobierno de Estados Unidos no ha recibido ninguna solicitud de asistencia para su transporte; tampoco participamos en su salida de Venezuela ni se nos pidió que lo hiciéramos», dijo un alto cargo del Gobierno citado por la agencia EFE. El funcionario a su vez subrayó que la Casa Blanca no reconoce la autoridad de Maduro.
