El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha culminado este jueves su trabajo de investigación sobre la pederastia en la Iglesia, con la presentación ante el pleno del Congreso de las principales conclusiones de su informe, así como de las recomendaciones propuestas para prevenir nuevos delitos y reparar a las víctimas. «Es la hora del Parlamento» y el momento de tomar «medidas concretas», ha instado a los diputados.
La mayoría de los partidos han coincidido en que, ahora, es el turno «de las instituciones y de los poderes públicos», pero han diferido en la forma de poner en práctica algunas de las propuestas de Gabilondo. Por ejemplo, varios socios del Gobierno, entre ellos Bildu, ERC o Sumar, han dejado claro que quieren que el fondo para reparar económicamente a las víctimas sea exclusivamente financiado por la Iglesia.
«No tenemos por qué pagar nosotros, con nuestros impuestos, delitos de otros», ha argumentado el republicano Jordi Salvador. Sin embargo, Gabilondo había propuesto que sea un fondo mixto, Iglesia-Estado, el que asuma las compensaciones en aquellos casos donde no se puedan reclamar responsabilidades penales o civiles por el fallecimiento del agresor o la prescripción del delito, muros con el que han chocado la mayoría de denuncias. El informe del Defensor de Pueblo propone que la Iglesia se haga cargo de las indemnizaciones pero, si se niega, que el Estado las asuma.
Y el Gobierno recogió la propuesta del Defensor del Pueblo en el plan de implementación del informe sobre los abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia, aprobado por el Consejo de Ministros en abril y con un plazo de ejecución hasta 2027. El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, intentó un acercamiento a la Iglesia e instó a la Conferencia Episcopal a llegar a un acuerdo en el modelo mixto de reparación, pero los obispos han rechazado ir de la mano con el Estado y prefieren decidir, por su cuenta, quien tiene derecho a indemnización y la cuantía de las mismas.
El plan «unilateral» de la Iglesia
De hecho, el pasado junio, en una asamblea extraordinaria, aprobaron poner en marcha un plan de reparación integral y «unilateral«, que aún no ha concretado. Precisamente la Conferencia Episcopal celebra estos días una nueva asamblea, que concluye este viernes con una rueda de prensa, donde quizá los obispos den nuevas pistas sobre cómo llevarán a cabo las compensaciones económicas.
Pero, de forma paralela, es turno de que los partidos políticos, a través del Parlamento, culminen las recomendaciones del Defensor del Pueblo. En este contexto, los socios del Gobierno han dejado claro este jueves que quieren que el fondo sea financiado exclusivamente por la Iglesia. Además, la portavoz de Sumar, Gala Pin, ha anunciado que en los próximos días su grupo, en colaboración con aquellos partidos que quieran sumarse, presentarán una iniciativa «para crear desde ya una comisión de trabajo que concrete las propuestas del Defensor del Pueblo que le tocan al legislativo, para no dilatar más en el tiempo» su puesta en práctica.
