Podemos aumenta sus exigencias para apoyar los presupuestos y permitir el balón de oxígeno que supone su aprobación para Pedro Sánchez. El partido de Pablo Iglesias ha endurecido sus condiciones al PSOE después de que la semana pasada salvara in extremis una reforma fiscal que dejó fuera el impuesto extraordinario a las energéticas tras acordar que se prorrogará vía real decreto antes del 31 de diciembre en caso de no lograrse un acuerdo con el resto de socios del Gobierno, según consta en el acuerdo. De no cumplirse este compromiso, los morados ya advierten que no apoyarán las cuentas para 2025, que permitirían a Sánchez aguantar la legislatura. Podemos suma así una nueva condición a las dos que ya puso al Ejecutivo para dar sus votos, complicando aún más la aritmética parlamentaria para que puedan aprobarse.
Hasta ahora, los morados habían puesto dos exigencias sobre la mesa que fueron respaldadas por un 90% por su militancia, unos 35.000 afiliados. La primera de ellas es la “rebaja por ley de los alquileres en un 40%, la prohibición de comprar viviendas que no sean para residir en ellas y el desmantelamiento de ‘los comandos escuadristas como [la empresa] Desokupa'», según constaba en el referéndum interno.
Además, pedía específicamente la ruptura de “relaciones comerciales y diplomáticas con el Estado genocida de Israel, incluido un embargo total de armas». En las últimas horas el partido ha ido añadiendo más matices a estas dos máximas, requiriendo la prohibición del «tránsito por aguas españolas de armas que tienen como destino Israel», destacó este lunes el secretario de Organización de Podemos. «Si el gobierno de España quiere los votos de Podemos para sacar los PGE va a tener tener que cumplir«, detalló el dirigente.
Cumplir el pacto, cuestión previa
Pero una de las nuevas claves de esa negociación no la dio Podemos en rueda de prensa, sino que fue el exvicepresidente Pablo Iglesias quien, en los estudios de RNE, avanzó que el PSOE no tendría los votos de Podemos si no daba cumplimiento al acuerdo sobre el impuesto a las energéticas que firmó el jueves, cuando el Gobierno se comprometió a sentar en una comisión a todos los socios de investidura para alcanzar un acuerdo y, en caso de no lograrlo antes de fin de año -algo imposible dados los plazos parlamentarios-, prorrogar el actual impuesto por la vía del real decreto.
«El acuerdo está firmado. Si no lo cumplen para los Presupuestos pueden venir aquí a Radio Nacional a pedir los votos«, advirtió Iglesias, poniendo sobre la mesa el cumplimiento del pacto como condición previa a la eventual aprobación de las cuentas. Añadiendo por tanto una condición más a esta ya difícil negociación presupuestaria.
Desde la formación agitan la idea de que pueden decaer las cuentas del próximo año, ironizando con las declaraciones de Sánchez, que aseguró que seguiría gobernando con o sin el respaldo del poder legislativo. «Si al final los Presupuestos Generales del Estado no salen adelante porque el PSOE no se aviene», advirtió el secretario de Organización de Podemos, «imaginamos que tampoco pasa nada porque el propio Pedro Sánchez ya ha dicho que está en disposición de seguir gobernando igual, haya o no Presupuestos», defendió.
Manejo de tiempos
La formación está dispuesta a hacer valer sus votos, conscientes de que esta negociación presupuestaria puede ser la última, al considerar que es probable un adelanto electoral en caso de que el Gobierno no logre sacar las cuentas. Consideran que endurecer sus posiciones es la principal vía para demostrar su utilidad política frente a un Sumar en declive. Mientras los de Yolanda Díaz afrontan serias dificultades para diferenciarse del PSOE, en Podemos escenifican de manera constante el choque con los socialistas para emerger como la única alternativa por la izquierda al partido de Pedro Sánchez.
Podemos lleva desde las elecciones europeas en una operación de desgaste contra el Gobierno y volviendo a construir la imagen de Irene Montero, a quien ya preparan como candidata del partido. En ese marco, los morados buscan manejar los tiempos para, llegado el caso, provocar una explosión controlada que les sirva como detonante para volver a recuperar a su electorado perdido. Y en esta clave puede entenderse también el acuerdo alcanzado la semana pasada para apoyar la reforma fiscal, que permitió ganar tiempo al Gobierno y prolongar su dependencia de los cuatro votos morados.
El pacto permite a Podemos mantener el botón nuclear y seguir siendo una suerte de espada de Damocles sobre el Partido Socialista. Los morados evitaron dinamitar la mayoría parlamentaria que sostiene al Gobierno. Al menos de momento, conscientes de que supondría un punto de inflexión para la legislatura y a la espera de jugar todas sus cartas en la negociación de los presupuestos, que en otras ocasiones se ha extendido hasta otoño. Unos meses valiosísimos para la formación morada, que antes de verano tendrá que afrontar su asamblea estatal donde se renovarán los liderazgos y se fijarán las coordenadas de la nueva etapa, que estará marcada aún más por la figura de Irene Montero.
Pacto descafeinado
Uno de los aspectos más sorprendentes del pacto alacnzado para apoyar el pack fiscal del Gobierno es que no cumplía ni mucho menos las exigencias planteadas inicialmente por Podemos. Su secretaria general, Ione Belarra, cargaba duramente contra el PSOE desde la tribuna del Congreso solo unos segundos antes de anunciarse el acuerdo, insistiendo que no aceptarían nada que no garantizase el impuesto a las energéticas. Una proximidad en el tiempo que llegó a despertar suspicacias sobre la posibilidad de que el acuerdo se hubiera cerrado sin su conocimiento. Y unas exigencias, las de Belarra, que tampoco se cumplieron en el pacto final.
Unos días antes, ERC y Bildu habían pactado su apoyo a cambio de un compromiso del Gobierno para sacar un real decreto antes de que acabase el año. El partido morado estuvo tres días criticando los términos de ese acuerdo, que a su juicio no garantizaba que la medida fuera a implantarse, puesto que los votos de Junts ni PNV estaban asegurados. Al final, Podemos terminó aceptando un acuerdo del mismo corte, por el que se constituiría una comisión negociadora con todos los partidos para consensuar un impuesto permanente, y prorrogar el gravamen vía decreto en caso de no alcanzarse en 2024, con «el compromiso por escrito del Gobierno» de que lograría los votos.
Un pacto que, a efectos prácticos, es el mismo que el Gobierno había alcanzado previamente con republicanos y abertzales. «Nos alegramos que todas las fuerzas de izquierda se hayan sumado al acuerdo que alcanzamos», destacaban en Bildu, no sin cierta sorna. Dados los plazos parlamentarios, es imposible que pudiera aprobarse por la vía parlamentaria este impuesto a las energéticas, que tendría que prorrogarse en Consejo de Ministros para que no decayera en 2025. Pero, según Podemos, el Gobierno se ha «comprometido por escrito» a armar una mayoría parlamentaria para que la medida se ratifique en el Congreso. Algo que no parece sencillo pero que Podemos está dispuesto a examinar, también de cara a los presupuestos.
