Pedro Sánchez puso la mano en el fuego «en lo que respecta a mi persona, a mi Gobierno y al partido” ante las graves acusaciones este jueves en sede judicial del presunto comisionista de la trama Koldo, Víctor de Aldama. La falta de pruebas es el principal argumento para intentar neutralizar el efecto, por ahora político, de sus declaraciones, más allá de enmarcarlas como “una estrategia de defensa basada en la mentira”. Si Aldama amenazó a su salida de la cárcel con que “Sánchez va a tener pruebas de todo lo que se ha dicho”, los colaboradores del presidente del Gobierno aseguran tajantes que “no hay ni un solo whatsapp”. Ni documento o prueba alguna que pueda involucrarlo porque, según sostienen, nunca tuvieron relación ni se conocían.
Desde el partido responden sobre otros señalados que “ni se cruzaron en el pasillo” con este empresario. “Tendrá más problemas legales porque lo tiene que demostrar y no hay nada”, concluyen. En la declaración ante el juez, tras la que se procedió a su puesta en libertad, Aldama apuntó a sus relaciones con el presidente del Gobierno, varios ministros y altos cargos del PSOE, detallando incluso supuestas mordidas de altos cargos, como el caso del secretario de Organización, Santos Cerdán. “No va a aportar ninguna prueba”, zanjaba ya el mismo jueves uno de los ministros señalados.
Un terremoto a las puertas del congreso federal del PSOE y ante el que Alberto Núñez Feijóo reaccionó abriendo la puerta a una moción de censura. Sin perder ni un minuto para hacer control de daños, los socialistas pasaron al contraataque y anunciaron una demanda colectiva que presentaron este viernes por “injurias y calumnias” en nombre de Sánchez y el resto de señalados de formas más directa o indirecta: la vicepresidenta primera y secretaria general del PSOE, María Jesús Montero, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, el ‘president’ de la Generalitat, Salvador Illa, el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y el secretario del jefe de gabinete de Montero, Carlos Moreno.
Sánchez, por su parte, ha logrado imponer un cierre de filas en toda la organización tras trasmitir tranquilidad a los suyos. “Es todo un burdo montaje de este tipo”, señala indignado un secretario general del partido, que encapsula el congreso federal del próximo fin de semana en Sevilla del caso Aldama. Entiende así que su transcurso y las decisiones que tenga en mente el secretario general para remodelar la ejecutiva se mantendrán “al margen” de todo este asunto. Otro de los barones críticos en estos últimos meses ante el concierto catalán, se muestra indignado ante el hecho de que «en este país sale gratis ‘el miente que algo queda'».
Un cierre de filas y una indignación por unas acusaciones «falasas» que es transversal en el partido. De los primeros en posicionarse fue el secretario del partido en Castilla y León, Luis Tudanca, duramente enfrentado a Ferraz por su continuidad en el cargo, quien asumió la máxima de la falta de pruebas para acusar a Aldama de esparcir lodo. «Solo es un ventilador que esparce lodo sin presentar pruebas«, recriminó.
El fantasma de la moción
En Moncloa subrayan que el presidente del Gobierno está asumiendo la agitación despertada por las acusaciones del presunto cabecilla de la trama Koldo con «tranquilidad», «paciencia» y la «seguridad» de no que es más una sucesión de «infundios». Con «buen ánimo», subrayan, algo que atestiguaba igualmente el ‘president’ de la Generalitat, Salvador Illla, tras reunirse en Moncloa con el jefe del Ejecutivo dentro de la ronda de contactos bilaterales.
Illa dijo haber visto que hay «Gobierno para rato» y a un presidente del Gobierno «muy centrado en los asuntos que importan a los ciudadanos». Como en el Ejecutivo, Illa le resta toda credibilidad a las declaraciones de Aldama. «Hay Gobierno para rato, al menos hasta 2027«, remachaba ante el fantasma de la moción de la censura el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.
Desgaste político
Lo que sí reconocen en privado fuentes socialistas es el daño ya hecho al marcarse la agenda dando sensación de una corrupción sistémica en la política, que desmoviliza más al electorado de izquierda. Además de equiparar la reacción ante casos de corrupción cuando acusan al PP de taparla y defienden en su caso de actuar rápido y con contundencia: “La gente que está en el sumario ya fue suspendida militancia”, dicen respecto al exministro José Luis Ábalos y su asesor, Koldo García. “No es nuevo que gente que está en esta situación extienda la culpa y digan que es el sistema es así para manchar el buen nombre de otros que además ni los conoce”, añaden.
En las filas socialistas lamentan asimismo que las declaraciones de Aldama hayan dejado en un segundo plano la victoria parlamentaria de la reforma fiscal, tras mucho trabajo “duro” para encajar las piezas de la mayoría de investidura, o la confirmación acuerdo para el nombramiento de Teresa Ribera como vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea y el consiguiente “nuevo fracaso” de Feijóo en Bruselas.
En el contexto de la presentación de la querella el pasado viernes, los socialistas manifestaban con tono de indignación que “no puede permitirse que la agenda política la marquen delincuentes confesos que calumnian sin pruebas, solamente para salir de Soto del Real y dormir en casa”. Lo que no harán por el momento los socialistas es querellarse contra el PP, después de avisar de que acudirán a los tribunales si “da pábulo” al testimonio de Aldama y lo utiliza en la batalla política. Frente a la posibilidad de que Feijóo promueva una moción de censura, para lo que Vox ha ofrecido ya sus votos, los socialistas vuelven a mostrar tranquilidad porque no darían los números tras reforzarse la mayoría de investidura con el acuerdo para reforma fiscal.
