La Comisión Europea ha validado este martes el plan fiscal a siete años que le entregó el Gobierno hace algo más de un mes. Bruselas considera que las previsiones del Ejecutivo se ajustan a las líneas que le había establecido para que el gasto público no aumente por encima del 3%. Sin embargo, el ejecutivo comunitario se mantiene a la espera de más detalles presupuestarios, porque España es de los pocos países que todavía no ha enviado sus cuentas nacionales para el próximo ejercicio.
«La especificación exacta de las medidas políticas pertinentes con efectos presupuestarios directos deberá confirmarse o ajustarse y cuantificarse en los presupuestos anuales«, subraya la Comisión. Entre las medidas que Bruselas espera conocer con más detalles está la reforma fiscal que contó con la aprobación del Congreso de los Diputados y que deberá incorporarse en los próximos presupuestos generales del Estado.
«España se ha comprometido a tener más ingresos a través de esta reforma fiscal», ha dicho el vicepresidente de la Comisión, Valdis Dombrovskis. «Estamos esperando que se pongan en marcha y se refleje en los presupuestos», ha añadido.
En el documento que sí está en manos de la Comisión y que el Gobierno envió en octubre, España se compromete a rebajar la deuda púbica por debajo del 100% en tres años y a reducir el aumento del gasto a un 3% hasta 2031. En concreto, el Gobierno prevé aumentar el gasto público un 3,7% en 2025 (frente al 3,2 % que recomendaba Bruselas), un 3,5% en 2026 (2,8 %), un 3,2% en 2027 (2,7%), un 3% en 2028 (2,7%), un 3% en 2029 (2,7%), un 2,5% en 2030 (2,6%) y un 2,4% en 2031 (2,5%).
El Ejecutivo confía en que el déficit público se reduzca por debajo del 3% desde el próximo año, unas previsiones que han librado a España del procedimiento de déficit excesivo. Según las proyecciones que avanzó el Ministerio de Economía, en 2027, el déficit público estaría incluso por debajo del 2%, alcanzando el 1,8% y reduciéndose progresivamente hasta 0,8% en 2031.
La limitación del gasto permitirá reducir el déficit público de manera «progresiva», desde el 3% del PIB previsto para este año. En lo que respecta a la deuda pública, bajará al 102,5% del PIB este año al 98,4% en 2027 y el 90,6% al final del periodo de ajuste, en 2031, lo que la situará en una senda descendente que la reducirá al 76,8% del PIB en 2041.
El plan que ha sido avalado por la Comisión Europea incluye un conjunto de medidas con efectos macroeconómicos y fiscales a medio y largo plazo. El catálogo contiene reformas e inversiones aprobadas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia cuyo despliegue incrementará el PIB potencial a lo largo del periodo de ajuste. Además de la reforma fiscal, la validación de Bruselas hace referencia a las medidas para la regularización de migrantes para que puedan incorporarse a la fuerza laboral y así aumentar la disponibilidad de mano de obra.
Es la primera vez que Bruselas tiene que validar este documento, después de que se haya puesto en marcha el nuevo marco fiscal, tras la suspensión de las limitaciones a la deuda y el déficit con motivo de la pandemia. En este análisis cobra mayor importancia el aumento del gasto público y no tanto los porcentajes sobre el producto interior bruto (PIB) para el déficit y la deuda, como pasaba con el marco anterior.
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