Esta semana se ha escenificado el último desencuentro. La reducción de la jornada laboral tampoco será fruto de un acuerdo a tres. La CEOE no estará. La mesa de diálogo social ha vuelto a quedarse coja y el consenso para sacar adelante la reforma contará sólo con las centrales sindicales y el Gobierno. Será una muesca más en la sucesión de rupturas con la que se escribe la relación entre la patronal de los empresarios y el Ejecutivo a lo largo de esta legislatura.
No siempre fue así. Las imágenes de Antonio Garamendi firmando un acuerdo junto al Gobierno tienen ya un tiempo. En ellas, en muchas, se veía al presidente de los empresarios sonriente, conversando de modo amigable con la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz y con los líderes sindicales. Hace mucho que esas escenas no se repiten. Los acuerdos del primer mandato Sánchez son ahora, en el segundo, contados, casi inexistentes. Ahora, la imagen de la sintonía sólo la escenifican los sindicatos y el Gobierno.
Parecía evidente. Los empresarios llevaban meses insistiendo en la misma idea: pactar la reducción de jornada por ley suponía inmiscuirse en el ámbito propio de los convenios colectivos. Una “intromisión” que no estaban dispuestos a asumir. Tras once meses de tiras y aflojas, en el que el propio Ministerio de Trabajo impuso como último encuentro de la mesa de diálogo, se dictó veredicto: si no hay acuerdo a tres será a dos, pero será. Era la deuda que el PSOE debía saldar con Sumar por el apoyo a la investidura de Sánchez: reducción de 40 a 37,5 horas semanales a cambio de apoyo. El pago llegará poco más de un año más tarde de la segunda investidura del líder socialista.
Encontrar acuerdos esta legislatura entre los empresarios, entre la CEOE, y el Gobierno es difícil. El pasado verano se firmó uno, la regulación para asegurar la igualdad laboral del colectivo LGTBI. Poco más. Las sintonías son ‘antigüedades’ del gobierno anterior. Apenas había transcurrido año y medio de la llegada al poder cuando Sánchez se hizo la primera fotografía de entendimiento en una materia relevante. Aquella imagen se escenificó con solemnidad. En la firma del acuerdo de subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) de 900 a 950 euros mensuales no faltó nadie: la ministra Yolanda Díaz, la vicepresidenta Nadia Calviño, el vicepresidente Pablo Iglesias, Pedro Sánchez, los sindicatos… y Antonio Garamendi. El 4 de febrero de 2020 se publicaba en el BOE.
Un desencuentro «de contenido»
Después vinieron más subidas, más acuerdos para mejorar el SMI pero en ellos no estuvo la rúbrica de Garamendi. La carrera por incrementar su cuantía se ha recorrido sin la CEOE. Ahora, el siguiente peldaño que quiere alcanzar la UGT es un salario mínimo de 1.200 euros.
Tras la pandemia llegó otro gran pacto: los ERTE. Entonces patronal y Gobierno se entendieron para dar una salida a los efectos que en empresas y trabajadores había tenido el parón de actividad provocado por el virus. Aquel mecanismo de protección financiado con fondos públicos era difícil de no consensuar.
Fuentes de la CEOE aseguran que el cambio de sintonía no responde en ningún caso a cuestiones personales sino de contenido y propuestas. Recuerdan que tampoco responde a una cuestión ideológica, que la equidistancia con el gobierno, sea de un signo u otro, es clara y que sólo les mueven razones laborales, “es un desencuentro de contenido”, señalan. Pero añaden que sí se puede concluir que ha habido un cambio de actitud, que del diálogo más o menos fluido de otro tiempo ahora se ha pasado a aprobar cuestiones “sin ni siquiera plantear una negociación”: Las mismas personas que cerraban pactos hace unos años ahora no lo hacen, es así”.
Dialogo más político que social
En diciembre de 2021 fue cuando se alcanzó el acuerdo más relevante de cuantos se han suscrito entre patronal, Gobierno y sindicatos hasta ahora. La reforma laboral que le costó más de un reproche a Garamendi por parte de algunos sectores empresariales y de la derecha política nacional, salió adelante con su respaldo. No fue hasta el último momento cuando el líder de la CEOE accedió a firmarlo.
En los últimos meses la CEOE ni siquiera ha sido tenida en cuenta, “no se está respetando el diálogo social, ahí sí detectados un claro deterioro”, aseguran fuentes próximas a la patronal. Determinados acuerdos han sido alcanzados lejos de la mesa sectorial y más en la parlamentaria. Fue el caso del refuerzo de los inspectores de trabajo en el control de los ERE, medida pactada con EH Bildu. O el acuerdo para promulgar la prevalencia de los convenios autonómicos o provinciales sobre los estatales, acordado con el PNV. Ignorarle como interlocutor necesario empieza a ser una constante.
El último revés con el Gobierno tiene forma de impuesto. La reforma fiscal que in extremis logró sacar adelante Sánchez este jueves no gusta a los empresarios. Tampoco el acuerdo para buscar fórmulas que permitan prorrogar el impuesto a las energéticas. La CEOE mantiene que ese gravamen y el de la banca no hacen sino prolongar los efectos perniciosos en inversiones y proyecto en marcha por parte de estos dos importantes sectores de la economía española: “Estas situaciones de cambios normativos generan mucha inseguridad jurídica para quienes tienen que invertir, les paralizan”, recuerdan fuentes próximas a la patronal.
