Javier Serrano y María Piedad Losada, investigados en el caso Koldo y relacionados con el presunto conseguidor de la trama, Víctor de Aldama, han negado ante el juez este martes haber tenido conocimiento o haber recibido comisiones, y se han desligado además de los contratos públicos para la adquisición de mascarillas que se investigan.
Fuentes jurídicas presentes en las declaraciones han señalado a Europa Press que Ignacio García Tapia, el tercer investigado citado para este martes y uno de los componentes del grupo de Whatsapp de ‘los cuatro mosqueteros’, se ha acogido a su derecho a no declarar.
Sin embargo, los otros dos sí que han declarado, pero solo a preguntas de su defensas. Losada, quien fuera secretaria de Aldama, ha explicado que le conoció en 2013-2014, que su relación fue estrictamente profesional y que sus funciones eran de administración y gestión. «Hacía lo que me pedían«, ha explicado, según las fuentes consultadas.
Además, ha señalado que no controlaba las agendas de los socios de la empresa para la que trabajaba -tampoco la de Aldama-, que no tenía poderes ni acceso a las cuentas bancarias o tarjetas, que no recibió comisiones aparte de su nómina y que no tuvo conocimiento sobre negocios en Portugal ni acceso a dispositivos.
Ante el juez instructor, Ismael Moreno, ha apuntado además que la sociedad -Global Stratos– para la que trabajaba no le paga desde enero de 2024, motivo por el que ha presentado una demanda por incumplimiento de contrato.
Por otro lado, según estas mismas fuentes, Serrano ha señalado a preguntas de su defensa que no tuvo nada que ver con esos contratos para la compra de mascarillas y que ni dio dinero ni recibió dinero de De Aldama.
En este sentido, ha apuntado además que nunca se le entregó dinero en efectivo para que él luego lo repartiera a terceras personas.
En su informe, al que tuvo acceso Europa Press, el fiscal explicaba que de la investigación se desprende que los investigados citados esta semana (Díaz Tapia, Escolano Marín, Moreno García, Serrano Costumero y Losada Romo) podrían haber participado en un delito de blanqueo de capitales y estarían todas ellos «especialmente vinculados con Víctor de Aldama».
Apuntaba además que a los cinco se les podría imputar el delito de integración en organización criminal e, incluso, «por su participación en los pagos realizados a otros investigados que desempeñaban funciones públicas, bien de forma directa o por medio de terceros, también se les tenía que imputar a Díaz Tapia, Escolano Marín y Serrano Costumero un delito de cohecho».
En un atestado del pasado mes de febrero, la UCO sostenía que Aldama y otros tres investigados que se hacían llamar los «4 mosqueteros» en un chat de ‘Whatsapp’, habrían abonado 10.000 euros en efectivo a Koldo García, el exasesor del que fuera ministro de Transportes José Luis Ábalos.
En ese informe incluía extractos de las conversaciones que algunos de los investigados mantuvieron antes de su detención. En concreto, los agentes se centraban en el grupo de WhatsApp que estaría compuesto por Aldama, Díaz Tapia, Serrano y Moreno. Los tres últimos, que mantendrían «vínculos» con Koldo, y habrían ayudado a Aldama a llevar a cabo «una despatrimonialización» de sus fondos en España.
En sus conversaciones, todos ellos se referían a Koldo como «K». «Mañana tienes que ir a la cafetería Soto Verde que está detrás del Ministerio y llamar a K y decirle literal: Que estás en el verde, que traes una cosa de Nacho para darle y que si puede ir», escribió Díaz Tapia en uno de sus mensajes, facilitando a su interlocutor el contacto de Koldo, que aparecía con el añadido «asesor ministro».
Para los agentes, «el hecho de que Koldo sea identificado» bajo ese seudónimo resultaba «uno de los hitos fundamentales» para la investigación, porque el examen de la información del móvil de Moreno habría permitido «localizar referencias a que se habrían producido pagos» al exasesor de Ábalos.
En otro de los mensajes, Moreno le envió a Serrano una captura de pantalla en la que se ve el título «gastos fijos» con una referencia: «K 10.000«. Los agentes sostenían en ese informe que podría tratarse de un pago al exasesor después de que, durante el registro de su domicilio, se encontrase una anotación manuscrita en una de sus agendas. «Metálico 10.000«, apuntó Koldo en la misma.
La Guardia Civil localizó además, según ese informe de febrero, una conversación de octubre de 2021 en la que Aldama envió un mensaje al grupo. «Podría mirar los tickets que tenemos en RD (República Dominicana). El domingo va el hermano de K, a ver qué le podemos dar«, escribió. Los agentes consideraron que los tickets podrían ser, en realidad, dinero, y el hermano de K sería Joseba, que también se encuentra investigado en la causa.
Al día siguiente, Aldama volvió a chatear. «Por favor decirme lo de los tickets que va quien sabéis el domingo y ahora sí que no quiero líos», avisó. Díaz Tapia, por su parte, respondió: «Hablo con ellos para que lo dejen preparado».
«El ministro da el OK seguro»
Los anáisis del Instituto Armado también revelaron la conversación de Moreno con Serrano en la que ambos hablaban de una reunión. «Un éxito. Eran un gordo y un subnormal gay. Era el jefe de gabinete. Ellos están convencidos. El ministro da el OK seguro. Y lo único que puede frenarlo es que tienen que dar el OK de Sanidad, y eso no depende de ellos», le explicó Serrano.
Unos minutos más tarde, ambos retomaban la conversación. «Nos acaban de avisar que el ministro ha dado el OK. Estamos IN. Pídete dos», celebraba Serrano. Diez días después de esa conversación, el 20 de agosto de 2020, Moreno envió a Serrano dos pantallazos de la Wikipedia de Salvador Illa, por entonces ministro de Sanidad.
Tanto Serrano como Moreno volvieron a compartir algunos mensajes en enero de 2022. Moreno, en concreto, envió a Serrano una fotografía en la que se observan dos fajos de billetes en efectivo, uno de ellos en el interior de una bolsa de plástico transparente y otro con gomas.
Estas declaraciones han tenido lugar después de que el pasado jueves Aldama declarara de forma voluntaria como imputado ante el juez. En esa comparecencia, que se extendió durante dos horas, el presunto conseguidor indicó que habría pagado comisiones tanto al exministro José Luis Ábalos como a su exasesor Koldo García, y puso el foco en otros ministros y altos cargos del PSOE.
Cabe recordar que el último informe de la UCO que trascendió en esta causa fue determinante para que el Tribunal Supremo acordara abrir causa contra Ábalos por su posible responsabilidad en esta trama que habría buscado lucrarse ilícitamente a raíz de la obtención de contratos públicos para suministrar mascarillas en pandemia.
Las declaraciones en esta causa continuará la semana que viene, el 2 y 3 de diciembre con las testificales de hasta ocho agentes de la Guardia Civil que aparecen en los informes elaborados en el marco de la causa por la Unidad Central Operativa (UCO).
Uno de ellos es el coronel Francisco José Vázquez, jefe del Servicio de Información de la Guardia Civil, que además fue quien impuso una condecoración en octubre del año 2022 a Aldama con la medalla de la Orden del Mérito de la Guardia Civil por su participación y ayuda a la UCE-2, y a los Grupo de Acción Rápida (GAR).
