Órdenes de arresto de la CPI allanan el camino al embargo de armas a Israel

Un grupo de activistas denunció ante un tribunal en los Países Bajos que la venta de armas a Israel contraviene el derecho internacional. La Corte Penal Internacional (CPI) emitió órdenes de arresto contra el primer ministro Benjamin Netanyahu y el exministro de Defensa, Yoav Gallant, lo que aviva el debate sobre posibles embargos de armas.

De respaldarse la denuncia en el Tribunal de Distrito de La Haya, Países Bajos dejaría de exportar armas o componentes armamentísticos a Israel. El tribunal emitirá su fallo el 13 de diciembre. Este año, el país ya suspendió la exportación de piezas del caza F-35 tras un caso similar.

Los analistas han advertido sobre posibles sanciones armamentísticas hacia Israel a raíz de la decisión de la CPI, que acusó al país de atacar civiles y usar el hambre como herramienta de guerra. Según el analista de Haaretz, Amos Harel, apoyado en declaraciones del jurista Eran Shamir-Borer, estas medidas podrían incluir restricciones por parte de naciones occidentales que antes aplicaban sanciones más leves.

Aunque las órdenes de arresto afectan a Netanyahu y Gallant como individuos, podrían intensificar los llamados a un embargo de armas contra Israel. Diversos países cuentan con normativas que prohíben la venta de armas a estados que puedan violar el derecho internacional humanitario.

Los Países Bajos, sede de la CPI y firmante del Estatuto de Roma, reafirmaron que, en caso de que Netanyahu o Gallant visiten el país, se verían obligados a arrestarlos.

Estados Unidos y Alemania difieren en su postura ante la decisión de la CPI

Estados Unidos, principal proveedor de armas de Israel, rechazó categóricamente la decisión de la Corte Penal Internacional (CPI). Tanto Estados Unidos como Israel no son miembros de la CPI. Un día antes del fallo, el Senado estadounidense desestimó una propuesta para detener la venta de armas ofensivas a Israel, aunque un tercio de los senadores demócratas respaldó la iniciativa.

Alemania, que sí es miembro de la CPI, expresó su compromiso de respetar las decisiones del tribunal, pero evitó comprometerse a cesar su comercio armamentístico con Israel. Alemania representa cerca del 30% de las importaciones de armas israelíes, situándose como el segundo mayor proveedor tras Estados Unidos.

Según el corresponsal Assaf Uni del diario Globes, Jerusalén habría asegurado por escrito a Berlín que las armas alemanas no se utilizarían en violaciones del derecho internacional, buscando brindar cobertura legal al gobierno alemán frente a posibles desafíos judiciales.

Uni señaló en su análisis que la decisión de la CPI podría debilitar la posición de Alemania si grupos pro palestinos recurren nuevamente al tribunal. Añadió que la reciente validación legal refuerza las preocupaciones sobre el uso de las armas alemanas en actividades ilegales.

Decisión de la CPI intensifica presiones sobre el comercio de armas con Israel

Neve Gordon, experto en derecho internacional de la Universidad Queen Mary de Londres, afirmó en declaraciones a Al Jazeera que el fallo de la CPI ha generado cuestionamientos a los acuerdos comerciales entre países occidentales e Israel, particularmente en el ámbito armamentístico.

“Si los líderes israelíes son acusados de crímenes contra la humanidad, esto implica que las armas suministradas por las naciones occidentales se están utilizando para cometer esos crímenes”, señaló Gordon. Además, explicó que la mayoría de los contratos de armas incluyen cláusulas que prohíben la exportación a entidades involucradas en violaciones graves del derecho internacional humanitario.

El académico prevé que organizaciones no gubernamentales en varios países presenten demandas en tribunales nacionales para impugnar la legalidad de continuar con el envío de armas a Israel bajo estas condiciones.

La posibilidad de un embargo ya existía antes de la decisión de la CPI. A principios de mes, más de 50 países, incluidos Rusia y China, respaldaron una carta del ministro de Asuntos Exteriores turco, Hakan Fidan, dirigida a las Naciones Unidas para exigir un embargo armamentístico contra Israel.

Presión internacional por embargo de armas a Israel tras fallo de la CPI

No solo los adversarios de Israel han planteado restricciones al comercio de armas. El presidente francés, Emmanuel Macron, declaró recientemente que un embargo armamentístico sería clave para detener la guerra en Gaza. En septiembre, el primer ministro británico, Keir Starmer, suspendió ciertas entregas de armas por el riesgo de que se utilizaran para crímenes de guerra, aunque no pidió un embargo total. Por su parte, la ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Melanie Joly, también suspendió 30 permisos de exportación hacia Israel, asegurando que Ottawa no permitiría el envío de armas a Gaza.

Tras el fallo de la CPI, Francia y el Reino Unido afirmaron que respetarían las resoluciones del tribunal, mientras que Canadá declaró explícitamente su compromiso de cumplir con las órdenes de arresto. Los tres países, firmantes del Estatuto de Roma, mantienen sus posturas alineadas con el marco legal internacional.

En los Países Bajos, diez grupos activistas que exigen el fin de las exportaciones de armas a Israel señalaron el caso paralelo que se lleva en la Corte Internacional de Justicia (CIJ). Esta demanda, presentada por Sudáfrica, acusa a Israel de genocidio, y en enero la CIJ determinó que existían fundamentos plausibles para proteger a los palestinos contra este crimen. La reciente decisión de la CPI podría influir en el fallo de la CIJ, inclinando aún más la balanza contra Israel.

Activistas y gobierno holandés enfrentan posiciones opuestas sobre venta de armas a Israel

Grupos activistas afirmaron que la opinión de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) respalda la obligación de los Países Bajos de cesar la exportación de armas a Israel. Ahmed Abofoul, asesor legal de la organización propalestina Al-Haq, expresó en una audiencia abarrotada: “El gobierno usa el dinero de mis impuestos para matar a mi propia familia. He perdido a 18 miembros de mi familia”. Posteriormente, calificó de “complicidad gubernamental” las décadas de inacción, al dirigirse a los medios.

El Estado holandés rechazó las acusaciones de incumplir la Convención sobre Genocidio de 1948, que obliga a los signatarios a prevenir y castigar el genocidio. Argumentó que la política exterior es una prerrogativa estatal y no corresponde al tribunal definirla.

Israel negó firmemente las acusaciones de genocidio, justificando sus acciones como defensa legítima tras el ataque masivo de Hamás el 7 de octubre de 2023, donde murieron aproximadamente 1.200 personas y 251 fueron tomadas como rehenes. La contraofensiva israelí en Gaza, según el Ministerio de Salud dirigido por Hamás, ha causado más de 44.000 muertes, aunque estas cifras no pueden verificarse de manera independiente ni distinguen entre civiles y combatientes.

Israel afirma haber eliminado al menos a 17.000 combatientes en Gaza y otros 1.000 en Israel durante el ataque inicial de Hamás. También subraya que busca minimizar las bajas civiles y acusa a Hamás de usar escudos humanos en áreas como viviendas, hospitales, escuelas y mezquitas.

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