Los conocidos como protocolos de la vergüenza que la Comunidad de Madrid creó en lo peor de la pandemia del Covid y que impidieron el traslado de mayores de residencias a hospitales podrían llegar a Europa. No es tan sencillo, pero tampoco imposible después de que la Audiencia Nacional (AN) haya recogido una denuncia -hasta el momento de redacción de estas líneas únicamente había admitido un recurso que sentaba esta base- precisamente sobre esta cuestión.
El hecho concreto por el que “sí o sí” habrá juicio “contra la administración pública”, tal y como explican fuentes jurídicas firmantes de la demanda, a la que ha tenido acceso ElPlural.com trata el caso de Luis Grela, quien murió de Covid el 3 de abril de 2020 en el centro de mayores Orpea (Villanueva de la Cañada).
«Hechos fundamentales»
A partir de aquí, el hecho de que el organismo español se haga cargo “sienta un precedente”, y podría derivar en que la cuestión terminara en los tribunales europeos. “Posiblemente podría llegar a Europa porque bajo nuestro punto de vista hay afectados de hechos fundamentales”, dice la voz jurídica al otro lado del teléfono.
Lorena Morales, portavoz del PSOE de Madrid en la Comisión de Familia y Asuntos Sociales de la Asamblea regional, respalda la hipótesis. “Es muy importante que haya aterrizado en la Audiencia Nacional. Independientemente de que dé o no la razón, al descansar en este organismo se puede seguir el camino hasta los tribunales europeos”. Sea como fuere, la premisa está clara: “Ellas van a llegar hasta el final”.
“Ellas” son Laura y Marta, hermanas entre sí e hijas de Luis. Llevan más de tres años de lucha por la memoria de su padre y, en última instancia, por la justicia de todas las personas -7.291- que murieron de manera “indigna” en centros de la tercera edad. “Ha ido todo muy lento, debería haberse resuelto en junio”, indica la primera. “Pero bueno, lo importante es que se haya presentado la demanda (…) Estamos muy contentas, porque por fin empezamos a ver la luz al final del túnel”, aplaude. “Si las cosas no se denuncian es como si nunca hubieran tenido lugar”, incluye.
Años de pugna en los tribunales
Al principio, las demandantes -con respaldo jurídico- barajaron todas las posibilidades; incluso ir por la vía de lo penal (finalmente recurrieron a la civil), hasta adherirse a la plataforma de víctimas de residencia de mayores, algo que finalmente descartaron sencillamente por si se desestimaba una de las pruebas ‘grupales’, caían con todo.
Primero de todo acudieron al Ministerio de Sanidad, pero el ente estatal no admite los requerimientos al no ser “una entidad vinculada o dependiente de la Administración General del Estado” lo referente a las residencias de mayores.
Después, la Audiencia Nacional considera que el asunto es competencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), pero acaba estimando que íntegramente un recurso contencioso-administrativo en la dirección contrario: que esto no es así y, por ende, la AN sí disfruta de competencias para llevar el caso.
El recurso queda admitido y es ahora cuando este segundo órgano coge la denuncia. A partir de aquí, todavía queda trayecto por recorrer, que se puede prolongar hasta dentro de un año y medio, fecha límite para la celebración del juicio. Cabe destacar que la denuncia está interpuesta contra la “administración pública”, lo cual abarca partes estatales, además de la Comunidad de Madrid. Sin embargo, las partes lo tienen claro: “La que tiene más motivos para ser condenada es la región, por la creación y aplicación de unos protocolos, bajo nuestro punto de vista, totalmente discriminatorios”.
Este periódico tuvo acceso, con permiso de los familiares, al caso clínico del paciente, quien, después de ingresar en la residencia a causa de un ictus, contrajo la enfermedad del Covid a fecha 24 de marzo de 2020, falleciendo unos días después en el centro de mayores mencionado unas líneas más arriba de este artículo.
También publicó conversaciones entre la familia de la persona ingresada y personal del centro en la que lamentan el “abandono” al que se enfrentó su padre. Pero, no sin obviar la controversia a la que, lamentan, nunca van a tener respuesta; resaltan que la situación fue en última instancia responsabilidad de las administraciones, máxime teniendo en cuenta la situación de saturación que sufrían los profesionales sanitarios en aquel momento. “Lo importante es que se empieza a hacer justicia”, concluye Laura.
