La Fiscalía del Supremo ha decidido no recurrir la sentencia que absolvió al expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps por el último fleco del caso Gürtel que tenía abierto en contra del criterio anunciado por la Fiscalía Anticorrupción.
Fuentes fiscales han informado a la agencia Efe de que la decisión, cuya argumentación aún no ha trascendido y que supone un cambio respecto de la posición anunciada por Anticorrupción, partidaria de recurrir en casación la absolución.
Anticorrupción anunció en octubre su intención de recurrir la sentencia que dictó el pasado mes de mayo la Audiencia Nacional, en la que eximió de responsabilidad penal al exdirigente del PP valenciano, para quien pidió un año de cárcel y seis de inhabilitación por tráfico de influencias en concurso con prevaricación.
También anunció recurso la acusación popular que ejercieron dos exdiputadas socialistas autonómicas. De este recurso, que tiene como fecha límite este martes, según traslada la defensa de Camps a EL ESPAÑOL, dependerá que la causa siga pendiente de ese trámite o sea ya cerrada. La formación anunció que lo presentará.
Junto a Camps, resultaron absueltos tres de sus exconsellers –Alicia de Miguel, Manuel Cervera y Luis Rosado-, varios ex altos cargos como David Serra o Salvadora Ibars y funcionarios que fueron acusados en relación a diversas adjudicaciones de contratos a la empresa Orange Market entre 2004 y 2009, entre las que destacan las contrataciones por el Open de Tenis o los Grandes Eventos de la Generalitat valenciana en la feria de turismo Fitur.
«Nula intervención»
El tribunal sí impuso hasta dos años y tres meses de cárcel a los considerados cabecillas de la trama –Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez, el Bigotes-, que están en prisión desde hace años, y castigó también con diferentes condenas a los otros ocho acusados que reconocieron los hechos al conformarse con las penas que acordaron con la Fiscalía.
En su sentencia, de 232 folios, la Sala aseveró la «nula intervención» de Camps en los contratos de la feria Fitur 2009 al no existir «prueba o indicio alguno de connivencia para ello» con la entonces directora general de Promoción Institucional Dora Ibars, como sostenían las acusaciones.
No se ha acreditado -indicó el tribunal- que el expresidente autonómico «ejerciera presión, sugestión, recomendación o insinuación alguna» a Ibars, ni existe «testigo, escrito o comunicación alguna entre ambos», lo que «aleja cualquier prueba o indicio con transcendencia penal».
