‘In extremis’. Así ha conseguido salvar el Gobierno su reforma fiscal tras cerrar un pacto con Podemos pocos minutos antes de su votación en el Congreso de los Diputados a cambio de un nuevo impuesto energético. Moncloa también ha sacado adelante la tasa a la banca y la imposición de un gravamen con un tipo mínimo del 15% a las multinacionales. ¿Qué empresas serán las más afectadas?
En el caso del impuesto a la banca, que ha sido incorporado por el Pleno al paquete fiscal, incluye como principal novedad que todo lo que se recaude será transferido a las comunidades autónomas y a las haciendas forales.
Además, gravará los márgenes y comisiones de las grandes entidades financieras con tipos progresivos entre el 1% y el 7% con dos deducciones, una de parte de la cuota del impuesto de sociedades y otra extraordinaria en caso de descenso de la rentabilidad.
De este modo, el tipo sería del 1% hasta los 750 millones, del 3,5% hasta los 1.500 millones, del 4,8% hasta los 3.000 millones, del 6% hasta los 5.000 millones y del 7% desde 5.000 millones en adelante.
Este tributo, que impactará sobre todo en los grandes bancos, afectará especialmente a CaixaBank y Santander.
«El tipo máximo aplicaría a ingresos superiores a 5.000 millones de euros, lo que afectaría a CaixaBank (impacto de 200 millones de euros más de impuesto) y Santander (con unos 150 millones de euros más de impuesto)«, han señalado desde Banco Sabadell.
En el caso de «Bankinter y Unicaja podrían verse poco afectados al tener ingresos menores a 3.000 y 2.000 millones de euros, respectivamente (ahora el impuesto ya les minora, con un 4,8% de tipo impositivo)», han añadido.
La presidenta de la Asociación Española de Banca (AEB), Alejandra Kindelán, ya ha advertido que el impuesto a la banca tendrá un efecto negativo relevante sobre el crecimiento económico en un momento de incertidumbre geopolítica en el que Europa necesita competir.
En este sentido, tanto AEB como CECA han rechazado frontalmente este tributo al sector «por sus graves efectos para la financiación de familias y empresas, la inversión y el conjunto de la economía, bajo un contexto de riesgos geopolíticos y con fuertes necesidades de financiación en España y en Europa».
Las asociaciones han asegurado que el gravamen restará 50.000 millones de nueva financiación a familias y empresas y que perjudica la competitividad de las entidades de crédito españolas y del conjunto de la economía, «y carece de justificación técnica porque la política monetaria ha entrado en un nuevo ciclo de bajada de los tipos de interés».
IMPUESTO A LAS ENERGÉTICAS
Respecto a las energéticas, el Ejecutivo y Podemos han alcanzado un acuerdo para impulsar una nueva proposición de ley que contenga un impuesto para estas compañías.
«El acuerdo supone el compromiso del PSOE y Podemos de impulsar una nueva proposición de ley que contenga un impuesto a las empresas energéticas. Con ese objetivo, en los próximos días se constituirá una comisión negociadora con participación de todos los partidos políticos necesarios para aprobar esta reforma para conseguir el consenso necesario para aprobar este impuesto«, ha especificado la formación morada.
La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha detallado que «el compromiso es que de esa comisión salga un impuesto a las energéticas«, y que si no se acuerda antes del 31 de diciembre, «se prorrogará el gravamen que ya existe».
«Si no se consiguiera ese consenso antes del 31 de diciembre, el Gobierno aprobará un RDL con la prórroga del gravamen a las empresas energéticas para el año 2025. En cualquier caso, esta estrategia habrá de ser compatible con no gravar las inversiones que se comprometan con la descarbonización, en línea con el comunicado publicado por el Ministerio de Hacienda el lunes 18 de noviembre», han explicado desde el partido político.
Las energéticas han mostrado su disconformidad con el ‘impuestazo’ y desde el Club Español de la Energía (Enerclub) han avisado que pondrá en riesgo 30.000 millones de euros en inversiones durante los próximos tres años.
El ‘think tank’, que incluye a Repsol, Moeve, BP, Iberdrola, Endesa, Naturgy, TotalEnergies, EDP y BP, ha remarcado que España requerirá unas inversiones cercanas a los 308.000 millones de euros para alcanzar sus objetivos climáticos, el 82% de ellas derivadas del sector privado, según recoge el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC).
Por ello, en un contexto de competencia internacional en inversiones verdes ven necesario «establecer un clima de confianza y atractivo internacional para dirigir estos flujos de capital hacia nuestro país«.
