La Conferencia Episcopal ha rechazado este viernes la petición del Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, de que se cree un fondo estatal, en el que colaboren la Iglesia y el Gobierno, que lleve a cabo el pago de compensaciones económicas a las víctimas de la pederastia religiosa que no puedan recibir indemnización por la vía judicial, porque el delito ha prescrito o el agresor ha fallecido.
Gabilondo reiteró este jueves su propuesta ante el pleno del Congreso , donde expuso las líneas maestras de su investigación sobre las agresiones sexuales en la Iglesia, que desvela que más de 440.0000 personas -es una aproximación a través de una encuesta- han podido sufrir violaciones por parte de un sacerdote o religioso.
Tras escuchar al defensor, varios de los socios del Gobierno, como Sumar, ERC y Bildu, reclamaron que la Iglesia asuma en solitario el pago de las indemnizaciones. Y eso parece que va a suceder, pero sin que se forme un órgano administrativo, creado para la ocasión, que vele por la transparencia, la igualdad y la justicia en el proceso de reconocimiento y reparación de las víctimas, que fije los baremos y los procedimientos.
De hecho, la Conferencia Episcopal ya rechazó antes del verano colaborar con el Gobierno en la propuesta de Gabilondo con el argumento de que hay que reparar a todas las víctimas de violaciones en la infancia, y no solo a las agredidas en las instituciones religiosas, y aprobó en julio su propio plan de reparación «unilateral «.
La guía presentada por la Comisión
Y este viernes, tras su 126ª Asamblea Plenaria, ha ratificado que no prevé salirse de este camino. Preguntado en la rueda de prensa de clausura por el fondo mixto Iglesia-Estado, el portavoz de los obispos, César García Magán, ha alegado que, tras la aprobación del informe de Gabilondo, la «Iglesia ha dado muchos pasos «, entre ellos la aprobación del mencionado plan que, a su juicio, «garantiza la reparación económica».
Para ello, ha recordado, se ha creado una comisión asesora, formada por 10 miembros, que evaluará caso por caso los daños sufridos y definirá las líneas de reparación. Precisamente, este órgano ha presentado esta semana a la Asamblea de obispos la guía que deberán usar las víctimas que quieran presentar su solicitud de «reparación integral». «Quien quiera una reparación económica, la tendrá», ha garantizado el portavoz.
Los archivos
Asimismo, los obispos han desdeñado otra de las peticiones de Gabilondo: la de abrir sus archivos para que salgan a la luz todos los casos de agresiones sexuales denunciados y la respuesta obtenida. García Magán ha indicado que no es necesario, puesto que ya «han facilitado la información que había» tanto al Defensor del Pueblo como al despacho de abogados que elaboró otra investigación, a petición de la Conferencia Episcopal, de la que luego los obispos se distanciaron. «Se puso a disposición la información que teníamos», ha alegado.
