El litoral oriolano vuelve a hablar de independizarse de la ciudad. «Si la situación no empieza a normalizarse en un fututo inmediato, en el horizonte se vislumbra, cada vez con mayor rotundidad, un deseo de muchos vecinos de explorar otras vías, como la segregación, que reconozcan la identidad de Orihuela Costa«. Es el mensaje que ha lanzado la asociación vecinal Unidos por la Costa, que cuenta con 900 socios de 39 nacionalidades, más de 10.000 seguidores en Facebook y presencia en todos los barrios. Haciendo además un envite: «El equipo de gobierno tiene la palabra».
Los últimos procesos de independencia municipal en la Vega Baja fueron en los años 90. Los Montesinos, tras una cesión del propio alcalde de Almoradí, y San Isidro, que con la segregación de Albatera se acabó quedando con el polígono industrial, que incluye un centro logístico de Mercadona.
Antes, en 1986, Pilar de la Horadada dejó de ser una pedanía de Orihuela, tras varios años de espera y con cortes de la carretera nacional durante días con la intervención de la Guardia Civil y los antidisturbios. No es baladí que en el primer boceto de segregación se incluía la costa oriolana.
El municipio, limítrofe a Orihuela Costa, que a su vez se sitúa a 35 kilómetros de la city, sigue estando dispuesto a acoger a Orihuela Costa. De hecho, indican fuentes municipales, desde hace cinco años se han producido múltiples reuniones del alcalde con asociaciones y el Partido para la Independencia de Orihuela Costa (PIOC), que en las pasadas elecciones municipales se quedó a 100 papeletas de lograr un concejal con 1.382 votos. La respuesta de José María Pérez Sánchez (PP) siempre ha sido la misma: no se niega, pero viendo en qué condiciones se produciría la anexión, en cuanto a viabilidad administrativa y sobre todo en el tema de impuestos, así como en función de la inversión que se necesitaría para paliar las deficiencias en servicios e infraestructuras.
La asamblea anual de Unidos por la Costa permitió recoger la preocupación e indignación por los escasos avances registrados hasta ahora en la prestación de los servicios básicos y en el mantenimiento y mejora de las infraestructuras, cerca de un año y medio después de la formación del gobierno, integrado por PP y Vox.
Los ejemplos, insisten, son constantes y en cualquier ámbito: la recogida de basuras, la limpieza viaria, la iluminación, las zonas verdes, el asfaltado, las ramblas, la gestión de agua, las playas, el centro de salud, los colegios, los servicios sociales y la atención al ciudadano.
Apuntan a «una miopía política» y «una falta de voluntad para que la Costa sea tratada justamente», y hablar de «un grave desequilibrio entre lo que se invierte en la ciudad y en litoral, cuando este genera más de la mitad de los ingresos recurrentes municipales». Según sus cálculos, más de 50 millones de euros en recaudación y miles de millones de euros en actividad económica.
Los vecinos perciben que no reciben lo que merecen, mientras que la asociación, que los representa, se siente ninguneada, censurando sus preguntas en los plenos y no dando respuesta a las peticiones de información o acceso a expedientes que realizan.
Competencias
Así han llegado a la conclusión de que la Concejalía de Costa, en manos de Manuel Mestre (Vox), necesita más competencias y capacidad de gestión, algo que el propio concejal ha pedido al alcalde del municipio, Pepe Vegara. Su propuesta es que tenga un refuerzo presupuestario y los medios humanos, técnicos y materiales necesarios para gestionar eficientemente la identidad propia de la Costa.
De esta forma, han ideado una especie de organigrama en el que Mestre dirigiría una oficina técnica de Urbanismo (licencias de actividad, apertura, licencias de obras menores y mayores, control de la legalidad), otra de Infraestructuras (mantenimiento de viales, zonas verdes, alumbrado, ramblas y cauces, playas, nuevas infraestructuras), Limpieza Viaria y RSU (para planificar los servicios, Contratación (diseño y formalización de los contratos específicos) y otros servicios como Atención al Ciudadano, Turismo, Cultura, Consumo y Medio Ambiente.
En suma, pasar de ser un coordinador del resto de concejalías a participar en la toma de decisiones, con una delegación propia capaz de planificar y gestionar las inversiones. Y todo ello, resaltan, en estrecho contacto con las asociaciones y vecinos a través de las Juntas de Distrito X y XI, a las que hay que dotar de contenido real y un papel práctico.
Desde la Asociación Unidos por la Costa apuestan por la concejalía y también por los alcaldes pedáneos -Vegara 11 que ahora son 10 tras la dimisión de Antonio Cerdán-, pero «queremos escuchar fuertes rugidos«, apuntan.
«Deben decidir si son leones o corderos», dicen desde la organización vecinal. Es decir, si además de representantes del alcalde en el territorio, son embajadores de los vecinos en el Ayuntamiento. «Si cuando plantean una necesidad, denuncian un problema o exigen una solución deben hacerlo con la fuerza que les otorga su posición o solo pueden pedir favores en los pasillos; si por encima de su legítima afiliación política, los que la tienen, está el interés general y la vergüenza torera o solo la proyección personal y los intereses de grupo», prosiguen.
Para hacer lo que están haciendo, sostiene, sobran todos, igual que, vistos los resultados, sobran el alcalde, los concejales, los asesores y hasta los funcionarios. «Vayan saliendo que ya nos organizamos nosotros», concluyen.