La Guardia Civil ha intervenido 1.047 artículos pirotécnicos utilizados en la marina que se vendían en establecimientos que no contaban con los permisos legales para su distribución donde se han detectado más de 100 infracciones sobre el uso irregular de este material.
Según han detallado fuentes de la oficina de Intervención de Armas a este canal de investigación y sucesos, los agentes han realizado 456 inspecciones en establecimientos repartidos por toda España, principalmente en ciudades próximas a la costa de las comunidades valenciana, catalana y andaluza.
Bengalas y cohetes
Los artículos pirotécnicos de uso en la marina, como las bengalas o los cohetes, son dispositivos diseñados para emitir señales visuales o sonoras en situaciones de emergencia o para comunicaciones a distancia. Estos elementos son esenciales para la seguridad marítima y, dada su naturaleza, están regulados por normativas nacionales e internacionales para garantizar su seguridad y eficacia.
La campaña «Bengala», que se ha desarrollado entre los meses de julio y septiembre de este año, se ha enfocado al control de la «vida» de estos artículos, abarcando su fabricación, distribución, venta al por menor y, finalmente, la destrucción de los productos caducados.
La operación también ha permitido que los Equipos de Inspección de las Intervenciones de Armas y Explosivos informaran a los establecimientos de venta de pirotecnia marina de cuál es la correcta comercialización de estos productos y de las medidas de seguridad adecuadas, para evitar los peligros de una mala gestión o de un almacenaje deficiente.
Autorización gubernativa
Los artículos pirotécnicos de uso en la marina solo pueden ser vendidos en locales náuticos o establecimientos de artículos náuticos que cuenten con una autorización gubernativa conforme al Reglamento de Artículos Pirotécnicos y Cartuchería. También pueden adquirirse en establecimientos de venta de pirotecnia autorizados conforme a la misma normativa.
La Guardia Civil recuerda que los vendedores de estos artículos deben prestar especial atención a las condiciones de almacenaje así como a las fechas de caducidad ya que una mala gestión de los residuos, puede presentar riesgos medioambientales, pudiendo llegar a producir incendios.
Según ha podido saber este medio, las infracciones contempladas en la Ley de Seguridad Ciudadana, art. 36.12 por la comercialización y uso ilegal de este material pueden ir desde los 600 a los 30.000 euros.
